Atlantia sigue desangrándose en bolsa a medida que se conocen más noticias del desastre del puente Morandi. La firma ha vuelto a caer con fuerza en la primera sesión de la semana, un 4,68% aunque lo llegó a hacer por encima del 9%. Una de las principales razones más allá de su enfrentamiento con el gobierno italiano, es que la justicia italiana podría estar cercando a la firma por su actuación en relación al contrato de mantenimiento que tenía.
La hipótesis con la que se trabaja en la actualidad es que Autostrade, la filial de Atlantia, habría subestimado los problemas que presentaba el viaducto. El Fiscal General de Génova, Francesco Cozzi, apuntó a dicha idea en una entrevista concedida a una televisión italiana este pasado domingo. Cozzi aseguró que una monitorización en directo del puente habría podido impedir la desgracia, o bien limitarla. Más si cabe, cuando se conocía -gracias al informe emitido hace tiempo- los problemas de las varillas de unión, y como la corrosión de las baterías 9 y 10 causó una reducción del 20% del grosor de los cables metálicos.
En esa línea, la propia Autotrasde reconoce que no llevaba a cabo dicha medida en Morandi, pero que si lo hacía en otros puntos. En concreto, la compañía lo había implantado en seis zonas distintas, muchas de ellas zonas que nunca han planteado problemas. La firma se defiende al señalar que se trata de "experimentos para la validación de diferentes sistemas de medición", por lo que se necesitan zonas tranquilas para ir ajustando gran volumen de datos con el que se trabaja.
El problema está en que dos de los lugares escogidos sí eran zonas conflictivas que ya habían dado problemas anteriormente. Se trata de la zona de Cesena Norte, en la autopista A14, y el cruce denominado 'di Villamarzana' en la A13, en el sur de Rovigo. En el caso de la primera, se trata de otro punto conflictivo en la red de carreteras italianas que ha estado sometida a reparaciones recientemente. En dicha autopista, la A14, la propia Austotrade tuvo que registrar el colapso de otro viaducto. En cuanto a la segunda, se trata de otro paso elevado señalado en Italia, puesto que sus anteriores propietarios estaban implicados en diversas investigaciones sobre la Camorra y había dudas de los materiales utilizados.
En definitiva, la colocación de seguimiento en directo en dos puntos críticos en la gestión de Autostrade podría señalar que la firma tenía dudas sobre ellos. Por extensión, como explica Cozzi, se puede dar a entender que la firma subestimó la situación del puente Morandi lo que da alas a la investigación de la fiscalía italiana. Además, el fiscal señaló que por mucho que pueda insistir Atlantia, el Ministerio de Infraestructuras no tendrá que responder por el siniestro. Puesto que no tenía “obligaciones reales” de su seguimiento o mantenimiento.
El Gobierno eleva el tono frente a Autostrade
A medida que han ido pasando los días trs la tragedia, el Gobierno liderado por Giuseppe Conte ha elevado sus amenazas. En un primer momento, el Ejecutivo deslizó que se revisaría la concesión hecha a Austostrade per L’Italia, una de las empresas que controla la filial de Atlantia, de la autopista en cuestión, la A10. Las siguientes declaraciones fueron todavía más ambiciosas y señaló Conte que se revisarían las 6 concesiones que tiene la compañía en Italia. El último movimiento, ha sido el de señalar que se podría estar trabajando en la nacionalización de la red entera de la propia Autostrade, según el vicepresidente italiano Matteo Salvini.
La red de autopistas italiana funciona mediante una colaboración público-privada que se alcanzo en el año 2000. Por aquel entonces, se decidió que se mantendría pública la titularidad de las autopistas, pero tendrían una gestión privada. Bajo dicho acuerdo, las empresas pagan una suma importante al Estado, mientras que explotan la gestión. Ahora, uno de los partidos del Gobierno, Movimiento 5 Estrellas, está empujando con fuerza para revertir la situación.
Por el momento, Autostrade tiene 15 días, comienzan a contar este lunes 20 de agosto que la empresa ha recibido la notificación, para detallar en un informe que ocurrió en el puente Morandi. Aunque en paralelo, el ministro de Infraestructuras, Danilo Toninelli, y el ministro de de Desarrollo Económico, Luigi Di Maio ya trabajan en desarrollar un procedimiento administrativo con el que devolver al ámbito público la gestión de las autopistas italianas. Además, según el propio Ejecutivo pueden cumplir su plan sin tener que pagar los 20.000 millones.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios