La negociación con Puigdemont abre la puerta a una subida ambiciosa del SMI

En teoría, Alberto Núñez Feijóo es el candidato que trabaja para conseguir los apoyos para la investidura, aunque en la práctica, es Pedro Sánchez quien gana tiempo para poder reeditar su Gobierno. Ambos afrontan el mismo escollo, la necesidad de reunir el apoyo de los siete representantes de Junts, pero solo los socialistas parecen dispuestos a estudiar las demandas que Carles Puigdemont ha puesto sobre la mesa este martes. El líder de facto de los nacionalistas catalanes quiere desvincular el independentismo de la vía judicial para después abordar las cuestiones de calado económico que colman una "larga lista" de la que ha avanzado varios elementos, a pesar de no querer entrar en detalles. 

Entre ellos se encuentra el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 1.080 euros al mes a comienzos de 2023 y que el político catalán considera "insuficiente" para hacer frente al coste de la vida en Cataluña. Según el último 'Monitor de Salarios' publicado por Adecco en el mes de junio con datos de 2022, el salario medio en este territorio asciende a 1.954 euros al mes y está ligeramente por encima del cómputo nacional -situado en 1.822 euros mensuales-. Esto hace que la referencia del 60% tomada para fijar la remuneración mínima se quede 'corta' para Cataluña, ya que para cumplir con el porcentaje fijado en la Carta Social Europea el umbral debería fijarse en 1.172,4 euros, lo que supera en cerca de 100 euros el acuerdo de 2022.

Es una incógnita si este tema fue objeto o no de la conversación que mantuvieron en Bruselas Yolanda Díaz -que en teoría acudió en calidad de líder de Sumar y no como vicepresidenta del Gobierno o ministra de Trabajo- y el líder independentista. Sin embargo, no sería la primera vez que la referencia base para los salarios se cuela en las negociaciones para investir a Sánchez, dado que ya ocurrió en 2019, aunque en esa ocasión formó parte de las conversaciones con Esquerra Republicana. Además, la subida del SMI era uno de los compromisos que incluía el programa de la plataforma de izquierdas, que apostaba por elevarlo por encima del IPC anual con el objetivo de "mantener la ganancia de poder adquisitivo de las personas que lo cobran". 

De acuerdo con las previsiones de Funcas, el índice medio del incremento de precios se situará en el 3,9% para finales de 2023, lo que podría llevar a la cartera de Trabajo a elevar el SMI por encima de los 1.120 euros al mes, una cantidad que podría incluso incrementarse si los de Puigdemont deciden incluir esta cuestión entre sus exigencias para brindar su apoyo a Sánchez, dado que este punto resultaría más fácil de asumir para los socialistas que otras cuestiones que están sobre el tablero como el referéndum de autodeterminación o la ley de amnistía. Además, se trata de unos puntos de interés de Díaz, que a todas luces mantendrá su cargo de vicepresidenta si el secretario general del PSOE consigue revalidar el Ejecutivo. 

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Sin embargo, entre los objetivos de Junts podría no incluirse el 'empujón' a la subida del SMI, sino la configuración de un salario mínimo catalán, como ya reclamaron antes los republicanos catalanes y ha hecho históricamente la Generalitat. De hecho. esta era la intención del actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, quien ha desarrollado el salario mínimo de referencia (SMR) desde el Departament de Economía y Hacienda. Este valor opera como referencia para la negociación colectiva, pero no resulta de obligatoria aplicación para las empresas, dado que la competencia de fijar el SMI recae sobre el Gobierno estatal. 

Representantes de los empresarios han abogado en más de una ocasión por aplicar salarios mínimos diferentes en función de las características del territorio, como el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, o el de Cepyme, Gerardo Cuerva. Una postura que no comparten los sindicatos mayoritarios, pero sí sugieren que se tome como referencia el salario medio de cada zona en la negociación colectiva, aunque sí es apoyada por sindicatos asociados al independentismo como Intersindical-CSC en Cataluña o ELA en el País Vasco que entienden oportuno elevar el SMI hasta los 1.300 y los 1.400 euros en sus territorios. 

El Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 27 que el Gobierno debe consultar a las "organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas" cada año sobre el SMI, no obstante, fuentes del Ministerio de Díaz trasladan a La Información que "todavía no se está abordando ante la previsión de que no se demorará la formación del nuevo Gobierno". En la misma línea apuntan los empresarios, que dicen "no estar en eso" al ser una cuestión propia de final de año. El año pasado el acuerdo con los sindicatos se cerró en febrero con efectos retroactivos, por lo que el margen para cerrar la negociación de 2024 es amplio.