El aumento del tráfico entre un 7% y un 8% (más de un 9% entre enero y febrero) y la necesidad de lograr dinero para pagar la factura de la subida de las pensiones comprometidas por el Gobierno con el PNV han animado al Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, a superar la frontera de los 1.000 millones previstos con la reprivatización de las autopistas quebradas. Espera, aunque por ahora lo diga 'sotto voce', sacar más. De hecho, señala que la cifra de 1.000 millones fue puesta "por un criterio de prudencia". Ahora, con el aumento de tráfico, el ministro deja caer que son una inversión "más atractiva".
Necesita también el Ejecutivo justificar que los cambios en las cuentas no han sido lo que parecen (improvisados por las angustias políticas) después de escuchar cómo el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, dijera recientemente eso de que con España siempre hay sorpresas... aunque generalmente buenas, en clara alusión al aumento del gasto de los Presupuestos.
El plan de Fomento para estas autopistas pasa por asumirlas y mantenerlas en servicio para los usuarios hasta sacarlas de nuevo a concurso el próximo mes de junio. Su objetivo es volver a ceder su gestión a empresas privadas antes de que acabe el año.
En paralelo, el Ministerio trabaja para rescindir los respectivos contratos de concesión. Una vez que se anulen, comenzará a correr el plazo de seis meses con que cuenta para calcular y pagar a las actuales concesionarias el importe que invirtieron en su construcción y que aún no habían recuperado con el cobro del peaje, la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA).
En este sentido, De la Serna, aunque solo sea de forma inconsciente, ha parecido enmendarle la plana a Montoro, que contó sin lugar a la duda con los 200 millones que parece serán ahorrados en este sentido, de 2.000 a 1.800. El titular de Economía, que pretende por todos los medios que la subida de las pensiones tenga una justificación real que no deje en evidencia a un Rajoy asiduo de la frase "no se puede gastar lo que no se tiene", no dejó mucho espacio a la duda.
En el último plan de estabilidad remitido a Bruselas, de hecho, se ha bajado el coste la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) de esas vías en quiebra de 2.000 millones a 1.800. De la Serna, pese a todo, ha puntualizado que "se trata de una estimación y no se sabrán las cifras definitivas hasta que se resuelvan los contratos y se aclare si el concesionario está o no de acuerdo". Considera el ministro De la Serna que esos 1.800 millones son una cifra "orientativa" con la que trabaja el Ministerio de acuerdo con los datos que obran en su poder. A finales de año sí se podrán conocer las cifras de cada una de las concesiones. La idea del ministro es relicitar todas las concesiones en junio, con el fin de generar los ingresos que consigan minorar el valor final de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración.
Veremos si los planes de De la Serna se cumplen. Actores relevantes del panorama inversor como la responsable del Área de Infraestructuras de S&P, Mar Beltrán; el 'managing director' del fondo de inversión australiano Macquarie, Manuel Beldarraín; o el director de Inversiones del fondo de inversión en infraestructuras Meridiam, Sergio Rodríguez Casado, coinciden en su escepticismo ante la capacidad institucional del Gobierno para solventar en los plazos previstos una operación tan compleja.
El jueves habrá 'rescate'
Lo que sí es seguro, más allá de las cifras es que el Ministerio de Fomento 'rescatará' las autopistas radiales de Madrid R-3 y R-5, las que unen Madrid con Arganda y Navalcarnero, respectivamente, este jueves 10 de mayo, según fija el auto del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid que aprobó el plan de liquidación de las dos vías. Una vez que asuma estas dos autopistas, el Departamento que dirige Íñigo de la Serna se habrá hecho ya con ocho de las nueve autopistas de peaje en quiebra.
En concreto, a las 6.00 horas del 10 de mayo, Fomento pasará a hacerse con la titularidad, la gestión y la explotación de la R-3 y la R-5, toda vez que la sociedad actualmente concesionaria de las vías, Accesos de Madrid, ha sido declarada en liquidación. Se trata de una firma participada por Abertis, Sacyr, ACS y Bankia, que quebró con una deuda de 449 millones de euros. La R-3 es una vía de 31,8 kilómetros de longitud que conecta la capital con Arganda y la carretera de Valencia y actualmente registra un tráfico de unos 9.886 vehículos diarios.
De su lado, la R-5 Madrid-Navalcarnero cuenta con 31,63 kilómetros, que enlazan con la carretera de Extremadura, y contabiliza unos 7.800 usuarios al día. Una vez que asuma estas dos radiales, Fomento quedará pendiente de que la AP-41 Madrid-Toledo alcance también el proceso de liquidación para concluir el rescate de las autopistas quebradas que comenzó el pasado mes de febrero.
Se trata de las primeras vías de pago que el Estado tiene bajo su gestión en más de una década. Las asume seis años después de que en 2012, en plena crisis, se declararan en concurso por el desplome del tráfico y los sobrecostes de las expropiaciones. Estas nueve infraestructuras suponen casi una quinta parte (570 kilómetros) del total de la red viaria de pago. Su construcción supuso una inversión de 7.000 millones y suman una deuda de 3.200 millones.
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