Viernes, 22.03.2019 - 23:36 h
Nuevo foco para desclasificar documentos

Pimco y otros fondos siguen a Del Valle y van a EEUU a 'destapar' datos del Popular

Los bonistas  recurren a un juzgado en Nueva York para obligar al Santander a entregar documentos que se mantienen confidenciales

Fotografía Banco Popular
Banco Popular / L.I.

Los focos judiciales se multiplican para sacar a la luz los datos sobre la caída del Popular que la Junta Europea de Resolución (JUR) se niega a desclasificar. Siguiendo la estela del exconsejero de la entidad y uno de los principales perjudicados con su colapso, Antonio del Valle, los bonistas han recurrido a un tribunal de EEUU en un intento para forzar la divulgación de qué ocurrió en esos días críticos y por qué se tomó la determinación de resolver la entidad.  

Los fondos de inversión estadounidenses Pimco y Anchorage han presentado ante el Tribunal Federal para el distrito Sur de Nueva York una solicitud probatoria para acceder a información detallada sobre la compra por parte del Santander de la entidad. No es una demanda judicial o recurso contra el grupo cántabro sino un procedimiento conocido como "discovery" que permite instar a un juzgado a que fuerce a compañías con residencia y operativa en mercado estadounidense a divulgar  información para casos seguidos en otras instancias judiciales fuera. 

El grupo de inversores mexicanos liderados por Antonio del Valle, apoyado en su bufete estadounidense Kirkland & Ellis, pulsó esta vía hace justo un mes. Ambos buscan solicitar pruebas que les asistan a sus causas legales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde pretenden anular la decisión de la JUR y la Comisión Europea. 

Los fondos Pimco, Anchorage, Algebris, Ronit Capital y Caim Capital se han personado además como afectados en la investigación penal abierta por la Audiencia Nacional contra el Popular, sus dos expresidentes, Ángel Ron y Emilio Saracho, los miembros de su anterior consejo de administración y la firma auditora PwC. En el juzgado demandaron también al FROB por la ejecución de la resolución, donde perdieron en conjunto 850 millones de euros. Solo Pimco contaba con bonos valorados por encima de los 489 millones y Anchorage por unos 155 millones. 

El bufete de abogados londinense Quinn Emmanuel representa a los cinco fondos. En España, es la firma Andersen Tax & Legal la que actúa como asesor legal. El socio director del bufete Richard East precisó que la solicitud es para recabar "todas aquellas pruebas y datos necesarios del Santander que permitan apoyar nuestras respectivas acciones legales en Luxemburgo y Madrid", una acción "fundamental para un proceso justo, equitativo y transparente".

El bufete considera al Santander como el principal beneficiario de la resolución del sexto banco español y dispone de información, como dueño del Popular, "que es de importancia crítica para los procedimientos legales en Europa" y explicaría una venta que "provocó la pérdida de las inversiones de nuestros clientes" según relata al tribunal en la documentación recogida por Efe y Europa Press.

¿Qué pasó con la liquidez? ¿Cómo se fijó el precio?

Los fondos demandan 26 documentos relacionados con la solución dada al Popular, después de que el consejo pidiese el día 6 de junio pasado la intervención al Banco Central Europeo (BCE) ante una estampida de depósitos que le impediría operar con normalidad al día siguiente. 

Entre la información figura el relato de esa sangría de liquidez, que algunos informes desvelaron que empezó a sufrirse en mayo y se precipitó tras acontecimientos como el reconocimiento por parte de la JUR de que estaba monitorizando su situación, y las rebajas sucesivas delr rating por parte de las agencias de calificación a medida que se iban conociendo noticias negativas de la entidad. La documentación relacionada con las peticiones de la Asistencia de Liquidez de Emergencia (ELA) y cómo se gestionó es uno de los documentos más codiciados de los que se mantienen bajo llave. 

Los fondos reclaman otros como todas las comunicaciones de ambas entidades entre ellas y con las autoridades, el informe final de Deloitte debe aclarar si los accionistas y bonistas habían recibido mejor trato de haber acudido a un procedimiento de insolvencia o antiguo concurso de acreedores, cómo gestionó el Popular el refuerzo de capital entre 2012 y 2016, su proyecto 'Sunrise', si había alternativas a la resolución y cómo se abordaron o la letra pequeña de la compra. 

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