El Ministerio de Fomento y la gestora de las infraestructuras ferroviarias, Adif, están ultimando un acuerdo a nivel financiero, a través de un contrato-programa, que permita a la compañía pública que preside Isabel Pardo de Vera tener una certidumbre a nivel económico de cara a los próximos años. Todo ello, a la vez que la liberalización del mercado de viajeros da sus primeros pasos de cara a diciembre de 2020.
En concreto, y según confirman fuentes conocedoras de la operación, se trataría de un acuerdo a cinco años que financiaría gran parte de la operativa e inversiones de Adif. Un paso que desde el sector consideran muy importante ya que permitiría a la empresa pública planificar a medio plazo sus focos de actuación y "no tener que ir haciendo año a año los planes", señalan.
La compañía firmó en el año 2007 el primero de estos acuerdos por un periodo de cuatro años. Hasta 2010, Adif dispuso de casi 12.000 millones de euros gracias a este contrato-programa, pero desde entonces, y tras la prórroga automática que se llevo a cabo en 2011, no ha habido más acuerdos. Por ello, la propia presidenta de la entidad confirmaba hace unas semanas la importancia de alcanzar un acuerdo con la cartera de José Luis Ábalos que está ahora a punto de cerrarse.
Pese a que no hay datos oficiales al respecto, fuentes conocedoras de las negociaciones señalan que la cuantía de este acuerdo de cara a los próximos cinco años será superior a la conseguida en 2007 y podría rondar los 15.000 millones. Fuentes oficiales de este organismo señalan que "estamos avanzando en la tramitación" de este acuerdo, pero no ponen fecha para su firma ni cuantía. Tal y como ha podido saber este medio, la tramitación estaría dando sus últimos pasos para cerrarlo el próximo mes de septiembre.
Tras la aprobación del contrato-programa de 2007, el por aquel entonces presidente de la firma, Antonio González Marín, señalaba que este "hito" supondría un "compromiso estable de financiación hasta el año 2010". Ahora, nueve años después de que finalizase el pacto y sin haber conseguido un acuerdo similar desde entonces, su nueva presidenta ha arrancado una de estas vías de financiación para la compañía.
"Tras los años anteriores donde Adif ha sufrido un contexto de crisis y de gestión, una parálisis, en este momento está todo en marcha y con la certidumbre de que se está siguiendo todo", decía Pardo de Vera hace solo unas semanas en relación con los retos que le quedan por delante.
Según la ley ferroviaria, en la que se recoge la posibilidad de firmar estos contratos-programa, este convenio se deberá firmar por un período no inferior a cinco años -por lo que se ha elegido el periodo mínimo- y debe incluir los objetivos y fines a alcanzar, así como la cuantía de las aportaciones a realizar por el Estado.
A apenas un año de la liberalización
La firma de este contrato-programa llegará, si todo va según lo previsto, el próximo mes de septiembre a poco más de un año de que se produzca uno de los hitos más importantes de la historia ferroviaria de nuestro país, la liberalización del mercado de viajeros. La fecha clave será el 14 de diciembre de 2020 cuando los nuevos operadores -que competirán con Renfe- puedan poner sus trenes en las vías de Adif.
Este hecho supondrá, según los propios cálculos de la compañía, un aumento de los ingresos gracias al cobro de los cánones por el uso de las infraestructuras. A día de hoy, la cantidad aportada a través de este concepto ronda los 500 millones de euros del resultado consolidado de la compañía pública. En cambio, una vez que se lleve a cabo la tan esperada liberalización y el aumento de la capacidad de la red en un 65%, se espera que esta cifra llegue a ser hasta un 30% superior.
Pese a que aún no hay nada claro, Adif tiene por delante varios desafíos que pasan, sobre todo, por la puesta en servicio del AVE a Galicia -uno de los primeros pasos que darán-, así como la finalización de las obras que comunicarán la meseta con Asturias y con Cantabria.
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