Los partidos nacionalistas son partidarios de abrir el debate de la reducción de la jornada laboral, así lo han afirmado los portavoces de BNG, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y CC este martes en respuesta a la proposición no de ley planteada por el grupo parlamentario de Sumar que recogía la meta del Ministerio de Trabajo de alcanzar las 37,5 horas semanales en 2025. No obstante, estos grupos no han desaprovechado la oportunidad de recordarle a Yolanda Díaz que el diálogo social que abandera no cuenta con la representación de los sindicatos mayoritarios en Galicia, Cataluña y País Vasco -y tampoco con las asociaciones empresariales de estos territorios-. Y han llegado a tildar de "marketing político" el haber llevado una medida ya pactada con el PSOE y que pertenece a su ámbito de competencia al Congreso en forma de PNL.
La postura abierta de estos grupos, claves para sacar adelante cualquier proyecto normativo, allana el camino a la vicepresidenta segunda del Gobierno para sacar adelante la que espera que sea su medida estrella, si no de la legislatura, sí del año. No obstante, no puede dar el trabajo por hecho, como ha advertido el diputado de Junts, Josep María Cervera, quien ha instado a no dar por sentado el voto favorable del grupo catalán sin que se haya producido una negociación, a pesar de calificar este debate como "fundamental". Asimismo, ha recordado que debe contarse con sus protagonistas -patronales y sindicatos- y ha celebrado la inclusión de PIMEC, la asociación de pymes catalanas, en la Comisión Nacional de Convenios Colecitvos, en la misma fecha que Foment del Treball ha presentado la sede de su 'think tank' SBEES en Madrid.
En ese sentido, el único representante del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego, ha tachado de "falso diálogo social" a las conversaciones mantenidas por la cartera de Díaz con CEOE, UGT y CCOO para materializar esta política por no incluir a la Confederación Intersindical Galega (CIG), mayoritaria en este territorio. El diputado de EH Bildu, Oskar Matute, también se ha referido a esta mesa como "imperfecta" al no tener cabida las cooperativas ni la mayoría sindical vasca, de ELA y LAB. En el acuerdo de coalición de PSOE y Sumar también figura la aprobación de una ley de negociación colectiva que podría alterar la composición de las mesas de negociación e incluir a las fuerzas territoriales, pero no se ha comenzado a trabajar en ella.
Además, la mayoría de estos portavoces también han expresado su incomprensión porque uno de los partidos que integran el Gobierno haya impulsado un texto de estas características, cuyo fin es que los partidos fijen su posición sobre una materia o instar al Ejecutivo a que regule cierta cuestión. Los parlamentarios de BNG y PNV han instado al Ministerio de Trabajo a impulsar un proyecto de ley sobre el que se pueda trabajar y desde EH Bildu se han comprometido a introducir mejoras en el texto que pueda resultar del acuerdo de las conversaciones entre CEOE y sindicatos. Si bien todos ellos coinciden en que el enfoque es el oportuno, algunas fuerzas han recordado que la meta de las 37,5 horas no supone la "panacea" y han instado a alcanzar las 35 horas semanales para que los trabajadores vean un cambio real.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, inició las conversaciones con los representantes de CEOE, UGT y CCOO el pasado 25 de enero, pero el documento también reclamaba al Gobierno que convocase la mesa de diálogo social. Esta ha sido otra de las incoherencias subrayadas tanto por los socios como por los partidos de la oposición, especialmente grave si se tiene en cuenta que un día antes había tenido lugar el segundo de estos encuentros, tras el que el 'número dos' de Trabajo anunció que harían accesible en remoto el registro de la jornada laboral, la que es la segunda pata de la reducción de jornada. "Quizás deberíamos estar trabajando en medidas para avanzar en productividad y hacer más y mejores reducciones de jornada" ha sugerido Joseba Andoni Mico, del PNV.
El departamento usó esa cita para trasladar a los agentes sociales de forma verbal su propuesta para reformar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores y la creación del '34 bis' por el que quedaría regulado todo lo referido al registro de jornada, una vez superada la ley de 2019. No obstante, hoy por hoy el Ministerio juega un papel secundario en esta negociación, ya que la patronal y los sindicatos avanzan en una mesa separada para estudiar el impacto que tendría esta decisión en los diferentes sectores económicos y los modelos de empresa. Punto en el que también ha invitado a incidir la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Los agentes sociales solo han tenido un encuentro en el que fijaron los temas a tratar, pero no han llegado a ningún punto en común, por lo que la posibilidad de cerrar un acuerdo está verde.
