La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha confirmado con números el brutal impacto de la primera ola del coronavirus sobre la población de mayor edad. El último Boletín de Indicadores Eléctricos publicado esta semana, detalla la evolución del bono social eléctrico, dirigido a ayudar a los colectivos más vulnerables, durante el estado de alarma y el confinamiento en los meses de marzo y abril. En ese periodo, el colectivo de pensionistas fue el único entre los acogidos al bono que perdió beneficiarios.
Entre marzo y abril, los que recoge la estadística, el número de pensionistas acogidos al bono -vulnerables y vulnerables severos- descendió en casi un 2% y pasó de 160.677 beneficiarios en febrero a 157.822 en abril. Es una evolución que contrasta con la del resto de colectivos. Durante los meses "duros", crecieron todos los grupos con derecho a solicitar los descuentos de hasta un 40% en la factura. Los que más, las familias vulnerables con más hijos (Ver gráfico).
La estadística de Competencia muestra también que los mayores descensos entre los pensionistas acogidos al bono social se dieron entre los más desfavorecidos. Entre febrero y abril, los "pensionistas vulnerables" cayeron a un ritmo mensual del 0,4%. Los porcentajes fueron más abultados en el grupo de "pensionistas vulnerables severos" con caídas del 2,1% entre febrero y marzo y del 1,2% entre marzo y abril.
Los números del comienzo
El boletín mensual de la CNMC recoge un crecimiento del 1,5% en el número de acogidos a las rebajas de facturas hasta abril: de 1.252.392 beneficiarios en febrero hasta 1.271. 352 en abril. En realidad son los números del comienzo. El Ministerio de Transición Ecológica adelantó en junio que el número de acogidos a descuentos superaba los 1,3 millones. Un empujón generado desde los autónomos, a los que el Gobierno autorizó a solicitar el bono por cese total de su actividad o por haber visto reducida su facturación en al menos un 75% como consecuencia de la Covid-19.
El impacto de la pandemia en los colectivos más vulnerables fuerza al Gobierno a estudiar cómo prorroga parte de las medidas -el llamado escudo social- que puso en marcha en la primera ola de la pandemia. Todavía no hay decisiones concretas, aunque el calendario aprieta porque buena parte de estas medidas dejarán de estar en vigor este mes.
El Ejecutivo baraja la posibilidad de ampliar las medidas de apoyo a las personas más vulnerables, que comenzó a establecer a las pocas semanas de iniciarse la pandemia, cuando se decretó el estado de alarma. Hay intención de hacerlo, pero todavía hay que decidir si estas medidas se mantienen tal y como estaban, o si es necesario hacerles alguna modificación, y también el plazo por el que se prorrogarán.
El retorno gradual de la actividad económica sólo va aliviar un poco una situación preocupante, según las asociaciones que se ocupan de la pobreza energética. Organizaciones como la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) consideran que las medidas ya aplicadas no resuelven los problemas de aquellos que ya estaban en mala posición antes de la pandemia. Y que son muchos. En 2018, más de un millón de personas tuvieron que recibir ayudas para poder utilizar energía eléctrica.
Pobreza energética
Hasta el 8,3% de hogares sufre pobreza energética, es decir en torno a 1,5 millones (más de 4 millones de personas), según el estudio La pobreza energética en España: aproximación desde una perspectiva de ingresos, de María Teresa Costa-Campi, Elisenda Jové-Llopis y Elisa Trujillo-Baute elaborado de la Universitat de Barcelona. Para los colectivos más vulnerables, el bono social es el único flotador que evita un desplome aún mayor en la pobreza y la desigualdad.
El impacto de la pandemia no sólo ha puesto a prueba la agilidad de las empresas y de la Administración. En el sector eléctrico, con una historia de competencia relativamente reciente y en dos tiempos -leyes eléctricas de 1997 y de 2013-, se ha puesto a prueba también el proceso de liberalización. La razón, explican fuentes de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) es que, en una situación de desplome económico, con hogares y empresas en dificultades para pagar facturas, sólo las grandes compañías tradicionales -Endesa, Iberdrola, Repsol, Naturgy y EDP- tienen músculo suficiente para aguantar el impacto de la crisis.
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