La dirección de AcerlorMittal y los sindicatos han acordado este miércoles la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), en principio de seis meses y que afectará a unos 7.000 trabajadores, por el incendio ocurrido en el horno alto A de la planta de Gijón. Un incidente que ha provocado la paralización de las instalaciones. El acuerdo, según han informado fuentes sindicales consultadas por EFE, establece garantías económicas del 90% del salario bruto y la totalidad de las pagas extras y las vacaciones para los afectados por el ERTE.
En concreto, entre los afectados están los trabajadores del denominado clúster de Asturias, que incluye las plantas de Gijón y Avilés, además de las de Sagunto (Valencia), Etxebarri (Vizcaya) y Leska (Navarra). UGT ha asegurado que acepta la propuesta de la empresa "siempre y cuando se respeten escrupulosamente las mismas condiciones económicas pactadas en el expediente anterior”. En cualquier caso, el sindicato ha pedido un compromiso por escrito por parte de la dirección de la reparación del horno así como fijar un límite temporal de la vigencia del ERTE
Por su parte, Comisiones Obreras ha expresado la necesidad de que se clarifique un límite temporal más definido del ERTE y ha pedido las mismas garantías que las acordadas en el pasado expediente de 2022, que expiró en marzo.
El pasado 22 de marzo se produjo un incendio en el horno alto A de Gijón, donde la empresa cuenta con dos instalaciones de este tipo, cuya vida útil estaba programada hasta 2025 y que había retomado su actividad el pasado 6 de febrero después de estar parado desde finales de septiembre por la contracción de la demanda de productos siderúrgicos. ArcelorMittal presentó en julio de 2021 un plan de descarbonización de su producción que planteaba la sustitución de este horno alto por una planta de reducción directa del mineral de hierro, que en un primer momento utilizaría gas natural y después hidrógeno verde, y un horno híbrido de arco eléctrico.
La Comisión Europea ya dio luz verde en febrero a una ayuda estatal española de 460 millones de euros, autorizada el pasado 4 de abril por el Consejo de Ministros, para un proyecto que contaría con una inversión de 1.000 millones de euros aún está pendiente de aprobación definitiva por la multinacional siderúrgica.
En paralelo, la dirección de ArcelorMittal y los sindicatos mantienen abiertas las conversaciones para concluir el VIII Acuerdo Marco que afectará a los 8.300 trabajadores de sus once plantas en España. La compañía ha propuesto una subida salarial con carácter retroactivo para 2022 de un 4 % y una paga no consolidable del 1,7 %, mientras que el alza sería del 3 % para este año y del 2,5 % para 2024 y 2025. Algo que no ha sido bien acogido por las fuerzas sindicales que ya han convocado para el 24 de abril una huelga de 24 horas y otra de 16 horas para el 28 de abril.
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