La Comisión Europea eleva este miércoles a 300.000 euros las ayudas públicas que se pueden conceder a una empresa sin necesidad de comunicar a la institución la evaluación de su legalidad. También han elevado a 750.000 euros las ayudas en el caso de que las beneficiarias desarrollen sus actividades en servicios de interés público como la sanidad y el transporte.
El Ejecutivo ha aprobado de esta manera varias enmiendas a la normativa 'de minimis', que recoge el funcionamiento de las ayudas estatales de pequeña cuantía compatibles con el mercado interior y sin efectos sobre la competencia europea. La principal modificación es un aumento del techo de 200.000 euros por compañía en tres ejercicios fiscales, que está fijado desde 2008, hasta los 300.000 euros para tener en cuenta el impacto de la inflación.
En el caso de los bienes y servicios de interés general, en el que se incluyen sectores como el transporte público o servicios sanitarios, el Ejecutivo comunitario elevó a 750.000 euros el umbral desde el límite de 500.000 euros que existía hasta ahora.
Bruselas introduce para ambos casos una serie de obligaciones para que los Estados miembros registren todas las ayudas 'de minimis' concedidas en un registro central a nivel nacional o europeo a partir del 1 de enero de 2026 con el objetivo de redecir la burocracia que tienen que afrontar las empresas.
Un tercer cambio en el marco de ayudas de pequeña cuantía establece "puertos seguros" para los intermediarios financieros, con el fin de impulsar las ayudas en forma de préstamos y avales. Ya no requerirán como hasta ahora una transferencia completa de las ventajas que éstos disfrutan a los beneficiarios finales de las mismas.
El marco normativo que amparaba estas ayudas de pequeña cuantía que no tienen que recibir autorización por parte de la Comisión Europea expiraba el próximo 31 de diciembre y con estas enmiendas, que se aplicarán a partir del 1 de enero del próximo año, quedará prorrogado hasta el final de 2030.
