Los requisitos para contratar a empleados extranjeros enfrentan a Díaz y Escrivá

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones puso en marcha el último verano el 'arraigo por formación', un instrumento que permitía la regularización de extranjeros que realizasen un curso formativo y después encontrasen un trabajo. Esta medida, que ofrece un permiso de residencia de dos años para estudios y uno de permiso de trabajo, nació para dar respuesta a la falta de mano de obra señalada por las patronales en diferentes sectores como la hostelería, el transporte o la construcción. Para la cartera de José Luis Escrivá, la política ha sido un éxito, dado que se han presentado cerca de 30.000 solicitudes y más de 12.000 ya han sido concedidas. Sin embargo, apuntan a la necesidad de incorporar mejoras en el diseño de los requisitos para atender a las diferentes realidades sociales de los potenciales candidatos. 

El equipo de Seguridad Social ha apostado esta semana por una mayor flexibilización de estos criterios, según adelantó 'El País', un anuncio que ha sido recibido con los brazos abiertos por parte de CEOE y Cepyme, mientras que ha suscitado dudas en los sindicatos y en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Escrivá plantea eliminar el número de horas mínimo requerido para estas formaciones, dejar de exigir presencialidad y permitir que los cursos se compaginen con un trabajo. En público, Yolanda Díaz, sostuvo que su Ministerio siempre estaría a favor de regularizar a los "miles de trabajadores extranjeros en situación irregular", aunque esto parece no estar entre los planes del Gobierno por el momento. 

Asimismo, instó al departamento de Migraciones a tomar las decisiones en el seno del diálogo social, no "desde otros órganos", y recordó que en España hay 2,7 millones de personas desempleadas, por lo que llamó a poner el foco en las condiciones de trabajo ofertadas por estos sectores. Fuentes presentes en la reunión de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración de este miércoles confiesan que el ambiente inicial era muy tenso, entre los ministerios y entre los agentes sociales. Incluso, hacen referencia a roces que vendrían desde el seno del Ministerio de Escrivá, ya que la iniciativa no provenía de la Secretaría de Estado de Migraciones, sino del equipo del ministro. Sin embargo, las posiciones parecían más abiertas al final del encuentro, cuando se dieron un plazo de diez días para sugerir cambios al plan.

Díaz apuntó a que su departamento se alineaba más con las posiciones expresadas por los representantes de los trabajadores que con su socio de Gobierno. Tanto CCOO, como UGT, valoran positivamente que se busque regularizar la situación de estos trabajadores, sin embargo, apelan a no devaluar la formación para cumplir con los tiempos que exigen las empresas. José Antonio Moreno, responsable de Migraciones de CCOO, confiesa en conversación con La Información su sorpresa por las prisas y la celeridad que ha demostrado la cartera de Escrivá para introducir cambios a una medida de la que apenas se ha hecho una ponderación, por llevar menos de un año en marcha.

Moreno recuerda que las instrucciones que permitieron la introducción de esta figura se aprobaron en octubre, por lo que aún se está afianzando. "Hemos trasladado al señor Escrivá la necesidad de sosiego y de precaución en los procesos de extranjería, de inmigración e inserción", sostiene. En este sentido, piden tiempo para evaluar tanto la nueva propuesta como el funcionamiento del instrumento. En la reunión, el Ministerio de Migraciones les trasladó las demandas de algunos sectores empresariales para una mayor flexibilidad para incorporar a extranjeros en los puestos que no consiguen cubrir, algo que confiesa que les generó cierta suspicacia. 

Para el sector crítico es fundamental que los trabajadores extranjeros no se aborden desde un prisma diferenciado del conjunto del mercado laboral, por lo que expresan sus dudas respecto a crear nuevas excepcionalidades. En su lugar, entienden que las medidas de formación, inclusión, reconversión destinadas al conjunto de los desempleados también tienen que tenerlos en cuenta dentro de mecanismos normalizados. No obstante, el ministro defiende que las asociaciones con las que trabajan les han trasladado que la instrucción aprobada en octubre "fue demasiado rígida", por las dificultades que enfrentan madres con hijos a cargo para hacer cursos de larga duración y más aún, si son presenciales, por lo que está determinado a introducir cambios.