Las operadoras de telefonía no han recibido aun la orden judicial para suspender la aplicación de mensajería instantánea Telegram que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dictó este sábado. La razón detrás de esta decisión fue un supuesto uso sin permiso de contenidos protegidos por derechos de autor.
El auto firmado por el juez explicaba que las compañías de telecomunicaciones dispondrían de un margen de tres horas desde el momento en el que recibiesen la orden para aplicar la medida y bloquear los recursos asociados a la aplicación en torno a la cual se está dando el procedimiento judicial.
La suspensión de la aplicación se ha decidido después de que Mediaset, Antena 3 y Movistar Plus+ presentasen una demanda en la que alegaban que varios canales de la aplicación estaban incurriendo en un delito de vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual.
Telegram no ha colaborado para identificar las cuentas
Pedraz, titular de juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, considera la medida "necesaria, idónea y proporcional" porque no hay alternativa para frenar la difusión de esos contenidos.
El auto explica que las autoridades de las Islas Vírgenes británicas (donde está la sede social de la empresa de mensajería) no han colaborado con la comisión rogatoria enviada a Telegram para que informase de determinados datos e identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción.
La falta de información por parte de Telegram no le permite continuar instruyendo la causa por lo que el juez tomó la decisión de bloquear para evitar "la reiteración de los hechos denunciados". La decisión judicial ha sido criticada desde diversos ámbitos profesionales y políticos, desde el Consejo de Ingenieros Informáticos hasta la organización de consumidores Facua, Vox y Podemos, así como por expertos del sector digital.
