CaixaBank, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell y el resto de entidades españolas han empezado a mantener reuniones con varios 'servicers' para esbozar un plan con el que afrontar la posible oleada de impagos empresariales, sobre todo en créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), según varias fuentes de mercado consultadas por La Información. En cualquier caso, se trataría de un paso anticipatorio y de cautela, pues el sector sigue convencido de que sus carteras no muestran signos preocupantes de deterioro.
De hecho, la mayor proactividad está viniendo fundamentalmente de los 'servicers', que son los que se están aproximando a los bancos para ver si necesitan externalizar parte de estos servicios. Pero ambas partes se están encontrando con un obstáculo: todavía no existe un protocolo claro de cómo se va a gestionar esta morosidad. El mayor impacto, comentan, se va a observar principalmente a partir del 30 de junio, momento en el que llegará el vencimiento de la moratoria concursal si el Gobierno decide no prorrogar. Además, existe otra duda en el sector. Las entidades están tratando de definir con el Banco de España y Banco Central Europeo (BCE) cómo provisionar estos impagos, puesto que una parte cuenta con garantía pública.
No en vano, el volumen de dinero movilizado es ingente y ha sido inyectado en empresas con condiciones muy dispares. Algunas solamente requerían una inyección para mantener el control ante una situación de cierre total de la economía y obtener cierto nivel de liquidez para afrontar pagos inmediatos, pero para otras estas ayudas han sido fundamentales para encarar una situación delicada convertida en un problema de solvencia por el impacto de la crisis y, en definitiva, para poder continuar existiendo.
Los 'servicers', tales como Altamira, Servihabitat o Haya Real Estate, nacieron en su mayoría de la mano de entidades financieras para que estas pudieran dar una vuelta a su negocio volviendo a los asuntos más tradicionales (no inmobiliario) y aliviar así sus cuentas para crecer desde una base más saneada, por lo que desde su origen han tenido el cometido de gestionar grandes carteras de activos tóxicos relacionados con el suelo. A pesar de que la banca ha ido limpiando su balance este tipo de problemas, es cuestión de tiempo que tenga que enfrentarse a dificultades distintas relacionadas esta vez con sus clientes empresariales.
Los 'servicers' han mutado para convertirse en expertos en la gestión de carteras más pequeñas y granulares con intención de tender la mano a la banca
Los equipos de estas firmas, que compiten en el mercado con el pastel que tratarán de comerse los grandes fondos de inversión a precios de saldo, ya han empezado a conformar unidades especializadas en carteras más pequeñas y granulares relacionadas con las pymes o autónomos con intención de gestionar y dar servicio a las entidades financieras en el momento en que empiecen a palparse las dificultades.
Las ayudas ICO vinculadas al coronavirus está previsto que asciendan por encima de los 150.000 millones de euros. Por el momento, y según los últimos datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital correspondientes al cierre de mayo, se han desplegado garantías por importe de 107.102 millones de euros que han permitido movilizar 140.627 millones de euros hacia el tejido productivo español. Se han financiado a más de 750.000 compañías a través de 1,19 millones de operaciones, de las que el 98% ha sido suscrito por pymes y autónomos.
Frente a todo, el sector bancario sigue obcecado con que sus carteras no muestran signos importantes de deterioro, por lo menos con respecto a sus previsiones iniciales. Las entidades financieras consideran que el esfuerzo realizado hasta ahora en términos de provisiones extraordinarias es más que suficiente como para no hacer un drama de un escenario en el que la dudosidad se disparase hasta el 7%, un nivel con el que se profundizaría en máximos de febrero de 2018. Esto supondrá elevarla en más de tres puntos porcentuales con respecto al umbral actual.
Contrasta esta postura con la de máxima prudencia de las autoridades supervisoras, que apuntan a un grado de incertidumbre en la actualidad de magnitud desbocada. El Banco de España cree que la posición del sector está siendo muy optimista y cifra en 21.000 millones los créditos ICO en riesgo de impago, a la vez que ha avisado de un mayor deterioro por la guerra y el precio de la energía. También hay varios actores involucrados en el análisis del sistema que tienen claro que empezarán a aflorar problemas más pronto que tarde. Axis Corporate estima que el 50% del total de la financiación facilitada se concentra en los sectores económicos más afectados por la pandemia y por ello están siendo objeto de un estudio muy pormenorizado, ya que habrían experimentado un alza del 30% en sus saldos dudosos en apenas seis meses.
Altamira también es consciente de esta delicada situación. De ahí que hace meses haya puesto en marcha una unidad de negocio especializada en la gestión de carteras de activos problemáticos de pymes que ya gestiona 3.000 millones de euros. Su equipo estima que la banca detectará problemas en al menos 15.000 millones de euros de créditos ICO. Y esto solo teniendo en cuenta un escenario conservador, si bien muchos ya empiezan a anticipar mayores deteriores a medida que los tipos de interés suben, fundamentalmente si lo hacen de forma muy rápida.
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