Domingo, 21.07.2019 - 00:31 h
Airef evalúa el Plan de Estabilidad

Sánchez esconde un 'tijeretazo' de 10.000 millones en la recta final de la legislatura

La Autoridad Fiscal concluye que ni las medidas anunciadas por el Gobierno ni el crecimiento alcanzan para explicar la reducción de déficit prevista.

Un ajuste sin justificar de 10.000 millones en las cuentas del Gobierno

El Gobierno de Pedro Sánchez deberá adoptar entre los años 2021 y 2022 -en la recta final de la legislatura- medidas que permitan reducir el déficit en alrededor de 10.000 millones de euros si quiere cumplir con la planificación fiscal que se ha autoimpuesto, de la que ha informado a Bruselas hace apenas unos días y que según sus estimaciones conduciría a España a cerrar el año 2022 en situación de equilibrio presupuestario. El análisis de la estrategia fiscal del Gobierno para los próximos cuatro años realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha concluido que la aportación del ciclo económico y de las medidas que o bien se han puesto ya en marcha por parte del Gobierno o que éste prevé activar en 2020 -como el paquete fiscal- alcanzan únicamente para garantizar la reducción esperada del déficit público en el periodo 2019-2020, pero no serán suficientes para conseguir la reducción del desequilibrio presupuestario 'dibujada' por el Gobierno para la segunda mitad de la legislatura.

"El grueso del ajuste fiscal se concentra en el año 2020 (cuando está previsto que entren en vigor las nuevas medidas fiscales en las que el Gobierno confía para sacar 5.000 millones de euros extra), sin embargo para los años 2021 y 2022 la Airef considera que no existen, a priori, medidas suficientes que justifiquen los esfuerzos estimados por el Gobierno", subraya la Autoridad Fiscal en su informe de evaluación del primer Plan de Estabilidad con la firma del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según la senda de reducción del déficit comprometida por el Gobierno con Bruselas en ese documento, las cuentas públicas españolas llegarán a 2020 con un desequilibrio del 1,1% del PIB -lo que la Autoridad Fiscal estima factible-, que se reduciría al 0,4% en 2021 y desaparecería por completo en 2022, en el que España volvería al déficit cero 15 años después. Es a partir de 2021 cuando a la Autoridad Fiscal le surgen las dudas. Entiende que el ciclo económico ya habrá agotado su capacidad para tirar para abajo del déficit y que todo lo que se consiga deberá ser a golpe de nuevas medidas, ya sea por el lado del ingreso -elevando los impuestos- o por el lado del gasto -recortándolo-.

Desde la Autoridad Fiscal no se cuestiona la viabilidad de la senda de reducción del déficit planteada por el Gobierno, pero sí se pone de manifiesto que existe un ajuste de entre ocho y nueve décimas de PIB -en torno a 10.000 millones de euros- que está sin justificar en la documentación presentada por el Gobierno y que en ningún caso se puede generar con la actividad económica, por lo que necesitará de medidas concretas para poder llevarse a buen término. El desequilibrio fiscal era, de hecho, mayor en el borrador inicial que el Gobierno presentó a la Autoridad Fiscal, que, según relatan fuentes del organismo, infravaloraba de manera significativa la evolución de la inversión pública.

El equipo económico del Ejecutivo consintió en 'normalizar' su previsión de evolución del gasto público, retocándola al alza, y para que el ajuste no tuviera impacto sobre el marco general se sacó de la manga una maniobra 'genial'. Decidió incluir en el Plan de Estabilidad las reducciones de gasto que se pueden derivar de la aplicación de las recomendaciones de eficiencia en el gasto de la Autoridad Fiscal a partir de los llamados 'spending review', los ejercicios de evaluación de determinadas áreas de políticas de gasto encargados por el Ejecutivo. Lo singular del caso es que el Gobierno ha optado por 'pintar' reducciones de gasto en las bonificaciones de los contratos, el gasto farmacéutico y la política de subvenciones cuando las conclusiones de muchos de esos informes aún no se conocen y cuando alguno de ellos ni siquiera ha empezado a trabajarse y, por tanto, no hay recomendación alguna. "La parte buena es que el documento nos puede servir de referencia para orientar nuestros trabajos", comentan de forma irónica desde la Airef.

Estrechar el marcaje al Gobierno

Más allá de estos episodios, la Autoridad Fiscal considera bastante factible el escenario planteado por el Gobierno. Estima que los ingresos crecerán algo menos de lo previsto, en coherencia con una estimación más modesta de los ingresos que aportarán las medidas fiscales que quiere poner en marcha el Gobierno, y que los gastos crecerán más de lo que dice el Ejecutivo. El saldo, por tanto, no arroja la misma reducción del déficit que prevé el Gobierno de Pedro Sánchez y descarta llegar al equilibrio presupuestario en 2022.

La salida de España del brazo correctivo del Procedimiento de Déficit Excesivo de la UE abrirá este año 2019 una nueva etapa en la política fiscal española que caerá ahora en la parte del brazo preventivo, que presta menos atención al déficit nominal y más atención a aspectos más estructurales de reducción del déficit estructural y la deuda pública. La Comisión Europea ya ha mandatado a la Autoridad Fiscal para chequee de forma regular el cumplimiento de la regla de gasto europeo del Reino de España ante la sospecha, poco disimulada por parte de las autoridades europeas, de que el Ejecutivo podría tener la tentación de relajar el proceso de reducción del déficit una vez por debajo de la barrera del 3%.

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