La subida de las pensiones durante este año 2019 tiene un coste oficial desde el último Consejo de Ministros: algo menos de 2.600 millones de euros, que el Gobierno espera cubrir de manera holgada con lo que va a ingresar de más a cuenta de los empresarios (grandes compañías pero también autónomos) en incrementos de las cotizaciones. Entre una cosa y otra, el Gobierno del Partido Socialista incluso saldría con un colchón de unos 500 millones de euros cuando se enfrenten las partidas de ingresos y gastos.
¿Cómo salen las cuentas? Según la memoria económica del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno y que recoge la revalorización de las pensiones para 2019 y otras medidas urgentes en materia social y laboral, el coste de la subida de las pensiones en 2019 (del 1,6% general y del 3% para las mínimas y no contributivas) será de 2.591,65 millones de euros. De este importe, 2.481 millones irán para abonar las pensiones contributivas; 77,42 millones, las no contributivas, y 33 millones para pagar las prestaciones familiares por hijo a cargo con 18 años o más y un grado de minusvalía igual o superior al 65%.
En contrapartida, el Estado pretende ingresar por cotizaciones de derivadas de las modificaciones aprobadas en este Real Decreto unos 1.667,55 millones de euros. Y, además, el Gobierno maneja alcanzar alrededor 1.500 millones de euros por el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros (aunque los empresarios consideran esa cifra en el rango bajo e incluso la elevan a más de 2.000 millones de coste). Es decir, algo más de 3.100 millones de recaudación extra que, si se oponen a los 2.600 de gasto, computan un saldo positivo de unos 500 millones de euros.
Dentro de los casi 1.668 millones, aproximadamente la mitad, unos 850 millones, se recaudarán con la subida de la base máxima de cotización del 7%, una medida que afectará a un millón de ocupados y de los que la mitad pertenecen a empresas y empleadores públicos con más de 1.000 trabajadores. Una medida que ha ido adelgazando con el paso de los meses, ya que las primeras intenciones del Ministerio de Trabajo pasaban por un alza en estas cuotas de hasta el 12%. Finalmente, todo indica a que las tesis del Ministerio de Economía, que recomendaban un esfuerzo menor, se han impuesto.
Luego, el Gobierno prevé ingresar unos 424 millones por la modificación de la tarifa de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y otros 205 millones de euros derivados de las nuevas bases mínimas y tipos de cotización en el Régimen Especial de Autónomos (RETA). En el caso de los autónomos, al Estado le supondrá un coste de 95,36 millones de euros la ampliación de la prestación por cese de actividad, cuya cobertura será obligatoria.
Por otra parte, otras medidas como la obligación de cotizar para las personas que desarrollan programas de formación o prácticas no laborales y académicas reportarán a la Seguridad Social unos 74 millones de euros, mientras que la subida del 36% al 40% del recargo sobre la cuota empresarial para los contratos de duración igual o inferior a cinco días aumentará la recaudación en 50 millones de euros.
El cambio de bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Empleados del Hogar afectará a unos 530.000 afiliados y ayudará a recaudar unos 16 millones de euros, al tiempo que la subida en las bases de cotización en el sistema especial agrario tendrá un impacto positivo de 14,33 millones de euros. La cotización por el tipo máximo de la Tarifa de Primas para trabajadores a los que les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación permitiría aumentar la recaudación en 30,56 millones de euros.
La memoria económica de este Real Decreto, recogida por Efe, también puntualiza que se abonará antes del 1 de abril de 2019 la paga compensatoria ante la inflación del 1,7% resultante de la media de los últimos 12 meses y que es superior al 1,6% de revalorización aprobada, que tendrá un impacto negativo de 122,87 millones de euros para la Seguridad Social. Como esta subida se consolida en 2019, el Estado contempla otros 121,79 millones de euros que tendrá que pagar a los pensionistas por este concepto a lo largo del año.
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