Una decisión inédita en España permite respirar a Cabify en su batalla legal contra Auro New Transport, su socio de referencia de licencias VTC en España. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tumbado la decisión del tribunal arbitral que dejaba sin efecto la exclusividad que la compañía tecnológica española había suscrito con la firma fundada por el exjefe del taxi José Antonio Parrondo, lo que abría la puerta a que pudiera trabajar con la aplicación de su máximo rival, Uber. La sentencia, a la que ha tenido acceso La Información, entiende que existe un error manifiesto en ese laudo, por lo que concluye que que tiene capacidad para analizar el fondo. Esto no es compartido por el presidente de la Sala de lo Civil que, en un voto particular, muestra su rechazo.
Cabify y Auro unieron sus destinos en el año 2017. La primera financió la compra de licencias VTC por parte de la segunda, a cuyo accionariado habían llegado ya inversores como Félix Ruiz (Jobandtalent) o Zaryn Dentzel (Tuenti), con más de 40 millones de euros. Esto le permitía a la startup tener coches suficientes para dar respuesta a la demanda de su servicio. La contraprestación era esa exclusividad: no podía operar con ninguna otra aplicación de transporte. Los movimientos que se producen en el sector a principios de 2019 desatan la guerra: Cabify se convierte en dueño de licencias tras comprar la mayoría de Vector Ronda -en manos de Rosauro Varo- y una de las filiales de la propia Auro. Esto hace que ésta última lanza su propia aplicación, al margen de Cabify, lo que desemboca en el arbitraje que ahora se anula.
El tribunal arbitral decidió por mayoría en diciembre de 2020 que la cláusula de exclusividad con otros rivales era contraria a la libre competencia. Por tanto, la declaraba nula y permitía a Auro operar con su propia ‘app’ o con Uber. El pasado mes de abril presentó una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para anularlo, al entender que iba en contra de los principios fundamentales del derecho europeo, pues cree que un pacto de este tipo no implica ninguna restricción. Ahora, seis meses después llega la sentencia en la que el Tribunal da la razón a Cabify por mayoría y condena en costas a Auro. Lo hace precisamente agarrándose a esa regulación europea para poder entrar en el fondo de la cuestión. "El tribunal arbitral ha excluido la aplicación del derecho de la UE; ha incurrido en un déficit de motivación constitucionalmente relevante", asegura.
En la sentencia se hace mención a la clave de la financiación. Insiste en que los 40 millones de euros prestados por la startup a Auro son imprescindibles para poder operar en el mercado regulado de las VTC, pues sirve para comprar las licencias. “Imponer un pacto de no competencia a quien es a su vez financiado por su proveedor no puede considerarse perjudicial por su propia naturaleza para el buen funcionamiento de la competencia; responde a un objetivo legítimo”, asegura el Tribunal, que se basa precisamente en las directrices de la Comisión Europea.
La Sala de lo Civil ahonda además en algo que, según ellos, fue pasado por alto por el tribunal arbitral: la compra de Prestige and Limousine, una filial de Auro con unas 500 licencias VTC, ejecutando una garantía firmada previamente tiene lugar a raíz de un plan de viabilidad que cumple con los requisitos de la Ley de Competencia, pues “responde a una acreditada finalidad de garantizar en el corto y medio plazo la pervivencia de la mercantil [Auro] en situación de preconcurso y su consiguiente actuación en el mercado”. En su momento, la gestora de VTC había alegado que esta operación, junto con la de la compra de Vector, convertía a Cabify en un rival.
Esta decisión judicial es inédita, pues sería la primera que llega después de que el Tribunal Constitucional a principios de este año limitara mucho la acción de los tribunales superiores de justicia como segunda instancia de un laudo arbitral. En aquella resolución declaraba nula una sentencia del TSJ de Madrid que había anulado el resultado de un arbitraje. Destacaba que hacer esto basándose en una insuficiente motivación y entrando en el fondo del asunto era contraria al canon constitucional. Y es a esto a lo que se ha agarrado el presidente de la Sala de lo Civil del TSJ para emitir un voto particular en el caso de Cabify. “Consideramos que llega más lejos de las posibilidades razonables con que cuenta el Tribunal en el enjuiciamiento”, asegura. Su posición no cambia la mayoritaria del resto de magistrados.
¿Y el futuro?
La compañía dirigida por Juan de Antonio volverá a tener a Auro como socio exclusivo de VTC en España. Es decir, la compañía liderada por Parrondo tendrá que operar toda su flota con la startup, sin que pueda exprimir los vehículos a través de otra plataforma diferente como Uber. Queda por ver qué va a pasar con las indemnizaciones que había exigido Cabify de más de 41 millones de euros, algo sobre lo que no se pronuncia el Tribunal. Por su parte, Auro también había solicitado el pago por daños y perjuicios de 3,6 millones de euros, algo que queda sin efecto.
Esta sentencia no es recurrible, por lo que aquí se acabaría la vía judicial. Lo que está por ver es cómo se mantendrá la relación comercial entre ambas partes. Este laudo ha desgastado de manera importante ese pacto. Mientras tanto, hay una parte de la deuda financiera inicial del gigante de licencias VTC que sigue viva y que deberá devolverse en los próximos años. En las cuentas anuales presentadas ante el Registro Mercantil de 2019, últimas disponibles, no se precisan cuánto quedaba por devolver. Existe una partida de pasivo a largo plazo de 14 millones que, previsiblemente, se trataría de esta deuda.
Aún queda vivo otro laudo arbitral con otro operador de licencias VTC que, tanto accionarial como operativamente, está vinculado con Auro. Se trata de Cibeles Comfort Cars, donde también hay otros inversores destacados del mundo de internet y de las startups, que hizo un movimiento similar al de su 'homólogo' y el tribunal arbitral falló a favor de la propia Cabify. Esta compañía aún tiene margen por plazos para poder reclamar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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