Vinculada a los fondos europeos

Trabajo carga contra Economía y defiende que Bruselas avala su reforma del paro

El Ministerio que dirige Yolanda Díaz aboga por incrementar el subsidio por desempleo hasta los 660 euros en los primeros seis meses, después elevarlo a los 540 otros seis y después fijarlo en 480 hasta agotar los 30 meses.

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño (i), y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz (d)
Trabajo carga contra Economía y defiende que Bruselas avala su reforma del subsidio. 
Europa Press

El Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz asegura tener atada con Bruselas la reforma de los subsidios por desempleo comprometida en el hito 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y vinculada al cuarto pago de los fondos europeos que España tiene que solicitar en las próximas semanas. Las fuentes del departamento consultadas por La Información rechazan de plano las medidas planteadas por el Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño y defienden que se avanzará en el sentido opuesto, en línea con la norma que afirman tener cerrada desde 2022 y que apuesta por ampliar la protección de estas personas. 

La cartera de Trabajo ha diseñado una reforma del sistema de protección para los trabajadores que han agotado las prestaciones de paro por la que se incrementaría la cuantía total a percibir en los 30 meses de cobertura. El Ministerio que dirige Díaz aboga por elevar el subsidio hasta el 110% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IMPREM) que actualmente equivaldría a 660 euros al mes durante los primeros seis meses, hasta el 90% del IPREM los seis siguientes (540 euros), para situarse en el 80% en el periodo restante hasta agotar el subsidio, los 480 euros que actualmente se perciben durante los 30 meses. De manera que se incrementará el gasto público total.

El gabinete de Díaz carga por tanto contra el Ministerio de Economía, que según ha defendido el secretario de Estado, Gonzalo García Andrés, apuesta por concentrar la cuantía actual del subsidio en solo 12 meses de manera que la cantidad decrecería. Las fuentes de Trabajo aseveran que con este cambio la media percibida al año por cada desempleado descendería hasta los 442,5 euros, dado que cobraría el 100% del IPREM durante los primeros tres meses (600 euros), un 80% por los tres siguientes (480 euros), un 65% en el tercer trimestre (390 euros) y un cuarto trimestre en el que descendería hasta el 40% del IPREM, es decir, solo 200 euros. 

El equipo de Trabajo y Economía Social entiende que estas cantidades no permiten que el ciudadano pueda tener unas condiciones de vida dignas y rechaza que se trate de 'amenazar' a los perceptores con quedarse sin el subsidio, ya que se trata de un elemento de protección para aquellos que a pesar de querer trabajar no encuentran un empleo. Este Ministerio cree que desde el entorno de Nadia Calviño se compra el relato que sostiene que las personas que se encuentran en esta situación no hacen esfuerzos por encontrar un puesto de trabajo. En este sentido apuntan que un 80% de las personas no agota los 30 meses de subsidio y que el 56% sale de esta situación por encontrar un empleo, mientras que el resto se jubila o emigra a otro país. 

Será compatible con un empleo durante 45 días

El ala del Gobierno que integra Sumar niega de plano que se vaya a producir ningún tipo de recorte en el presupuesto destinado a subsidios, pero sí cree oportuno que se introduzcan cambios en la compatibilidad de la ayuda con encontrar un trabajo. El texto que ha preparado el Ministerio de Trabajo permitirá que quienes encuentren un empleo pueda percibir el 100% del subsidio durante 45 días, lo que supone una modificación respecto a la normativa actual que solo permite que se compatibilice si se cuenta con un empleo parcial, de formación o una beca que no alcance el 75% del SMI. Esto entienden que supondrá una mejora significativa, ya que permitirá que se acepte un trabajo incluso si no se tienen garantías de cuánto durará el contrato. 

La cartera que tutela Díaz insiste en diferenciar el propósito que persiguen estos subsidios del de el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Los primeros tratan de proteger al trabajador que se encuentra dentro del mercado de trabajo mientras los servicios públicos de empleo (el SEPE y los autonómicos) contribuyen a que consiga un puesto, al tiempo que el segundo forma parte del sistema de protección social una vez que todos estos mecanismos ya han fracasado. Por ello, entienden que estas personas no deben transitar hasta haber culminado los 30 meses de derecho al subsidio, dado que esto pone de relieve que hay problemas adicionales para su inserción en el empleo. 

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