Pedro Sánchez y Teresa Ribera lograron este martes el visto bueno de la Comisión Europea (CE) para topar el gas a 50 euros/MWh, un price cap bastante menos ambicioso que los 30 euros que proponía el plan ibérico. La medida tendrá un plazo de 12 meses y un efecto descafeinado en la factura eléctrica. En previsión a este escenario, la ministra para la Transición Ecológica ha apretado en los últimos días a los técnicos de la cartera para autorizar cerca de 500 proyectos renovables antes de julio, según fuentes del entorno de la vicepresidenta tercera consultadas por La Información. El acelerón coincide con la decisión de Bruselas de diluir el plan de Moncloa para capar las ofertas de gas en el mercado eléctrico.
Los expedientes de estos proyectos renovables llevan meses atascados en las estancias del ministerio energético debido al tapón administrativo que ha desencadenado el primer gran parón de la transición energética. Se trata de proyectos de más de 50 MW, aquellos cuya autorización depende directamente del ministerio. Las aprobación de las instalaciones de menor capacidad está en manos de las autoridades autonómicas, donde los retrasos burocráticos también causan estragos.
Los operadores renovables suelen tardar entre 12 y 18 meses en construir un parque fotovoltaico. La obtención de permisos puede alargarse hasta seis años. Esta travesía por el desierto administrativo queda reflejada en los datos que actualiza mensualmente Red Eléctrica (REE). Al cierre del pasado febrero, en España había más de 145.000 MW, eólicos y solares, con permiso de acceso a la red pero que aún no se habían puesto en operación. Esta autorización, que supone la luz verde para verter electricidad a la red, la concede directamente la compañía que preside Beatriz Corredor.
No es esto lo que retrasa los proyectos, pues en la mayoría de los casos las solicitudes se atascan en la propia Administración, donde los operadores verdes deben tramitar una batería de permisos. El problema es que la fiebre verde ha colapsado a las CCAA y a Transición Ecológica. Un dato, de 39 GW de potencia eólica que se hayan en tramitación administrativa solo 1,7 GW ha obtenido la declaración de impacto ambiental (DIA). El director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, reconoce que hace falta un giro organizativo: "La Administración estaba preparada para un mundo en el que había al año cinco o diez plantas de generación".
Este frenazo amenaza con retrasar al Gobierno en el cumplimiento de su propia hoja de ruta, el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), que aspira a doblar el actual peso de las renovables en el mix energético-alrededor del 42%- para 2030. Más allá de las ambiciones verdes que encarna la máxima responsable de la política energética nacional, Ribera ha asumido que la inyección de renovables es, por el momento, la mejor baza del Gobierno para rebajar la factura eléctrica, toda vez que el resultado de las negociaciones con Bruselas no han cumplido las expectativas con las que Sánchez y ella misma arrancaron su cruzada ibérica.
El tope al gas aprobado por Bruselas no ha cumplido con las expectativas de Moncloa y ha convertido en inviable una rebaja de la factura de la luz a un máximo de 100 euros/MWh
Tras la reunión de ayer entre Ribera y la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, la ministra anunció el tope al gas de 50 euros. Dado este precio de referencia, el Ejecutivo prevé rebajar la factura eléctrica al entorno de los 150 euros/MWh, frente al máximo de 100 euros inicialmente previsto. Actualmente el recibo está instalado por encima de los 200 euros/MWh. Queda por ver cómo se implementará la medida, a falta de que el Consejo de Ministros desgrane el mecanismo definitivo. Ribera ha preferido no meter todos los huevos en el mismo cesto y ha acelerado la aprobación de proyectos renovables, a fin de disparar la oferta de energía barata en el pool para el próximo año, cuando el cap al gas perderá su vigencia.
Los técnicos del ministerio trabajan a toda máquina para desatascar de media una decena de proyectos por semana, según las fuentes consultadas. No está claro si en las CCAA ocurre lo mismo. El Gobierno aprobó en diciembre un real decreto que aplazaba nueve meses el vencimiento de los permisos renovables, a fin de evitar la ejecución masiva de avales y la pérdida de autorizaciones de acceso con las que la ley castiga los retrasos en la ejecución de los proyectos verdes. El nuevo margen no ha resuelto el problema. Fuentes empresariales aseguran a este medio que las autoridades regionales no están aprovechando el plazo extra para desbloquear permisos, por lo que prevén que el problema volverá a aflorar el próximo año, justo cuando Moncloa deberá levantar el tope al gas.
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