Mina de Salamanca

Berkeley tacha la futura ley de PSOE-UP como una "expropiación retroactiva"

La compañía considera que "la aprobación de una enmienda de tal naturaleza implicaría una medida retroactiva que expropiaría los derechos legales de Berkeley sin justificación"

Ribera rastrea los resquicios legales para clausurar la mina de uranio de Berkeley
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EFE

Berkeley Energía, la minera angloaustraliana que desarrolla el proyecto minero de uranio de Salamanca, ha intentado quitar hierro a la posible ilegalización de su yacimiento ante la futura Ley del Clima que impulsan los partidos del Gobierno de coalición PSOE-Podemos. 

Berkley se reafirma en su proyecto y recuerda que tiene actualmente derechos legales, válidos y consolidados para la investigación y explotación de sus proyectos mineros, incluida una licencia minera válida por 30 años (renovable por dos períodos más de 30 años) para el Salamanca. "La aprobación de una enmienda de tal naturaleza implicaría una medida retroactiva que expropiaría los derechos legales de Berkeley sin justificación", lamenta el grupo minero.

"Es importante señalar que actualmente solo se trata de una propuesta de modificación de el proyecto de ley de cambio climático y transición energética que ahora debe ser revisado y aprobado o rechazado por la C omisión de Transición Ecológica del Parlamento, y posteriormente seguir el mismo proceso en el Senado", señala la compañía a la CNMV.

Sin respaldo parlamentario

En este sentido, la empresa recuerda que los procesos tanto en el Parlamento como en el Senado deben ser "completos y consistentes", y la enmienda propuesta debe ser respaldada por una mayoría de votos en ambas Comisiones para que sea aprobada. 

"En consecuencia, la enmienda propuesta específica relacionada con la investigación y explotación de minerales radiactivos puede o no estar incluida en el borrador final del proyecto de ley de transición energética y cambio climático", añade. 

La posición de Berkeley sobre el contenido de esta enmienda propuesta es clara: "la prohibición de actividades económicas en España sin motivos justificados es contraria a la Constitución española y a los derechos legales reconocidos por otros instrumentos internacionales".

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