Domingo, 22.09.2019 - 06:56 h
El Gobierno prepara el 8-M

Sánchez acelera el decreto que forzará a las empresas a auditar su brecha salarial

Preocupación en CEOE por una norma que obligará a las compañías de más de 250 trabajadores a someter su política retributiva al examen de un externo.

Mujeres en una manifestación por la igualdad.
Sánchez acelera el decreto que forzará a las empresas a auditar su brecha salarial / EFE

El controvertido arreón legislativo que el Gobierno pretende abordar a golpe de decreto en las escasas semanas que quedan antes de la apertura del proceso electoral que conducirá a las elecciones generales del próximo 28 de abril no va a pasar por alto una de las fechas más emblemáticas que jalonan ese camino: el 8 de marzo, Día de la Mujer. El Gobierno última estos días con los sindicatos -CEOE se opone a cualquier regulación 'in extremis' con las elecciones ya convocadas- un paquete de medidas regulatorias sobre igualdad que ya ha confirmado a los agentes del diálogo social que aprobará sí o sí antes de esa fecha para dar cumplimiento a lo que entiende como un compromiso con sus electores.

El paquete incluirá una parte de las medidas que se contemplaban en la Proposición de Ley para Garantizar la Igualdad de Trato y de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Materia Retributiva que el PSOE ya presentó estando en la oposición. De entre ellas, la que ha provocado más inquietud en las empresas es la regulación de las llamadas 'auditorías salariales', que según el planteamiento trasladado por el Ejecutivo al diálogo social impondrá a las empresas de más de 250 trabajadores la obligación de someter su política retributiva al examen de un auditor externo que deberá determinar de manera independiente si ésta plantea algún tipo de discriminación directa o indirecta a la mujer.

La CEOE se opone a cualquier medida legal que imponga a las empresas la obligación de mostrar el detalle de las nóminas que abonan a terceros y la iniciativa que pretende abordar el Gobierno no sólo plantea la obligación de que un auditor externo chequee la política salarial de las empresas de un determinado tamaño, sino que busca reconocer el derecho de los delegados sindicales a recibir con regularidad anual información detallada de las retribuciones medias abonadas en la empresa, desagregadas por sexo y distribuidas por grupo profesional, categoría profesional o, incluso, puestos de trabajo similares o de igual valor, según se recogía también en la proposición de los socialistas.

La indignación con el asunto es patente en CEOE. La reunión de la Junta Directiva del pasado miércoles fue casi un monográfico en torno a las iniciativas legislativas en materia laboral y de Seguridad Social que pretende aprobar por decreto el Gobierno en las próximas semanas y de toda la presentación que realizó la nueva responsable de Relaciones Laborales de la organización, Rosa Santos, el tema de las auditorías salariales y de la obligación de abrir a un externo la información sensible sobre los patrones de retribución de las empresas fue una de las que causó un mayor rechazo, según refieren fuentes presentes en la reunión.

No en vano, la medida conlleva importantes consecuencias para las empresas, sobre todo si termina por aplicarse en los términos que planteaba el PSOE en aquel texto centrado en materia retributiva. Hay que recordar que la proposición de ley que elaboró el Grupo Socialista contempla la imposición de sanciones por importe de hasta el 1,3% de la masa salarial de la compañía que pague menos a una mujer que, con igual cualificación, desempeña el mismo trabajo que un hombre. 

Pero no solo eso, el pasado mes de octubre el Congreso dio luz verde a la tramitación de la Proposición de Ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, también del Grupo Parlamentario Socialista, que en su capítulo de sanciones contempla multas de hasta 50.000 euros para los empresarios que impidan "el ejercicio responsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral".

También se consideran infracciones muy graves la extinción de un contrato durante el periodo de prueba por razón de maternidad o el despido de una trabajadora víctima de violencia de género por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva, entre otros. Infracciones consideradas leves, como no realizar estudios para constatar la existencia de situaciones de desigualdad, se sancionan con cuantías a partir de los 60 euros. El texto de los socialistas establece asimismo la obligación, a partir del año 2023, de contar con representación equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración.

Solo dos Consejos de Ministros antes del 8-M

A la espera de conocer qué medidas concretas se pondrán finalmente en marcha, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ya advirtió el pasado martes de que el Gobierno "va a hacer lo imposible" por sacar adelante todo lo que tiene en el cajón antes del 28 de abril. El controvertido registro obligatorio de jornada, el subsidio para mayores de 52 años o los convenios (subcontratas, ultraactividad y prevalencia del sectorial) son susceptibles de modificaciones vía real decreto.

En el Ministerio de Trabajo rehúsan fijar una fecha para la aprobación de estos cambios normativos. Quedan dos Consejos de Ministros, el de este viernes y el del día 1 de marzo, para la disolución de la Cortes el día 5, apenas tres días antes de un 8 de marzo que se espera histórico en seguimiento. UGT registró ayer mismo la convocatoria de huelga general para esa jornada en la que la reivindicación principal va a ser la igualdad entre hombres y mujeres en un momento en el que la brecha salarial todavía supera el 14%, según los datos que maneja sindicato. A partir de entonces, el Gobierno dispondrá de la Diputación Permanente, el mini Parlamento de guardia con capacidad para aprobar algunas cuestiones.

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