La batalla de Cellnex con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está lejos de cerrarse. La gestora de infraestructuras de telecomunicaciones española va a gastar hasta el último cartucho y plantea acudir al Tribunal Constitucional para pedir amparo ante la decisión del organismo de mantener intacta la sanción de 13,7 millones de euros por abuso de posición en el mercado de la Televisión Digital Terrestre (TDT). El grupo es el operador encargado de ofrecer cobertura nacional en esta tecnología en un negocio que ha perdido mucha relevancia en su cuenta de resultados frente al de las torres de telefonía.
El pasado mes de enero, la empresa hoy dirigida por Marco Patuano interpuso recurso para que se declare la nulidad de la resolución del Tribunal Supremo, avanzada en diciembre por La Información, que le cierra la puerta a una revisión de esa cifra, tal y como queda reflejado en la documentación del informe anual consultada. Previsiblemente esta apelación -que no se especifica en la documentación, pero sería una suerte de incidente de nulidad- será rechazada por lo que se trata de un paso intermedio antes de llevar el caso al Constitucional. No se establecen plazos pero todo hace indicar que en la segunda parte de este año se iniciará este último paso para tratar de tumbar -o reducir- la sanción.
El dinero de la sanción ya está desde hace tiempo provisionado en las cuentas del grupo cotizado. El pago se suspendió cautelarmente en su momento por parte de la Sala de lo Contencioso de Audiencia Nacional, pero ahora con esta sentencia firme del Supremo -al margen de ese recurso de nulidad- se podría exigir el desembolso. Cellnex asegura que el organismo presidido por Cani Fernández podrá solicitar la ejecución del aval bancario depositado en la Audiencia. Antes del cierre de estas cuentas no se ha llevado a cabo esta petición formal.
El caso tiene casi doce años de historia desde su tramitación inicial a principios de la pasada semana. En febrero de 2012 la CNMC entendía que Abertis Telecom -la antigua Cellnex- había abusado de su posición de dominio mediante la práctica de estrechamiento de los márgenes en los mercados de servicios mayoristas de acceso a las infraestructuras y centros de emisión para la difusión de la Televisión Digital Terrestre en España. Esos 13,7 millones de euros se basaba en la facturación de la compañía dentro de este mercado -en aquel momento el de las torres de telefonía era un negocio muy incipiente-.
Ese sólo fue el inicio de un periplo muy largo. La Audiencia Nacional estimó parcialmente en 2015 el recurso de la empresa y le ordenó a la CNMC a que procediera al recálculo de la sanción por considerar que los criterios aplicados en su día por el organismo no eran los adecuados. Tres años más tarde el Supremo no accedió a la petición del grupo de tumbar la sanción por completo -defendía que no había abusado de su posición en el mercado- por lo que todo volvía a la casilla de salida para volver a poner una cifra. La CNMC decidió revisar el procedimiento pero no recortar la cifra. La Audiencia volvió a ratificar la decisión y en diciembre lo hizo el Supremo.
Otros casos de la TDT
Hay otro caso abierto con la CNMC por la primera gran sanción que se impuso por el organismo regulador en el año 2009. Esta era inicialmente de 22,7 millones de euros. El Supremo dio la razón a la empresa, pero sólo en lo que a la cuantía se refiere. En esta ocasión, la Comisión lo recortó cuatro millones hasta los 18,7 millones. La Audiencia Nacional ratificó la decisión. Y el Alto Tribunal admitió a mediados del año pasado el caso. En diciembre confirmó que la Abogacía del Estado había presentado oposición. Dictará su decisión en su momento. No hay fecha para que lo haga. Al igual que en la otra pugna, esa cantidad ha sido consignada y reservada por parte del grupo de infraestructuras en cuentas por lo que en caso de perder no implicaría impacto en la rentabilidad dentro de la cuenta de resultados.
La otra vertiente judicial vinculada a la TDT está en las altas instancias comunitarias. En 2013 la Comisión concluyó que Retevisión -perteneciente a Cellnex- y otros operadores habían recibido ayuda estatal por importe de 260 millones contraria a la legislación continental. Ordenaba a España a recuperar el importe de las ayudas. Cellnex apeló y el Tribunal de Justicia de la UE dictó sentencia anulando las decisiones. Bruselas volvió a dictar resolución en junio de 2021 concluyendo que algo muy similar y, por tanto, había que recuperar el dinero. Los gobiernos de Extremadura, Cataluña, Valencia, Asturias y otros iniciaron procedimientos por un importe global de 100 millones. El grupo español ha recurrido ante el Tribunal General de la UE solicitando la anulación. La vista oral del juicio tuvo lugar en octubre de 2023. Aún no se ha pronunciado. Según Cellnex, se espera que lo haga antes de que acabe marzo.
Al margen de todos estos frentes abiertos por el negocio de la TDT, hay que tener en cuenta que este es un negocio que se ha convertido con los años en residual para Cellnex. El año 2023 generó un total de 253 millones de euros, lo que supone prácticamente un 7% del total. Y en el nuevo plan estratégico que la empresa presentó en el Capital Markets Day de la pasada semana se dibuja una pérdida mayor de peso por su estabilización y el crecimiento de otras áreas. Se espera que en 2027 suponga el 5%.
