Durante el último pleno de este viernes en el Ayuntamiento de Barcelona se ha aprobado la nueva tasa para grandes operadores postales. Esta medida es conocida como la 'tasa Amazon' debido al uso especial que estas empresas hacen del espacio público cuando reparten los productos de comercio electrónico en algunas ubicaciones particulares.
La iniciativa ha contado con el apoyo de BComú, PSC, ERC, JxCat y CS y afectará a los operadores cuyos ingresos brutos procedentes de la facturación anual sean superiores a 1 millón de euros, obtenidos por las entregas que realicen a los destinos indicados por los consumidores de la capital catalana.
La concejal de Comercio, Mercados, Consumo, Régimen Interno y Hacienda, Montserrat Ballarín, ha señalado en declaraciones a los medios que la tasa "entrará en vigor la próxima semana" y que tiene como objetivo gravar a los operadores que hacen "un uso intensivo muy importante" de los espacios de índole pública.
Además, Ballarín ha recordado que esta tasa no grava "las distribuciones que se hacen en los puntos de recogida o en los centros de distribución de mercancías". De esta forma, la cuantía de la tasa se fijará en función de un porcentaje sobre los ingresos brutos facturados por la empresa, descontadas las operaciones excluidas de tributación.
Límites fijados
El importe a satisfacer por el conjunto de operadoras no podrá superar el límite fijado para el aprovechamiento, cuantificado en 2,6 millones de euros. Con esta medida, Barcelona se ha convertido en la primera ciudad en aplicar una tasa de estas características, en un contexto que nace de las restricciones que comportó la pandemia y que supuso que el comercio electrónico ganara peso en la capital catalana.
Así, quedarán afectadas todas aquellas grandes empresas que actúan en el mercado como operadores postales, realizando carga y descarga en la vía pública, mediante cualquier clase de vehículo, con el fin de distribuir en los destinos particulares indicados por los consumidores.
El consistorio argumenta que este tipo de operadoras que realizan entregas masivas a domicilios de la ciudad hacen un uso especial del dominio público, congestionan el espacio e incrementan la contaminación, lo que genera un desequilibrio de competencias con el comercio de proximidad.
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