La reforma de las pensiones se queda en  punto muerto por falta de apoyo político

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sostuvo a mediados de semana que la segunda parte de la reforma de las pensiones se encontraba en el "tramo final". El responsable de la cartera transmitió buenas sensaciones a los medios tras reunirse con el Ejecutivo comunitario y apuntó a que "en las próximas semanas" podría concluir el proceso, ya que habían "avanzado mucho" en sus conversaciones con la Comisión Europea. Sin embargo, el optimismo de Escrivá se ve frenado porque el órgano de los 27 representa solo uno de los tres frentes de negociación que debe conquistar antes de primavera, fecha en la que se ordenará el segundo envío de los fondos Next Generation del año. 

La reforma de las pensiones figura entre los compromisos adquiridos por el Gobierno español para esta nueva entrega y aunque la Unión Europea se ha mostrado prudente en la espera -puesto que España había prometido cerrar la reforma en diciembre- las instituciones europeas no son las responsables del retraso. La segunda parte de la reforma de las pensiones, que busca hacerlas sostenibles de cara al futuro, se encuentra enquistada en la negociación parlamentaria. Fuentes cercanas al ministro trasladan a La Información que el equipo está llevando a cabo contactos discretos con las fuerzas políticas, sin embargo, por el momento no se habrían reunido los apoyos necesarios para dar el siguiente paso: convocar la mesa de diálogo con los agentes sociales. 

Desde el Ministerio de Seguridad Social confirman que en las últimas semanas también han tenido lugar conversaciones informales con estos últimos, no obstante la última convocatoria formal se remonta al mes de diciembre. CCOO y UGT han expresado que respaldarán los términos de la reforma que cuenten con el respaldo de los grupos políticos representados en el parlamento, puesto que no quieren que se repita el escenario de la reforma laboral, que vio la luz gracias a una equivocación de un diputado de los 'populares'. Este jueves, el secretario de CCOO, Unai Sordo, ha instado al Gobierno a retomar las negociaciones, mientras que su homólogo en UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que espera regresar a la mesa cuando se tengan los apoyos parlamentarios garantizados. 

Discrepancias en el Gobierno y con los socios habituales

En la misma línea, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha declarado que Escrivá está "constantemente hablando" con la Comisión, los agentes sociales y los grupos políticos para que haya un acuerdo "cuanto antes". Si bien los escollos de la negociación parten del seno del Gobierno, dado que el ala de Unidas Podemos y sus representantes en el Congreso no comparten el afán del ministro de elevar el periodo de cálculo de las pensiones de los 25 a los 30 años, puesto que consideran que esto se traduciría en una merma de la prestación recibida para la mayoría de ciudadanos. 

Los 'morados' se mantienen firmes en este aspecto que no figura entre los requisitos que exige la Comisión Europea, aunque Escrivá es un firme partidario de introducir esta modificación con la posibilidad de excluir los dos peores años, ya que entiende que se adapta mejor a las carreras laborales actuales que en muchos casos se han visto interrumpidas por unos años -bien sea por la crisis u otras causas personales- o no han seguido la pauta de incremento salarial de acuerdo a los años de experiencia, como venía a ser costumbre. 

Los socios habituales tampoco ven claro este cambio que no forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo. En cambio, desde el Ejecutivo insisten en que están siguiendo "estrictamente" los hitos del plan de recuperación y el listado de recomendaciones del acuerdo de Estado para las pensiones. "Estamos consiguiendo un sistema de pensiones suficiente y más equitativo y, además, absolutamente sostenible y financiable", defendió Escrivá desde Bruselas, sin embargo, estos argumentos no convencen a sus compañeros de bancada azul que apuestan por cerrar el acuerdo sobre el destope a las bases máximas y dejar esta conversación para más adelante.

Sin reunión de la mesa de negociación a la vista

Fuentes de la cartera de Seguridad Social confirman a este diario que por el momento no está prevista la convocatoria de la mesa de negociación, lo que da a entender que las conversaciones con los socios habituales del Parlamento no van por buen camino, a pesar de las declaraciones de Escrivá que apuntan a resolver la cuestión "en las próximas semanas". La sensación de los agentes sociales también es que los avances han sido mínimos desde el mes de diciembre -en el que se aprobó la primera fase de la reforma- como evidencia la ausencia de propuestas por escrito. 

Si bien el Ministerio baraja otras opciones para compensar el aumento de gasto que se producirá en los próximos años por la jubilación de los 'babyboomers' frente a una clase trabajadora que se reducirá sustancialmente. Según adelanto El País a comienzos de semana, Escrivá propuso en Bruselas incorporar una cotización adicional para los sueldos más altos, dado que los salarios que superan los 4.495 euros -la base máxima- están exentos de cotizar por la parte restante. Algo que el secretario de CCOO ha valorado positivamente. 

Esta propuesta se enmarcaría en la estrategia de aumentar los ingresos públicos que ya ha implementado el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que incorpora una aportación extraordinaria de cada trabajador a partir de enero para garantizar la sostenibilidad del sistema. La nueva tasa, también conocida como "cotización adicional finalista" supondrá el 0,6% de todos los salarios, con independencia de en qué rango salarial se muevan. La Seguridad Social espera recaudar  2.200 millones cada año y estará en vigor hasta 2032, si no se acuerda una ampliación.