El servicer Altamira, propiedad del grupo doValue (85%) y de Banco Santander (15%), adapta su negocio para hacer frente a la tormenta que está cerca de desatarse en el mundo de los préstamos a empresas a raíz de la crisis del coronavirus. La firma prepara el lanzamiento de una nueva unidad de negocio especializada en la gestión de carteras de activos problemáticos de pequeñas y medianas empresas (pymes) de las que se querrán despojar los bancos a medida que empiece a aflorar la morosidad todavía contenida por el escudo legal. Esta comisión estará lista para funcionar a toda potencia muy pronto, aunque se prevé que los trabajos no empezarán a intensificarse hasta verano.
Se da la circunstancia de que los servicers nacieron en su mayoría de la mano de entidades financieras para que estas pudieran dar una vuelta a su negocio volviendo a los asuntos más tradicionales (no inmobiliario) y aliviar así sus cuentas para crecer desde una base más saneada, por lo que desde su origen han tenido otro cometido: la gestión de grandes carteras de activos tóxicos relacionados con el suelo. La banca ha ido desaguando su balance de este tipo de problemas, pero es cuestión de tiempo que tenga que enfrentarse a dificultades distintas relacionadas esta vez con sus clientes empresariales.
Dado el nuevo escenario, Altamira ultima la planificación de un equipo especial en carteras más pequeñas y granulares relacionadas con las pymes o autónomos con intención de gestionar y dar servicio a las entidades financieras y a los fondos de inversión internacionales que como es habitual pujan por hacerse con este tipo de activos tóxicos con altos descuentos. Algo todavía apenas visto en otras compañías de este tipo que aparecieron de filiales inmobiliarias de la banca.
Se especializará por primera vez en carteras más pequeñas y granulares de pymes con el fin de diversificar su negocio ante la posible pérdida de uno de sus grandes contratos con Sareb
La actual coyuntura y el potencial deterioro de estos activos en los balances de las entidades financieras abre una ventana de oportunidad para el desarrollo de este nuevo proyecto con el que ganar diversificación. Y para Altamira abrir nuevas líneas de negocio es crucial, pues es posible que pierda uno de sus contratos históricos con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). El 'banco malo' tiene un proceso abierto para revisar sus acuerdos y está previsto que el desenlace se resuelva pronto. Con el fin de ahorrar costes, reducirá los cinco pactos actuales a apenas dos o tres. Altamira pelea junto a Haya y Solvia por renovar. Blackstone e Hipoges también quieren luchar por alguno de ellos. Servihabitat quedó fuera recientemente.
Con esta apuesta, la compañía capitaneada por Francesc Noguera pretende anticiparse para ir de la mano del sector financiero en el reto que previsiblemente tendrá que encarar en los próximos trimestres, una vez se se acerque el fin de las carencias en los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). La ingente cantidad de ayudas dispuestas sobre el tejido productivo, con un volumen que supera los 140.000 millones de euros, pone de relieve que no es una cuestión insustancial.
A pesar de que el impacto ya no se espera tan intenso como cuando no existía visibilidad sobre el futuro más cercano, la prolongación de las restricciones e incluso los problemas en la cadena de suministros dejan entrever que se producirá un deterioro en una parte de los préstamos concedidos. Para guardarse las espaldas, los bancos ya han ido apuntándose importantes provisiones extraordinarias y durante los últimos trimestres se ha producido una caída de préstamos concedidos a la clientela hasta el denominado 'Stage 2', que son aquellos que muestran cierto riesgo de impago y que se encuentran a solo un escalón de entrar en mora.
El momento exacto en el que se cumplirán las carencias de los préstamos dependerá de la fecha de la firma del contrato a nivel individual, pero previsiblemente la mayor parte empezará a llegar alrededor del próximo mes de junio. Será en ese punto en el que los equipos jurídicos y financieros de las pequeñas y medianas empresas, autónomos y otras compañías tendrán que valorar su situación y solicitar a su banco de confianza, si así lo ven conveniente, la realización de transferencias para la reducción del principal (quitas), que se pueden solicitar hasta mediados de 2023.
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