Sábado, 19.10.2019 - 02:49 h
A la espera del informe de la Airef

Pros y contras de la subasta de fármacos: Carcedo abre la veda tras el 'caso andaluz'

Pese al ahorro que pueden generar para las administraciones, limitan la competencia y ponen en riesgo el abastecimiento de medicamentos. 

María Luisa Carcedo y María Jesús Montero hablan en el Senado
Carcedo y Montero, ardientes defensoras de las subastas de medicamentos. / EP

Las subastas de medicamentos, vigentes en Andalucía desde 2012, y que tienen sus días contados tras el desembarco del Gobierno Partido Popular y Ciudadanos en la Junta, se han convertido de nuevo en un elemento de enfrentamiento político y sectorial, con entusiastas defensores en el Gobierno socialista y entre las organizaciones médicas y sindicatos, y con numerosos detractores dentro de las filas del PP y en el sector farmacéutico, todos con argumentos válidos y, también, rebatibles.  

El nuevo Ejecutivo andaluz capitaneado por Juan Manuel Moreno Bonilla se ha marcado como objetivo en sus primeros 100 días poner fin a las polémicas subastas de fármacos implantadas en la región por la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un instrumento no exento de contradicciones que para una parte ha contribuido a racionalizar el gasto y para la otra supone una distorsión de la competencia, que perjudica a los pacientes y contribuye al desabastecimiento. 

En paralelo, tanto desde Hacienda como desde el departamento de Sanidad, que dirige María Luisa Carcedo, ya se baraja, como han dejado claro estos días las ministras responsables, la licitación de medicamentos a nivel estatal inspirada en el modelo andaluz como una vía razonable y positiva para recortar el gasto, una iniciativa que no satisface al sector, que se ha mostrado muy beligerante y para el que supone un importante perjuicio económico. En cualquier caso, el Gobierno ha dejado, de momento, la pelota de la revisión del gasto sanitario en el tejado de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que en breve emitirá su veredicto sobre un asunto en el que "existe margen de mejora para hacer sostenible el sistema", según reconoce.

la clave

Así funcionan las subastas de medicamentos

El próximo 25 de enero, si nada lo impide, entrará en vigor la decimocuarta subasta de fármacos en Andalucía, una iniciativa impulsada a finales de 2011 por la entonces consejera de Salud del Gobierno regional, María Jesús Montero, y pensada fundamentalmente para reducir el gasto público, aunque sin un efecto directo en el bolsillo de los pacientes.

A través de las subastas, el Servicio Andaluz de Salud licita la venta en farmacias de determinados medicamentos, los más prescritos por el sistema público y los que más gastos generan, y cuando un ciudadano acude a comprarlo con una receta por principio activo se le dispensa el producto del laboratorio que ha logrado la adjudicación.

El ahorro viene porque la administración ajusta el precio a la baja con los laboratorios, que a cambio consiguen la concesión en exclusiva en Andalucía durante dos años, garantizándose así unas ventas predecibles y continuas.

Para José Luis Escrivá, el presidente de la Airef, el gran reto "es armonizar una tendencia creciente a incorporar fármacos que curan con un entorno de cierta sostenibilidad". La autoridad fiscal pondrá bajo lupa los 16.000 millones de gasto farmacéutico público facturado a través de recetas acumulado a mes de noviembre de 2018 y planteará iniciativas que faciliten en ahorro en las diferentes administraciones.

Un ahorro que pone en riesgo el abastecimiento

Por su parte, la Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM) y desde la Organización Médica Colegial (OMC) han mostrado su apoyo al concurso público para el suministro de fármacos, asegurando, a partir de un estudio, que ahorraría al Sistema Nacional de Salud (SNS) más de 600 millones de euros al año, "lo que equivale al coste de 10.000 médicos anuales y 12.000 enfermeros". Mientras, la consejera andaluza de Salud saliente, Marina Álvarez, cifraba en cerca de 550 millones el ahorro generado por su implantación en seis años.

Álvarez defendía que la medida ha servido para garantizar una "sanidad pública, universal y equitativa" y que ha contribuido a mejorar el sistema sanitario público, unos argumentos en las antípodas de los que defiende el actual consejero, Jesús Aguirre, que aseguraba, cuando era coordinador de Sanidad del PP andaluz, que deterioraban a costa de unos posibles ahorros limitaban a medio millar la oferta de medicamentos, sin reducir su coste para los ciudadanos, y generando desabastecimiento ante incapacidad de los laboratorios de suministrar a toda Andalucía.

El Partido Popular ha llevado al Constitucional las subastas de medicamentos, al entender que vulneraban competencias estatales. Sin embargo, el tribunal ha dado la razón a la Junta de Andalucía. También los concursos públicos de medicamentos llegaron al Parlamento Europeo y la Comisión de Peticiones de éste archivó la petición de investigación que la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran), que estaba apoyada por el Partido Popular.

Mientras, la anterior Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, también se manifestó sobre las licitaciones, que consideró legales, aunque admitía que rompían el principio de igualdad. Esta línea es la que defendía el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, asegurando que las subastas suponían una clara desigualdad para los pacientes andaluces, que no podían acceder a los mismos medicamentos que el resto de España y que mermaba la capacidad de gestión de la oficina de farmacia.

Hacienda trabaja en un nuevo pacto con Farmaindustria

Hace apenas una semana, la ministra de Hacienda y los responsables de Farmaindustria renovaron el convenio de colaboración, vigente de 2016, por el que la industria se obliga a que el precio de los medicamentos no suba más que el PIB y si lo hace, devolver la diferencia. El beneficio del acuerdo es mutuo, ya que la Administración encuentra un instrumento para controlar el gasto público y cumplir con los objetivos presupuestarios; las empresas encuentra un marco predecible y los pacientes tienen acceso a los fármacos que necesitan.

Sin embargo, antes de tres meses Hacienda tiene previsto presentar una nueva propuesta a la industria, que recogerá una parte de lo ya suscrito, pero que también incorporará nuevas iniciativas y eliminará algunos de los elementos que recoge el pacto actual. El Gobierno pretende buscar nuevas vías para ayudar a las comunidades a controlar el gasto farmacéutico, sin bajar la guardia en la incorporación de novedades y poniendo sobre la mesa las polémicas subastas, que están a punto de desaparecer de Andalucía, la pionera. 

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