Bruselas es parodiada y criticada con frecuencia como una ciudad gris, lluviosa y de poco atractivo, pero allí donde se juntan la joya medieval de la Grand Place o la escultura del Manneken Pis se agolpan las grandes instituciones de la Unión Europea. Son también foros de decisión económica del más alto nivel donde conviven miles de funcionarios comunitarios, representantes de los Estados miembros, un ejército de 'lobbistas' y empresas de todo el planeta buscando decantar legislaciones y regulaciones financieras, transporte, agrícolas o tecnológicas hacia sus intereses. Estos días esa actividad de los grupos de presión se intensifica pero a distancia, especialmente en lo que respecta a bancos y aerolíneas, dos de los sectores más golpeados por la crisis sanitaria, según ha podido constatar 'La Información'.
Ahora, por culpa de los confinamientos del Covid-19, estos encuentros directos están dando paso a más llamadas y videoconferencias para acelerar algunos cambios normativos relativos a la crisis. Los bancos, por ejemplo, se están fajando para lograr la relajación de normas propuestas por la Comisión. Además de la triple red de liquidez que la UE lanzará en favor de trabajadores, empresas y Estados a través del programa SURE para el mantenimiento del empleo, los préstamos y avales del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y los créditos para gasto sanitario del MEDE, Europa está adecuando las normas bancarias al contexto actual para agilizar que fluya el crédito hacia la economía real.
A mediados de marzo, el BCE relajó algunos ratios de capital de la banca para liberar 120.000 millones de euros en capital e incrementar en más de 1,8 billones de euros los préstamos a empresas y hogares. También hay cambios en el tratamiento de los créditos morosos para adaptarse a las moratorias hipotecarias. Ahora, la Comisión Europea propone las modificaciones que relajarían la Directiva sobre Requisitos de Capital para los bancos que operan en la UE. Bruselas acepta el retraso de un año al implementar los estándares internacionales de capital de Basilea III, en línea con las recomendaciones de ese Comité donde está presente el BCE e instituciones monetarias del Eurosistema como el Banco de España; tratar de manera más favorable las garantías públicas que los Estados están ofreciendo a los préstamos para empresas u hogares; retrasar la aplicación de los nuevos colchones de apalancamiento, o flexibilizar los cálculos de algunas exposiciones.
"Son algunos cambios limitados", prescribe el texto de la Comisión, pero de calado y que podrían inyectar hasta 450.000 millones en los balances. A cambio, el BCE ya amenazó a las entidades para que cancelen sus dividendos hasta octubre y, el pasado miércoles, el vicepresidente de Economía, Valdis Dombrovskis, les recordó que "deberán suspender la distribución de dividendos y limitar las remuneraciones, tal y como aconsejan la Autoridad Bancaria Europa y el Banco Central Europeo".
Antes de la presentación de estas directrices se produjo una amplia consulta entre la Comisión Europea y las partes afectadas por las medidas, relevantes en cuanto al proceso legislativo del paquete bancario, según dijeron fuentes comunitarias a este diario. El Ejecutivo de Von der Leyen, la rama de supervisión bancaria del BCE y la Autoridad Bancaria Europea son las tres patas que trabajan en este proceso. Un portavoz de la Comisión reconoce que también se “lanzará un diálogo con el sector financiero, las empresas y representantes de los consumidores para explorar ideas sobre cómo el sector debería apoyar los esfuerzos con los que ayudar a ciudadanos y negocios”.
Bruselas, reconocen desde la Comisión, "trabajará estrechamente con todos los actores relevantes". Ante estos movimientos, el sector bancario español prefiere guardar silencio y remitirse a la interlocución directa que realiza la asociación European Banking Federation (EBF) con las autoridades europeas, ya que ésta "canaliza las posiciones de sus asociados". Desde la EBF sí "dan la bienvenida a esta iniciativa legislativa de la UE en favor de la flexibilidad regulatoria".
De hecho, su consejero delegado, Wim Mijs, confirma que “están preparados para contribuir con su experiencia a mejorar” las propuestas de la Comisión, además de agradecer “la invitación para profundizar el diálogo y trabajar en ideas y buenas prácticas”. Sin embargo, esas invitaciones todavía no se han formalizado ni tampoco concretado los participantes, y no será hasta próximas fechas cuando se cierren todos estos detalles.
