La Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Cliente Financiero por fin está a punto de ver la luz. Ha pasado alrededor de cuatro años desde que el Gobierno, entonces con Mariano Rajoy al frente, colocó encima de la mesa por primera su intención de poner en marcha este cuarto supervisor. Ahora, tras esquivar las intenciones de Alberto Garzón en su cargo como ministro de Consumo por tomar el mando de este proyecto, al que la regulación le otorgaba un margen de actuación, Nadia Calviño tiene previsto dar aire a este ansiado organismo autónomo en un próximo Consejo de Ministros y en un contexto totalmente oportuno, según fuentes al tanto consultadas por La Información.
La titular de la cartera económica quiere zanjar de una vez el tema de esta ventanilla única para defender al cliente financiero tras años en los que ha tratado de blindarse ante su socio de Gobierno en Consumo, quien ha intentado aprovechar la oportunidad que le ofrecía la normativa para reforzar su papel en una oficina gratuita que permitirá presentar reclamaciones con veredictos vinculantes hasta una cantidad determinada sin la necesidad de contar con la defensa de un abogado ni la representación de un procurador. También tiene visos de desatascar el enorme colapso que sufren los juzgados españoles. Cuando Calviño llegó al Ejecutivo de la mano de Pedro Sánchez se comprometió a sacarla adelante tras el primer esbozo del anterior Gobierno.
El Ministerio de Economía dará aire a este órgano autónomo en un momento en el que el factor tiempo es clave. Durante las últimas semanas, el trato de las entidades financieras a sus clientes está siendo objeto de debate, sobre todo entre un colectivo concreto: el de las personas mayores. Calviño se ha enfrentado en público al sector y ha mantenido reuniones privadas con los principales representantes de la industria bancaria para atajar este problema, aunque fuentes consultadas por este medio aseguran que los encuentros han tenido un tono amable y muy diferente al que ha mostrado la ministra en sus intervenciones.
El año pasado el Ejecutivo se centró en aligerar los anteproyectos de la ley de fomento del ecosistema de 'startups', de impulso a la creación y crecimiento empresarial y la reforma concursal, tres piezas que forman parte de la hoja de ruta del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con las que Calviño pretende contribuir a mejorar la demografía del tejido productivo y el clima de negocios. Ahora la nueva y principal meta del Ministerio de Economía en materia legislativa es destapar en una próxima reunión de ministros este proyecto que acumula años atascado y que siempre se alzó como una de las propuestas estrella.
La creación de esta autoridad en realidad es de obligada aprobación por mandato del derecho europeo y la misma absorberá las funciones que viene desempeñando el servicio de reclamaciones del Banco de España. Este organismo responsable de prevenir y mitigar el riesgo sistémico para la estabilidad financiera debía de haber iniciado sus trabajos hace ya casi dos años. Durante este tiempo y desde la primera aproximación, el anteproyecto de ley para crear esta línea de defensa de los consumidores ha ido tomando diferentes formas. El embrollo analítico y la falta de acuerdo han sido otros de los elementos que han propiciado su dilación. Uno de los aspectos claros es que se aplicarán varias tasas a las entidades financieras que tendrán la naturaleza de ingresos presupuestarios de este supervisor.
La banca española tendría que pagar hasta 5,34 millones de euros solo por las quejas recibidas durante los últimos meses debido a la potencial tasa que incluye la Autoridad
En el primer texto se hablaba de una cuota de hasta 200 euros por cada reclamación recibida. Sin embargo, en una de las últimas actualizaciones consultadas ya no se especificaba de cuánto será la tasa, por lo que es posible que varíe. También se incluye un canon por la emisión del informe con recomendaciones individuales. Con ellas se busca crear un incentivo para que la banca resuelva los problemas de forma amistosa. Teniendo en cuenta solamente la cuota de los 200 euros, la banca española tendría que pagar unos 5,34 millones de euros por las 26.719 quejas recibidas solo entre enero y septiembre de 2021, según los datos provisionales del Banco de España. En los nueve primeros meses del año pasado, las reclamaciones registradas en el servicio del organismo que dirige Pablo Hernández de Cos ya supera en más de 5.000 a las de todo 2020.
Las discrepancias entre los clientes y las entidades se ciernen fundamentalmente en las tarjetas, las hipotecas, las cuentas y los depósitos, especialmente por las comisiones cobradas, que no paran de crecer o establecerse nuevas por el uso de determinados servicios que hasta hace poco venía siendo común que fueran gratuitos. La idea es que las reclamaciones que gestiona el Banco de España, cuyas resoluciones no son vinculantes, se aglutinen desde ahora en la Autoridad de Protección al Cliente. Esta oficina emitirá resoluciones vinculantes, aunque su poder estará limitado hasta un importe de reclamación que aún no ha trascendido. De este modo, siempre teniendo en cuenta el coto impuesto, la Autoridad Independiente podrá ordenar la devolución de lo cobrado indebidamente y acordar cualquier medida que considere necesaria para restituir al cliente en sus derechos e intereses legítimos.
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