La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha anunciado este viernes el lanzamiento de un plan contra los impagos salariales que pretende asegurarse que las empresas aplican de forma correcta la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros que el Gobierno puso en marcha a finales del año pasado. Esa medida concreta se incluye dentro de un plan global de lucha contra el fraude laboral con el que se pretende crear un verdadero ejército de inspectores y subinspectores fiscales que envíen cartas a más de 85.000 empresas y puedan atajar la situación de unos 238.000 trabajadores que estarían estar en fraude de ley por alguna razón.
Magdalena Valerio explicó este viernes tras el Consejo de Ministros los resultados del plan de inspección laboral que se ha puesto en marcha en el último año y que, según sus estimaciones, ha servido para cambiar o mejorar la situación de casi 310.000 trabajadores, de los que unos 126.000 eran empleos irregulares que no cumplían la normativa y que han sido regularizados y han permitido incrementar la recaudación a la Seguridad Social en 1.100 millones de euros. En esa cuenta global se contempla además la conversión de más de 173.000 empleos temporales en fraude de ley en indefinidos; otros 36.000 puestos lograron ampliar su jornada; 32.000 más fueron falsos autónomos convertidos en empleados por cuenta ajena, que han aportado 217 millones de euros más en cotizaciones; y, por último, se levantaron 782 falsos becarios en empresas.
Con el aval de esas cifras en los últimos once meses, la idea de la ministra es continuar estando "en funciones pero funcionando", con un nuevo plan de 75 medidas, operativas y organizativas, en las que se pueda seguir mejorando la situación de muchos empleos "que no alcanzan el nivel de lo que se puede considerar digno", explicó la ministra. Las medidas operativas se van a centrar en los colectivos y fenómenos en los que más bolsas de fraude laboral se ha detectado, como los mencionados impagos salariales (SMI), la situación de las plataformas digitales ('riders' y repartidores), el empleo en los alojamientos turísticos (camareras de piso), la lucha contra la discrimación de género y la aplicación del control horario.
El 'modus operandi' para todo ese proceso va a ser el mismo que hasta ahora se ha realizado y que se iniciará con dos planes de choque a finales del mes de agosto: envío de cartas a las empresas en las que se ha detectado la situación irregular de los trabajadores (85.000), a partir del cual se abre un plazo de un mes para que se justifique la situación o se tomen las medidas pertinentes. Si no se hace, la empresa recibe la visita del inspector que, si corrobora la situación contraria a la ley, levanta un acta y plantea la correspondiente sanción.
Para llevarlo todo a cabo, dentro de las medidas organizativa se prevé "fichar" a nuevos inspectores, algo que la propia ministra admitió que no es fácil dado que no se puede hacer con personal interino y que requiere una formación muy específica. Aún así, la idea es ampliar un 23% la plantilla que había hace un año. En este mes de agosto, en la Inspección de Trabajo hay 2.055 efectivos, tras incluir 87 nuevos desde el año pasado. A finales de mes se prevé la incorporación de 101 personas más para lanzar los dos planes previstos, a los que se añaden otros 33 puestos que están ahora en oposiciones. Ese grupo de inspectores y subinspectores se prevé ampliar en 160 personas cada año durante los dos siguientes ejercicios.
Convocar cuanto antes el Pacto de Toledo
En la ronda de preguntas de la rueda de prensa, la ministra se hizo eco de las dudas sobre la financiación de las pensiones que ha planteado esta semana de nuevo la Comisión Europea, para advertir que lo que tiene que tener en cuenta Bruselas es que "en España no hay un problema de gasto con las pensiones, sino un déficit de ingresos". Eso es lo que obliga cada año a acudir a préstamos para pagar las extra a los pensionistas, pero a sabiendas de que el montante que se paga en pensiones en España en términos de porcentaje sobre el PIB está por debajo del de otros países europeos.
La ministra lamentó que a finales del año pasado no se lograra llegar a un acuerdo final sobre la financiación de las pensiones en el Pacto de Toledo, que prácticamente estaba cerrado, y no tuvo miedo a acusar de ello a Unidas Podemos, que cambió de postura el último día de forma incomprensible. Valerio aseguró que, una de las primeras medidas a tomar si el PSOE repite en el Gobierno será la convocatoria del Pacto, para cerrar ese acuerdo y que se puedan sostener las pensiones desde el punto de vista social (actualizadas con el poder adquisitivo) y desde el ptnno de vista económico.
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