La factura para las empresas de la subida del 7% de las bases máximas de cotización, que ensanchará el perímetro salarial que se somete a 'tributación' de 48.840 euros a 52.258 euros, será mucho más reducido de lo que CEOE había estimado en un primer momento.
La organización empresarial había calculado en un principio en 1.500 millones de euros el coste extra derivado de esta medida para las empresas. Los cálculos del Gobierno son menos alarmantes. Trabajo entiende que la reforma aportará 850 millones de euros extra a la recaudación por cotizaciones y que, además, una parte relevante de esa factura no tendrá que ser abonada por las empresas.
Así se lo hicieron saber el pasado viernes altos cargos del Ministerio de Trabajo a representantes de la CEOE en el marco de una reunión del diálogo social en la que el Gobierno explicó a empresarios y sindicatos el impacto real que tendrán las medidas adoptadas en los Presupuestos y en los decretos aprobados en la recta final de 2018.
Según fuentes conocedoras de lo tratado en la reunión, Trabajo les trasladó el dato ya conocido de que la subida de las bases máximas alcanzará a alrededor de un millón de trabajadores, pero reveló como novedad que cerca de la mitad de éstos están a sueldo del sector público, ya sea directamente en el ámbito de la Administración o en el sector público empresarial, lo que diluirá el coste directo para el tejido empresarial privado de la medida.
Del mismo modo que devengará una 'factura oculta' para las Administraciones Públicas que asumirán algo menos de la mitad de esos 850 millones extra que el Gobierno espera obtener por la subida sin precedentes del techo máximo de cotización de los trabajadores. En el escenario definido por el Ministerio de Trabajo el impacto real para las empresas quedaría lejos de los 1.500 millones de euros estimados inicialmente por CEOE y se quedaría en una tercera parte de esa cantidad.
Hartazgo empresarial por la presión del Gobierno
El asunto no ha conseguido hacer remitir la insatisfacción empresarial por las últimas medidas adoptadas por el Gobierno. Fuentes empresariales admiten que casi un mes después de su publicación en el BOE las empresas todavía continúan analizando la implicación real para su operativa del paquete de medidas aprobado el 28 de diciembre y en el que el Gobierno confía para obtener 3.150 millones de euros extra - principalmente a costa de las empresas - con los que sufragar la factura de la subida de las pensiones decretada para 2019.
El rejón para las empresas abunda en una situación ya denunciada por éstas de sobrecotización endémica en ámbitos como el desempleo o las cuotas por contingencias profesionales con el único objetivo de sufragar la insuficiencia financiera del sistema de pensiones a costa de los beneficios empresariales.
El asunto ha alcanzado la categoría de elemento crítico para las empresas, que en 2018 ya financiaron 6.561 millones de euros en subsidios y ayudas de carácter asistencial a desempleados, que a juicio de CEOE en una aplicación estricta del sistema deberían ser financiadas en exclusiva con cargo al Estado.
Sin embargo, lo que han hecho los sucesivos gobiernos es aprovechar el excedente de cotización en estos ámbitos para sufragar la gravosa factura de las pensiones. Desde CEOE se pone de manifiesto que en 2019, un año más, el Estado no aportará un solo euro ni al SEPE ni al Fogasa.
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