La empresa minera Berkeley ha anunciado hoy que iniciará un arbitraje internacional contra España por el bloqueo del proceso de la mina de uranio en Salamanca. Así lo ha informado la compañía en una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hoy martes.
En noviembre del año 2022, Berkeley presentó una notificación por escrito sobre una diputa sobre inversiones al presidente del Gobierno de España -Pedro Sánchez- y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), informándoles de la naturaleza de la disputa y de las "violaciones del Tratado sobre la Carta de la Energía".
Berkeley propuso entonces "buscar prontas negociaciones para una solución amistosa de conformidad con el artículo 26.1 del TCE". Sin embargo, asegura que en estos momentos, el Ejecutivo español "no ha entablado ninguna discusión relacionada con la disputa y Berkeley no ha tenido más opción que tomar medidas y hacer valer sus derechos en el proyecto de Salamanca a través de un arbitraje internacional".
Compromiso de diálogo abierto
La compañía ha informado de que ha contratado equipos especialistas de Herbert Smith Freehills Spain LLP y LCS Abogados, con el propósito de "preparar y presentar conjuntamente la solicitud de arbitraje al CIADI -Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones-".
A pesar del inicio de este procedimiento a nivel internacional, Berkeley ha recalcado que continúa "comprometida con el proyecto de Salamanca y sigue abierta a un diálogo constructivo en España". La empresa minera ha remarcado que está "disputa a colaborar con las autoridades españolas pertinentes para encontrar una solución amistosa a la situación de los permisos y tiene la esperanza de que puedan tener lugar debates a corto plazo".
Ley de Cambio Climático y Transición Energética
Según recuerda la agencia Efe, España aprobó en el año 2021 la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que se introdujo una enmienda por la que no se aceptarían nuevas solicitudes de concesiones de exploración, investigación y explotación directa de materiales radiactivos, ni tampoco sus prórrogas, tras la entrada en vigor de la norma, que se produjo en mayo de ese año.
En el caso de las concesiones existentes, los procedimientos abiertos y las solicitudes relacionadas con éstos continuarían normalmente con base en la legislación anterior, según Berkeley. Berkeley afirma -según señala la agencia- que posee derechos legales vigentes y consolidados para la investigación y explotación de sus proyectos mineros, incluida la licencia minera por 30 años (renovable por dos períodos más de 30 años) para el proyecto de Salamanca, pero cualquier nuevo procedimiento abierto ahora por la compañía no está permitido por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
La nueva ley entró en vigor en mayo de 2021 y en noviembre de ese mismo año el Ministerio para la Transición Ecológica notificó a Berkeley que había rechazado el proyecto NSC II, consistente en una planta de concentrado de uranio, tras un informe desfavorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de julio de 2021. Para Berkeley, el CSN adoptó una decisión arbitraria, ante lo cual la compañía presentó documentación, incluido un informe de mejora para complementar la solicitud inicial y en julio de 2021 pidió la reevaluación por el CSN.
En el mes de agosto del pasado año, la compañía presentó más documentación y, además, solicitó al Ministerio acceso a ficheros de autorizaciones para otros proyectos similares de uranio en España para verificar y contrastar las condiciones con que se aprobaron. Berkeley cree que el CSN ha actuado de forma discriminatoria y arbitraria al evaluar la solicitud de su proyecto, y también dice que el Ministerio ha infringido normas en materia administrativa y de procedimientos, lo que implicaría que el rechazo de su solicitud no es legal.
