Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, ha decidido suspender la orden de bloqueo temporal de la red social Telegram mientras espera recibir un informe policial sobre las características de la aplicación de mensajería instantánea, así como sobre la incidencia que pueda tener la medida entre los usuarios.
En una providencia dictada hoy lunes, el juez Pedraz acuerda, con carácter previo a la suspensión temporal de los recursos asociados a Telegram, solicitar a la Comisaría General de información un informe sobre la Plataforma Telegram para conocer dichos datos.
De este modo, el titular del Juzgado Central número 5 deja en suspenso la suspensión temporal de Telegram que acordó en un auto del pasado viernes. Pedraz dio tres horas de plazo a las operadoras de telefonía para bloquear en España la aplicación de mensajería instantánea Telegram, que contarían desde la recepción de la comunicación judicial.
La orden judicial deriva de una denuncia presentada por Mediaset, Antena 3 y Movistar Plus+ en la que acusaban a la aplicación de alojar sin permiso contenido protegido por derechos de autor.
Orden a las operadoras de telecomunicaciones
En dicho auto, el magistrado dirigía un mandamiento a las operadoras de telecomunicaciones y de acceso a Internet con autorización para operar en España para que procediesen a la suspensión de los recursos asociados a Telegram.
Una medida cautelar adoptada por el juez en el marco de un procedimiento por un delito de vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual contra los titulares de diversos canales creados en la red social Telegram.
Pedraz acordó la suspensión temporal de Telegram por considerar la medida, al igual que la Fiscalía, “necesaria, idónea y proporcional”, al entender que no hay otra alternativa para frenar la difusión de esos contenidos.
Qué explicaba la resolución del juez sobre Telegram
En su resolución, el juez explicaba que las autoridades de las Islas Vírgenes británicas (donde está la sede social de la empresa de mensajería) no han colaborado con la comisión rogatoria enviada a Telegram para que informase de determinados datos e identificara a los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción.
La falta de información por parte de Telegram, argumentaba, no le permite continuar instruyendo la causa por lo que tomó la decisión de bloquear la plataforma para evitar “la reiteración de los hechos denunciados”.
La decisión judicial ha sido criticada por diversos ámbitos profesionales y políticos, desde el Consejo de Ingenieros Informáticos hasta la organización de consumidores Facua, Vox y Podemos, así como por expertos del sector digital.
