Domingo, 20.01.2019 - 06:46 h
El debate sobre el futuro de la protección social

CEOE se harta y exige dejar de subsidiar a desempleados con cargo a las empresas

La patronal denuncia que en 2018 volverán a financiarse con cotizaciones sociales más de 6.500 millones de euros en ayudas a parados de larga duración

Cristóbal Montoro y Juan Rosell
CEOE pide al Gobierno que deje de pagar los subsidios a parados con las contribuciones de las empresas / EFE

En pleno debate sobre el futuro del modelo de protección social en España y, en concreto, sobre la forma en que debe financiarse éste, la CEOE ha aprovechado su tradicional informe de evaluación sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para introducir un elemento más en la ecuación: la necesidad de que el Estado asuma el coste de las prestaciones no contributivas de asistencia a parados, es decir, la factura de la imbricada red de subsidios y ayudas que sirven para asegurar una renta a aquellos que han perdido ya el derecho a recibir el seguro del paro.

El asunto ha alcanzado la categoría de elemento crítico para las empresas, que al tiempo que aguardan a que el Ejecutivo cumpla su compromiso de rebajar las cotizaciones sociales este año volverán a financiar con sus contribuciones - también los trabajadores con las suyas - otros 6.561 millones de euros en subsidios y ayudas de carácter asistencial a desempleados, que a juicio de CEOE deberían ser financiadas en exclusiva por el Estado.

Bien al contrario, este año 2018 la contribución del Estado a las cuentas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) apenas alcanzará los 55 millones de euros, lo que supone una reducción del 97% frente a los 1.623 millones transferidos el año pasado, cantidades insuficientes en ambos casos para enjugar la factura derivada de los subsidios que el Estado prevé para asegurar una renta a los desempleados que ya han agotado sus derechos a una prestación contributiva. 

Dentro de esa factura de más de 6.500 millones se encuadran los 4.185 millones que el SEPE prevé pagar durante 2018 en concepto de subsidio de desempleo; los 600 millones del Sistema Especial por trabajadores por cuenta ajena del Sistema Agrario; los 979 millones de la Renta Activa de Inserción, el Programa de Activación del Empleo y la ayuda complementaria para favorecer la contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil, aunque en este caso también se financia con fondos europeos.

Hacia una separación clara de las fuentes de financiación

"La contribución del Estado no alcanza a cubrir los recursos necesarios para su dotación", subraya el informe de CEOE, "por lo que debería procederse a establecer una clara y nítida separación de fuentes de financiación en función de la naturaleza de la prestación". Se trata, en definitiva, de que el Estado asuma la factura del tramo asistencial del apoyo a los parados y que las cotizaciones sociales financien en exclusiva las prestaciones contributivas, de manera que si existe un excedente éste se drene mediante rebajas de cotizaciones, pero que no se utilice para financiar otras políticas gubernamentales.

La reivindicación de CEOE no se queda en el ámbito de las políticas de protección a desempleados, también alcanza a la utilización de los fondos de formación. La organización empresarial lamenta que también en 2018 los 2.414 millones de euros destinados a programas de formación se repartan entre programas de formación a desempleados (1.244 millones) y planes de formación a ocupados (1.170 millones) cuando la doctrina del Tribunal Constitucional, recuerda la organización empresarial, "establece que la financiación de la formación debe ser reorientada para que la mayor parte de la cuota de formación, por no decir su totalidad, se destine a la formación de ocupación".

La organización empresarial insta también al Gobierno a destinar los excedentes de fondos que genera el sistema de formación, y que estima en 912 millones solo entre 2015 y 2016, de forma automática a iniciativas en este campo y no acaben en otro tipo de políticas.

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