La empresa australiana Berkley, que planeaba construir una mina de uranio en la provincia de Salamanca, ha acusado de cometer una infracción de la normativa administrativa al Ministerio de Transición Ecológica por su gestión de la tramitación del proyecto.
La compañía minera reunió a sus accionistas en una junta la semana pasada y enviaron un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que afirmaron que el bloque a la construcción de las instalaciones para la extracción de uranio es "arbitrario" y "no es legal".
El comunicado también concreta que los estudios previamente realizados en la zona de Retortillo (Salamanca), donde se pretendía construir la mina, dan razones para pensar que podría haber 89,3 millones de libras de uranio, suficiente para convertir la región en un centro de producción que podría competir con los de menor coste a nivel mundial, generando grandes beneficios económicos.
Modificaciones al proyecto inicial
Los informes desfavorables sobre el proyecto han ido postergando el avance de Berkeley, que ha defendido sus "mejoras" al proyecto inicial, entre las que ahora incluyen un proyecto para instalar en la zona un sistema de producción eléctrica mediante placas solares.
Sobre esta idea, la empresa ha detallado en su escrito remitido a la CNMV que en esa misma zona existe abundancia de luz natural, por lo que este tipo de generación sería fiable y a bajo coste, sin generar emisiones de dióxido de carbono. En su informe, Berkeley analiza también la incidencia de la guerra de Ucrania y la forma en que está afectando a la producción y consumo de energía en Europa.
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