Ribera cambia la rentabilidad asegurada de las renovables y 'asusta' a los fondos

El último real decreto del Ministerio de Transición Ecológica que adelanta un año el ajuste de la retribución del llamado Recore (renovables, cogeneración y residuos) introduce un cambio que deja en el aire la 'rentabilidad razonable asegurada' de que gozaban este tipo de productores, que estaba entre el 7,1% y el 7,4%, y provoca un freno en las inversiones comprometidas en estos activos, a la espera de como se fije el precio de referencia que el Gobierno debe marcar en una orden ministerial antes del 31 de mayo. A partir de ahora, ya no se realizará ningún ajuste por parte del Estado sobre lo que facture este segmento -algo más del 30% del total de la electricidad que se genera en España cada año- en virtud de un precio y una rentabilidad garantizada, lo que supone que su funcionamiento queda abierto al riesgo del mercado de futuros, con la recomendación por parte del Ejecutivo de un precio estimado mediante una orden ministerial, cuyo cobro deben asegurar mediante derivados financieros si así lo estiman oportuno.

Si bien desde el Ministerio de Ribera aseguran que este método no elimina el concepto de 'rentabilidad razonable' que lleva funcionando desde 2014 para el Recore (instalados antes de 2013), las empresas afectadas advierten, de entrada, que sufrirán una depreciación inmediata del valor de sus activos, que ya no van a ser vistos con los mismos ojos por los inversores, los bancos que aportan financiación o los fondos que se implican en ello. “No es igual arriesgar dinero a sabiendas del que el 7% está asegurado que a expensas de lo que diga un mercado de futuros en un negocio marcado por la guerra de Ucrania, el precio del gas y la inestabilidad constante”, advierte un asesor legal experto en inversiones energéticas. “Antes tenías un valor asegurado y ahora tienes una prima de riesgo”, rematan fuentes del sector.

El sistema de retribución del Recore se estableció para tres periodos de seis años desde 2014, revisables cada trienio. El decreto 6/2022 que acaba de publicarse ha adelantado la revisión de lo cobrado un año antes de lo previsto, con el objetivo de recuperar los cerca de 2.000 millones que se habrían cobrado por encima del precio establecido por su rentabilidad razonable ante la escalada de los precios de la luz, un dinero que irá a parar a reducir el coste del recibo a los contribuyentes. Pero ese adelanto, hecho de acuerdo con el sector, supone además la eliminación del sistema de revisión, con la justificación por parte del Ministerio de dar más liquidez y estabilidad al mercado en una parte significativa de su capacidad de generación. A su entender, el precio que se marque cada año con la orden ministerial tendrá en cuenta la referencia de esa “rentabilidad razonable, dado que todo el mecanismo se mantiene”, aunque para asegurar ese nivel ante cualquier caída del mercado de futuros, la recomendación que el propio gabinete de Ribera hace a las empresas es que se cubran con derivados.

Desde el sector no se entiende la necesidad de tener que acudir a este tipo de activos financieros para remendar algo que hasta ahora funcionaba bien y ha servido incluso para recuperar un dinero que ha venido muy bien en las circunstancias actuales de subida de los precios sin freno. Fuentes empresariales recuerdan que el precio recomendado en 2021 fue de 52 euros, y ha acabado en 111, en plena tensión con Rusia, mientras que un año antes, en la pandemia, se fijaron 54 euros y se acabó en 36. “Nunca sabes como va a acabar por mas futuros que se estimen -explican desde las empresas-, lo que ocurre es que ahora vamos a riesgo de mercado y antes no; si sube mucho, ganas y si baja pierdes, a no ser que contrates un intermediario y te cubras con derivados financieros”.

Sin diálogo previo

Los empresarios con activos en el Recore advierten, además, que los grandes fondos, los bancos y algunas grandes empresas con instalaciones eólicas, fotovoltaicas, de cogeneración o sobre residuos, no van a tener mucho problema en acudir a los derivados, pero los más pequeños entran en un campo que no conocen y para el que puede que no tengan tanta liquidez. Es más, la rentabilidad y los costes de cada una de esas cuatro tecnologías es distinta, de forma que lo que puede ser un buen precio recomendado para unos, puede suponer menos ingresos en otros casos, con lo que la cuestión se complica y el riesgo aumenta mucho frente al modelo anterior.

Tampoco se comprende en los pequeños propietarios de plataformas incluidas en el régimen retributivo específico del Recore que esta medida se haya tomado sin un diálogo previo, a pesar de las buenas relaciones que existen entre el sector de las renovables independientes, no incluidas en las grandes eléctricas, y el Ministerio de Transición Ecológica. De hecho, todo el sector conoce el decreto y está a favor de que se adelante el ajuste para recuperar dinero para mitigar la subida de la luz, pero no contaban como que se eliminase la cláusula que hacía referencia directa a la rentabilidad razonable, por más que en las intenciones del Ministerio se pretenda “mantener el concepto” al menos hasta 2031, aseguran, aunque se hayan eliminado los ajustes trienales y se cambie la “indexación”.

Los asesores legales consultados lo tienen claro y así lo han incluido en sus comentarios al decreto en algunos de los grandes despachos. A pesar de admitir que no es algo “grave” para los grandes bancos implicados, aseguran que puede frenar algunos proyectos del Recore, porque “como consecuencia de esta modificación, el riesgo de variación de los precios de pool respecto de las cotizaciones de los contratos de futuros utilizados en la estimación de precios de cada semiperiodo regulatorio, será íntegramente asumido por los titulares de las instalaciones de generación”.