El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha decidido aprovechar la oportunidad que suponen los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para poner en marcha una profunda renovación de sus aplicaciones informáticas, claramente obsoletas y que complican y ralentizan los trámites, tanto los relacionados con el pago de prestaciones de desempleo como con los subsidios de paro, gestión de las políticas activas y el control del fraude en las ayudas que dependen del organismo, fundamentalmente en las vinculadas a la formación profesional.
Tras los numerosos ciberataques a su web y a sus sistemas informáticos que ha sufrido, el más grave tuvo lugar el pasado marzo de 2021 y paralizó durante semanas sus servicios, han quedado al descubierto numerosas deficiencias, falta de medios materiales y humanos y vulnerabilidades que ahora se tratan de subsanar mediante la automatización de sus sistemas.
El SEPE se moderniza
El pasado junio, el SEPE formalizó un contrato valorado en casi 60 millones, divididos en seis lotes, dos se encuentran suspendidos, para la resolución de conflictos informáticos y la renovación de sus sistemas. Esta licitación, sin financiación europea, recayó en Indra, Devoteam y Bilbomática, que se harán cargo de tres lotes, que deberán ejecutar en doce meses, aunque el contrato deja abierta la posibilidad de que dure un total de cuatro años, un incentivo extra para los adjudicatarios. Ahora, el organismo público encargado del pagar el desempleo ha puesto en marcha un nuevo contrato, que anunció hace solo unos días.
Valorado en 31 millones de euros, fija como prioridades la implantación de un nuevo sistema de reconocimiento y pago de prestaciones por desempleo sobre tecnología ERP SAP, que permitirá agilizar los trámites y la gestión de las actuales, de las que se desarrollen en el futuro y de los procedimientos de reclamación de deudas. El SEPE reconoce que cuenta con un equipo de varios miles de gestores -menos de 9.000- que atienden tanto las prestaciones y como las políticas activas de empleo, un área con deficiencias que impiden que realmente el ente público tenga relevancia en cuanto a la colocación de trabajadores en paro. En el caso de las prestaciones, la maquinaria del SEPE gestiona un volumen anual de 14 millones de citas y cerca de 122 millones de trámites electrónicos y atiende a dos millones de perceptores cada mes de media, una cantidad que se elevó a cinco millones durante la pandemia del coronavirus.
El organismo busca reducir los tiempos de gestión y tramitación y automatizar operaciones, tareas, cálculos, liquidaciones y pagos
Nuevas necesidades
Junto a esto, la demanda de nuevos servicios, la atención de nuevas necesidades y los requerimientos de formación se ha disparado, lo que unido a la falta de personal, hace extremadamente difícil la respuesta inmediata y ágil. Se trata, según se admite en el pliego, reducir los tiempos actuales de gestión y tramitación y automatizar operaciones, tareas, cálculos, liquidaciones, pagos, "incluyendo para ello las herramientas adecuadas", sencillas e intuitivas. Otra de las patas del contrato es el desarrollo de nuevos sistemas de intermediación y coordinación de las ofertas de empleo para dotar de eficacia estas gestiones, que por los resultados, el organismo solo tramita dos de cada cien colocaciones, requiere una transformación.
Además, se prevé un nuevo mecanismo informático para el seguimiento de las ayudas a la formación, con el objetivo de detectar y frenar el fraude relacionado con unas subvenciones millonarias en las que participan numerosos agentes. Para ello, el SEPE pretende sustituir las aplicaciones actuales, mediante las cuales se realiza la programación y seguimiento de acciones formativas. El plazo de ejecución del contrato, dividido en lotes para fomentar la competencia, será de 36 meses, a contar desde el 1 de octubre de 2022, o desde la formalización del contrato, si ésta fuera posterior. El contrato podrá ser prorrogado sin que la duración del mismo, incluidas las prórrogas, exceda de cinco años.
Además de los ciberataques, la avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) -que en algunos momentos llegaron a afectar a 900.000 trabajadores- forzaron a los efectivos del SEPE -más de 2.100 son interinos y cerca de 1.000 personal laboral- a realizar jornadas maratonianas y a acudir al centro de trabajo los sábados y domingos. Elevada carga de trabajo, plantilla mínima y envejecida, sueldos de apenas 1.100 euros en algunos casos y una tecnología obsoleta han convertido al organismo en un auténtico polvorín en el que existen numerosos frentes a los que atender.
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