Al rescate de las aerolíneas
La aviación comercial es otro de los sectores clave en esta economía en modo de guerra por culpa del coronavirus. Según la IATA, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, la demanda de vuelo está en mínimos de quince años, la misma que en 2006, con la salvedad de que ahora las flotas de aviones y los trabajadores son el doble que entonces. A diferencia de con el sector bancario, con las aerolíneas no se trata de flexibilizar normas para que asuman un papel más activo en la mitigación de la crisis económica y favorecer la recuperación.
De lo que se trata es de evitar quiebras masivas. "El sector del transporte aéreo es de los más afectados en Europa y estamos intentando dar respuestas a nivel comunitario”, explicó la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño. “Estamos en contacto con los gobiernos de otros países para ver qué respuesta se está dando a la situación de las distintas las aerolíneas, que no es la misma. La solvencia financiera de algunas ya estaba muy debilitada antes de que llegase esta crisis y eso puede dar lugar a soluciones que pueden no ser necesarias para todas", insistió.
La francoholandesa Air France-KLM ya ha recibido 10.000 millones de euros en préstamos y garantías por parte de los gobiernos francés y neerlandés con el objetivo de mantener sus 350.000 empleos directos e indirectos. Alemania ultima con Lufthansa un paquete de ayuda de hasta 10.000 millones de euros que le llevará a controlar hasta un 25% de su accionariado y a sentarse en su Consejo. Portugal, por su parte, prepara su intervención en la aerolínea TAP, de la que ya controla un 50% del capital. Sin embargo, el Gobierno español sigue dudando sobre si ayudar a Iberia o Vueling, las dos compañías más relevantes que forman parte del holding IAG. Estas entradas en el capital de las aerolíneas se producen tras la relajación de las normas de competencia para las ayudas públicas realizada por Bruselas al inicio de la pandemia.
El Gobierno francés fue uno de los más empujó en favor de este movimiento, en su política de crear campeones nacionales y europeos y que ya había chocado con Bruselas durante la fracasada fusión de Alstom con Siemens. Son los gobiernos, y no las empresas, las que están liderando las presiones a la Comisión para favorecer las ayudas al sector de las aerolíneas. El 'lobby' está siendo más soberano que corporativo. Doce países europeos liderados por Francia y Portugal, dos de las principales potencias turísticas europeas, a las que acompañan socios del este como Polonia o Bulgaria y otros importantes destinos como Grecia o los Países Bajos, escribieron recientemente una carta a la Comisión exigiendo una relajación en las normas de los derechos de los pasajeros. Su objetivo es frenar “un desafío serio de cash flow” en las aerolíneas mediante las devoluciones de los billetes cancelados con bonos o cupones para su uso posterior y no con reembolsos en metálico.
Sin embargo, España se ha desmarcado de esta misiva y en la reciente videoconferencia entre los ministros de Transporte de la UE, José Luis Ábalos, habló sólo de “permitir temporalmente a las compañías aéreas ofrecer a los pasajeros ‘vouchers’ en lugar de reembolsos”. El Ejecutivo quiere que, si ese bono no se usa en su plazo de validez, la devolución sea en metálico. Es una opción que no defienden los otros doce países, para los que las aerolíneas deberían “escoger los medios por los que los pasajeros son reembolsados”. A diferencia del paquete bancario, el de las aerolíneas será mucho más controvertido en el Parlamento Europeo, por donde ambos deben pasar para su aprobación. En los dos informes, la actividad de los representantes empresariales se volcará en presionar a los eurodiputados.
Bruselas es conocida como la capital comunitaria o europea. Una burbuja con encuentros informativos diarios en 'think tanks', representaciones regionales o asociaciones empresariales y donde miles de dirigentes de la UE y nacionales, politólogos y economistas analizan y debaten sobre las próximas políticas que se desplegarán en Europa.
En el café previo o en el cóctel posterior, los 'lobbistas' echan sus redes de relaciones públicas. Como, por ejemplo, cuando Bruselas trabajaba en 2014 en la Unión Bancaria. Entonces, era frecuente ver en ellos, por ejemplo, a representantes del Banco Santander, BBVA, ING o de las industrias de fondos de inversión y 'hedge funds'. Estos canales informales apuntalan la base desde la que luego se presionará en reuniones oficiales a funcionarios y dirigentes de la Comisión, representantes de los gobiernos en Bruselas o eurodiputados. La Covid-19 se ha llevado por delante todas esas reuniones presenciales, pero volverán pronto para marcar la agenda política.
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