El sector bancario español no le teme a la morosidad. Frente a la posición de máxima prudencia de las autoridades supervisores que apuntan a un grado de incertidumbre en la actualidad de magnitud desbocada, las entidades están convencidas de que el esfuerzo realizado hasta ahora en términos de provisiones extraordinarios es más que suficiente como para no hacer un drama de un escenario en el que la dudosidad se disparase hasta el 7%, un nivel con el que se profundizaría en máximos de febrero de 2018. El último dato agregado disponible coloca esta métrica en el 4,32%.
Entre los despachos financieros se cree que en España puede haber un repunte de la mora de entre uno y dos puntos, hasta alrededor del 6%, aunque si llegara al 7% no se vería como una tragedia, según manifiestan los principales socios de la unidad de regulación financiera y riesgos de PwC en su último informe clave sobre banca. Tienen claro que no se van a cumplir los peores escenarios manejados en su momento por los reguladores y que compartían muchos expertos. La firma auditora cree que las autoridades están influidas por un elevado exceso de pesimismo.
El Banco de España reniega de la idea de haber caído en el catastrofismo. No obstante, la subgobernadora, Margarita Delgado, no ve conveniente que la banca mantenga tal certeza y complacencia con respecto al comportamiento de los clientes y le exige una posición de cautela adicional, sobre todo en la gestión de las carteras, su morosidad y la cobertura necesaria. De manera análoga, solicita un ejercicio complementario de análisis de los sectores que potencialmente se podrían ver más afectados por el conflicto armado en Ucrania debido al incremento de los precios de las materias primas o de la energía.
Al riesgo vinculado a los préstamos a empresas por más de 100.000 millones de euros con aval público, se le une ahora una situación de menor crecimiento con una inflación desorbitada. Sin duda, esta combinación de factores está precipitando al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) a ajustar sus medidas de política monetaria. Y la herramienta para afrontar esta sostenida subida de precios no es otra que el incremento de los tipos de interés. Christine Lagarde ya ha adelantado que empezará a realizar ajustes, pero ha matizado que el movimiento en las tasas de referencia se hará transcurrido some time after, es decir, algún tiempo después del final de las compras de activos.
El Banco de España tiene claro que esta aclaración representa un compromiso de gradualidad y el rechazo a cualquier tipo de brusquedad para que el sector financiero pueda compaginar el efecto positivo de una subida de tipos sobre el margen financiero a la vez que maneja las consecuencias negativas en la morosidad, pues el mayor coste financiero previsiblemente afectará a familias y empresas. ¿El problema? Que a este nuevo escenario se llega con un incremento muy significativo tanto del crédito refinanciado como del clasificado en vigilancia especial, la antesala al impago, concentrado sobre todo en los sectores más damnificados por la pandemia, como la hostelería, la restauración o el transporte. Precisamente estas actividades son las que tienen de nuevo potencial de agudizar su estrangulamiento financiero debido al inédito entorno de guerra.
Los expertos de PwC en realidad también comparten en parte este mismo prisma. Reconocen que las consecuencias en las carteras de crédito son desiguales en función del diferente daño que el Covid-19 ha infligido a los distintos sectores económicos. La heterogeneidad sectorial tiene una fuerte correlación con la posibilidad de default de la cartera de crédito de la banca española, de modo que los los préstamos impagados del sector de ocio, por ejemplo, se elevaban hasta el 13,3% -según datos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), y en hoteles y restaurantes la tasa era del 9%.
Las dudas que acechan a la economía, alimentadas ahora con la crisis de Ucrania, obliga a la banca a estar vigilantes sobre la evolución de los préstamos, más aún ahora que empezarán a vencer los periodos de carencia de los préstamos avalados por el ICO, a pesar de la flexibilización que este mismo martes ha aprobado el Gobierno. Ante el dudoso entorno, el Ejecutivo ha decidido rebajar los requisitos para la extensión de los vencimientos -ya no es condición sine qua non que la cifra de negocio haya caído más de un 30% para acceder a la ampliación de los plazos-, al tiempo que ha habilitado un periodo de carencia por seis meses extras a petición de los deudores de los sectores más afectados. Los expertos coinciden en señalar que algunas medidas de emergencia, como las quitas, se han revelado innecesarias.
¿Hachazo encubierto al contribuyente?
Para el Estado resulta crucial que la banca refine su estrategia de seguimiento del crédito para poder discriminar entre empresas viables y no viables, incluso entre los particulares que se acogieron a las moratorias hipotecarias y de consumo cuyos pagos se han retomado deben seguir siendo objeto de vigilancia. Precisamente, la mayor incógnita ahora es en qué medida el alivio y apoyo al tejido productivo acabará afectando al propio ICO y, en definitiva, al bolsillo del contribuyente. Los expertos de PwC creen que al margen de los buenos resultados conseguidos por el momento son soluciones que entrañan algunas paradojas y contrasentidos.
En España se han concedido créditos con el apoyo del ICO y otras instituciones por valor de 132.600 millones de euros, de los que 106.000 millones están avalados por los organismos públicos. De este modo, existe un peligro real de que los potenciales impagos deban ser soportados por las arcas del Estado. El mes de abril se avecina y será entonces cuando la carga financiera de las empresas que no puedan acogerse a las nuevas medidas de flexibilización empezará a aumentar como consecuencia de los pagos del principal de estos préstamos. Más del 85% de los créditos tendrá que comenzar en los próximos meses a devolver la financiación solicitada.
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