Tras la indemnización por despido

UGT acudirá a las instituciones europeas si el Gobierno no sube el SMI a 1.200 euros

Fuentes de la ejecutiva confederal del sindicato aseguran que presentará una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, el órgano que vigila si la ley y la actuación de los estados respeta la Carta Social Europea.

Yolanda Díaz y Pepe Álvarez
UGT acudirá a las instituciones europeas si el Gobierno no sube el SMI a 1.200 euros
Europa Press

Los sindicatos pactaron con el Ministerio de Trabajo y Economía Social una subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.080 euros a comienzos de 2023. Sin embargo, algo más de medio año después, en UGT se muestran disconformes con la cifra y fuentes de la Comisión Ejecutiva Confederal apuntan a que si es preciso acudirán al Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) para conseguir que esta referencia se eleve al entorno de los 1.200 euros brutos al mes en 14 pagas. Este órgano europeo es el encargado de vigilar que la normativa y la actuación de los estados respeta la Carta Social Europea y está formado por 15 expertos, aunque sus decisiones no son vinculantes, sino que toman forma de recomendaciones. 

Este tratado internacional recoge la recomendación de que el SMI se sitúe en el 60% del salario medio del país, como PSOE y Sumar recogieron en su programa electoral, algo que este sindicato creen que hoy por hoy no se cumple. El grupo de expertos nombrado por la cartera de Yolanda Díaz fijó un abanico que iba desde los 1.046 a los 1.082 euros, de acuerdo con esta referencia, pero UGT considera que la cifra elegida no es la que correspondería, según desprende de los datos recopilados por Eurostat, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Actualmente el SMI se sitúa en 15.120 euros mensuales y la organización encabezada por Pepe Álvarez entiende que debería alcanzar los 16.980 euros de cara a 2024. 

Los representantes de los trabajadores consideran que Trabajo no fue del todo transparente con el método utilizado para llegar a ese baremo, por lo que ponen sobre la mesa de la próxima negociación estas tres referencias públicas, con el objetivo de forzar a la líder de Sumar a ser más ambiciosa en la próxima subida, después de que la última no solo no contara con el apoyo de la patronal, sino que suscitó contundentes críticas por parte de este lado del diálogo social. El Gobierno en funciones cree que no es momento de empezar a discutir esta cuestión, a pesar de que desde el departamento admiten que en otras ocasiones se ha pactado un alza del SMI con un ejecutivo interino.

Según trasladan las mismas fuentes de UGT, el sindicato se ha visto impulsado a dar este paso si la negociación no resulta fructífera dadas las buenas expectativas que les llegan desde Estrasburgo -donde el ECSR tiene su sede- respecto a la reclamación admitida a trámite hace casi un año sobre la indemnización por despido improcedente, después de que lo hicieran los representantes de Italia y Francia con un 'fallo' favorable. El texto registrado en marzo de 2022 abrió el camino a estas reclamaciones dado que hasta julio de 2021 España no había ratificado el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea -a pesar de que firmó la carta en el 2000- que reconoce el sistema de reclamaciones colectivas. 

Subida del salario mínimo en 2024

Desde el Ministerio de Trabajo y la CEOE se confiesa que todavía no se está sobre esta cuestión a la espera de lo que suceda con las negociaciones de investidura, pero se transmite tranquilidad ante lo que consideran que es un amplio margen de tiempo hasta que se alcance el final de año. Mientras, en CCOO evitan pronunciarse por esta materia antes de presentar el próximo jueves sus propuestas para el nuevo curso político. No obstante, parece que el sindicato encabezado por Unai Sordo podría ser más moderado en sus reclamaciones o al menos en sus eventuales actuaciones, porque el director económico de CCOO y ahora diputado por Sumar, Carlos Martín Urriza, formaba parte de la comisión de expertos. 

En los últimos cinco años el SMI ha crecido cerca de un 50%, puesto que en 2018 apenas superaba los 730 euros al mes, lo que ha llevado a los empresarios a pasar de considerar la subida como necesaria a señalarla como un obstáculo para la creación de empleo y la solvencia de sus compañías, en especial para las de pequeño tamaño. No obstante, parece que si Pedro Sánchez consigue reeditar un gobierno de coalición de la mano de Yolanda Díaz, el ejecutivo trataría de garantizar la referencia del 60%, de acuerdo con sus compromisos electorales, aunque desde Sumar se apostaba por ir un paso más allá y para garantizar que la subida fuese superior al IPC medio del año.

Mientras, a nivel teórico el debate está servido. Según la Encuesta de Estructura Salarial publicada en junio por el INE con datos de 2021, el salario medio se situaba en 25.896 euros al año, cifra similar a la que maneja la Agencia Tributaria sobre declaraciones de IRPF que es de 25.460 euros en términos reales y 28.301 como valor estimado, este último es el que UGT habría tomado como referencia para calcular el 60%. Por su parte, la base de cotización media anotada por la Seguridad Social en marzo de 2023 ascendía a 2.106 euros, pero esta referencia debe ser tomada con precaución, dado que la cantidad del sueldo que exceda de 4.495,50 euros no tributa.

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