Trabajadores de Sintel rechazan repartir la indemnización con más acreedores

Actualiza la FC1101 con datos sobre las negociaciones para evitar el juicio

Madrid, 5 nov.- Los trabajadores de Sintel aseguraron hoy que los 35 millones de euros que pagará la antigua propietaria, MasTec, para evitar el juicio por la quiebra en 2001 de la empresa "son únicamente para los trabajadores" por lo que no deben ser repartidos con otros acreedores de la sociedad.

En un comunicado, los empleados de Sintel consideran que el acuerdo que firmaron el pasado agosto es un acuerdo privado sobre el que nada tiene que decir los órganos que supervisan la liquidación de la empresas, asesorados por Uría Menéndez.

Además, acusan a este despacho de abogados de estar interesado en que el proceso por la quiebra de la compañía "siga abierto durante años y años para así seguir facturando sus servicios".

La Asociación para la Colaboración de los Trabajadores de Sintel sostiene que Uría Menéndez, que asesora a la comisión de control que supervisa la liquidación de la compañía (Agencia Tributaria, Seguridad Social, Fogasa y Telefónica) ha estado cobrando "mucho dinero" por sus servicios desde 2001.

"Desde febrero de 2008 no se nos ha pagado nada a los trabajadores existiendo dinero y activos por ejecutar", se queja la Asociación, que sostiene que se ha dirigido en múltiples ocasiones a la comisión de control sin que hayan obtenido respuesta alguna.

El comunicado llega después de que la Audiencia Nacional haya aplazado el inicio del juicio por la quiebra de Sintel hasta el 17 de diciembre para facilitar que se consolide el acuerdo que alcanzaron los trabajadores con los propietarios de la firma, que se ha topado con los obstáculos de Hacienda y la Seguridad Social.

La Agencia Tributaria y la Seguridad Social han puesto reparos al acuerdo por el que los trabajadores cobrarán 35 millones de euros como compensación por los daños que les causó la quiebra en 2001, a cambio de que los responsables de MasTec no acaben sentados en el banquillo.

Los dos organismos públicos se niegan a que la comisión de control se retire del procedimiento si parte de esa cantidad (la media de 12.000 euros asignada a cada trabajador como indemnización por daños morales) no es incluida en la masa de la quiebra y se reparte entre los acreedores.

Precisamente la primera que cobraría esos importes sería la Administración Pública, empezando por el Fogasa, que pagó una pequeña parte de los créditos laborales a los trabajadores.

Sintel fue declarada en suspensión de pagos en 2001 con un déficit de 59,3 millones de euros, después de que Telefónica vendiera la empresa en abril de 1996 al grupo estadounidense MasTec Incorporated, propiedad de la familia Mas, a través de su filial MasTec International.

Según los escritos de acusación, desde el momento de la venta los entonces responsables de la compañía fueron "descapitalizando" Sintel a través de varias sociedades, algunas de las cuales se cree que están domiciliadas en paraísos fiscales, dejando tras de sí a 1.788 acreedores y a 1.828 trabajadores afectados.