La pandemia del coronavirus ha traído consigo una severa crisis económica que ha obligado al Gobierno a sacar adelante medidas de urgencia para paliar unos efectos que ya están padeciendo miles de empresas que se han visto obligadas a echar el cierre, tras no haber superado los primeros meses de confinamiento estricto. A esto se suma la amenaza real de un aumento considerable de la morosidad por la incapacidad que ya advierte el tejido empresarial para hacer frente a los préstamos.
Una situación que ha llevado a Nadia Calviño -vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital- a iniciar las negociaciones formales con la Comisión Europea para flexibilizar las condiciones de los créditos concedidos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El objetivo es, pues, ampliar los plazos de devolución.
La línea de avales del ICO está sometida a la normativa europea y cuando el Gobierno negoció su puesta en marcha con la Comisión se fijó un plazo de amortización de los préstamos de un máximo de cinco años. Las líneas, avaladas en un 80% por el Estado, cuentan además con un periodo de carencia de un año, por lo que las empresas y autónomos que solicitaron sus créditos tras la declaración del estado de alarma, cuando se activaron 100.000 millones de euros en varios tramos, han de empezar a devolverlos ya a partir de marzo o abril de 2021.
Impagos de préstamos
Pero la crisis es tal que la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) han advertido de que, si no es amplían los plazos, habrá impagos a partir de la próxima primavera.
Entonces, ¿qué ocurriría en caso de impago? En este supuesto, la entidad acreedora se dirigiría inicialmente contra su deudor principal (que podrá ser una empresa o un autónomo) y decidirán sobre el inicio de las acciones de recuperación en los supuestos de incumplimiento, tal y como detalla la cartera de Nadia Calviño.
En caso de el deudor se declare insolvente, la entidad podrá dirigirse contra el avalista (en el caso de los préstamos ICO, es el Estado quien interviene como avalista9
Según explica la notaria Diagonal550, es preciso diferenciar entre la situación de un autónomo y una empresa, teniendo en cuenta, sobre todo, el principio de responsabilidad patrimonial universal.
En el caso de los autónomos, si solicitan un préstamo ICO y no lo devuelven, responden del cumplimiento con sus bienes presentes y futuros. En caso de que estos no fueran suficientes, el Estado respondería con la ejecución del aval por parte de la entidad financiera.
Por su parte, si es la empresa la que tiene un impago de préstamos ICO, responde del cumplimiento 'solo' con el dinero, bienes o patrimonio a nombre de la empresa o afecto de su actividad. Los socios, en este caso, no tendrían que responder con sus bienes, pues el principio de responsabilidad patrimonial universal estaría limitado al patrimonio de la persona jurídica o empresa.
