El bloqueo parlamentario tras la fallida investidura de Pedro Sánchez ha supuesto un fuerte revés en las aspiraciones de la CNMV por impulsar la tramitación de la futura normativa destinada a modificar el actual texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. La disposición, justificada en una directiva comunitaria con el argumento de fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas, constituye la gran esperanza para acabar con muchos de los clichés, atavismos y restricciones que, según el presidente de la Comisión de Valores, Sebastián Albella, constituyen las denominadas ‘eñes’ que lastran la regulación del mercado bursátil en España.
El máximo responsable del organismo regulador está empeñado en intensificar su particular ‘operación limpieza’ con el fin de procurar en nuestro país un marco legislativo simétrico al conjunto de Europa que equipare las actuaciones en el mercado español con el resto de sus competidores. El exceso de requerimientos legales y la profusión de complejas normativas constituyen a día de hoy un importante hándicap que resulta especialmente nocivo si se observa la evolución vertiginosa de un mercado cada vez más global y en el que todos los países tratan de ajustar sus regulaciones para apurar el atractivo ante las grandes entidades emisoras.
El último botón de muestra en esta política de la CNMV ha sido la eliminación desde el día 21 del informe previo de experto exigido en las emisiones de renta fija o productos estructurados dirigidos a minoristas. Este requisito data de 2005 y no ha sido aplicado por ninguna otra autoridad de la Unión Europea, lo que ha dado lugar a un régimen muy gravoso para las ofertas españolas. De igual modo, hace un año la Comisión de Valores lanzó una batería de medidas para agilizar los plazos en el registro de folletos. El regulador trabaja también de la mano de BME (Bolsas y Mercados Españoles) para facilitar mejores tarifas que eviten la huida de las grandes emisiones de deuda corporativa a plazas más baratas o interesantes como pueden ser Dublín o Luxemburgo.
El principal eje de la campaña que promueve el presidente de la CNMV reside ahora en las novedosas acciones de lealtad que otorgan doble voto a los accionistas que llevan más de dos años en el capital de las empresas. Esta figura está ya consolidada en los ordenamientos bursátiles de gran parte de países europeos, entre los que destacan Italia y Francia. El proyecto está contemplado en la reforma de la Ley de Sociedades de Capital con la idea de facilitar que las sociedades cotizadas dispongan de esta opción normativa en sus estatutos, si bien su aprobación debe llevarse a cabo por una mayoría reforzada de un mínimo de dos tercios y un máximo del 80% de la junta general de accionistas.
El organismo regulador considera que estos títulos con derechos políticos especiales son básicos para fomentar la salida a bolsa de las empresas familiares y pueden servir también como elemento de blindaje para las compañías bajo control del Estado. No obstante, el gran problema ahora es que si el Gobierno no se da prisa en integrar la acciones de lealtad a la normativa bursátil el efecto puede ser el contrario, dando lugar a una diáspora de sociedades cotizadas en busca de otros mercados en los que ya existen acciones de doble voto. El caso de Mediaset, que recientemente ha trasladado su sede a Holanda, ha hecho que la CNMV empiece a ver las orejas al lobo por mucho que, de momento, el propietario de Telecinco y Cuatro haya garantizado la cotización en las bolsas de Itaia y España.
Labor 'pedagógica' de Leticia Comín
La reforma legislativa puesta en marcha de común acuerdo con el Ministerio de Economía incluye también, dentro de esta misma línea de actuación, la exención de la obligación de publicar los informes anuales de gobierno corporativo a los emisores de valores que no tengan que difundir su informe financiero anual así como a las entidades para las que España no sea su Estado de origen. De esta forma se evita la inconsistencia actual y se reducen los desincentivos a emitir en España instrumentos distintos de acciones.
En última instancia, y como ya publicó este periódico, es intención de la CNMV eliminar también la obligación de publicar información financiera trimestral, una medida que el departamento que dirige en funciones Nadia Calviño justifica bajo el argumento de impulsar una visión empresarial de largo plazo en el mercado bursátil. Toda esta política está orientada a acabar con las famosas 'eñes' acuñadas por Albella y que han motivado una intensa labor 'pedagógica' en los mercados por parte de su jefa de gabinete, Leticia Comín.
La actual mano derecha del presidente de la CNMV se ha encargado estas últimas semanas de coordinar con los distintos operadores bursátiles y entidades emisoras las actuaciones pertinentes para que el dossier de la futura Ley de Implicación de los Accionistas fuera colocada en la ventanilla de prioridades del Gobierno. Lo que no estaba en la agenda de la Comisión de Valores era la paralización de la actividad política que puede dilatar la aprobación de la futura legislación hasta el año que viene. En ese supuesto es previsible que el organismo regulador ponga en marcha su maquinaria interna, vía circulares y recomendaciones al uso, para reconvertir de hecho un régimen normativo al que le falta más de un hervor para alcanzar, de derecho, su plena carta de naturaleza jurídica.
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