Las advertencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre el anómalo comportamiento en Bolsa de las acciones de Berkeley Energía han alimentado los recelos del Gobierno sobre el plan de la empresa para explotar una mina de uranio en Retortillo (Salamanca), a 50 kilómetros de la frontera con Portugal. El expediente del proyecto, que cuenta con la oposición de la mayoría de los partidos en el Congreso, está sobre la mesa de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que debe decidir sobre la posible suspensión del proyecto.
No es un secreto. Al Ejecutivo de Pedro Sánchez, el negocio que rodea a la energía nuclear no le gusta. La ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera es partidaria de cerrar las centrales a medida que cumplan con su vida útil; se ha paralizado la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, es partidario de atender a las recomendaciones del Parlamento sobre el negocio del uranio salmantino.
El de Berkeley es un asunto espinoso. La mayoría de los partidos políticos son favorables a la paralización del proyecto y así lo manifestaron en junio en la ponencia del Congreso para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Pero el grupo Berkeley, que cotiza en las Bolsas de Londres, de Sidney (Australia) y desde el 18 de julio en el mercado continuo de España, ha realizado inversiones y solicitado permisos que hacen muy complicado desmontar el mecano administrativo trenzado en los últimos años.
Respuesta del Gobierno Rajoy
Según la respuesta enviada el 21 de mayo pasado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy a una pregunta de Unidos Podemos en el Congreso, el Proyecto Salamanca de Berkeley cuenta desde hace cinco años con una declaración favorable de impacto ambiental de la Junta de Castilla y León y desde 2015 dispone, además, de una autorización previa como instalación radioactiva de primera categoría de combustible nuclear.
Aunque la lista de trámites pendientes es larga, el Gobierno se tienta la ropa para evaluar las consecuencias de paralizar el proyecto de una empresa cotizada al que todavía le falta mucho camino por andar. La fábrica de procesamiento de uranio necesita, además, de la autorización previa, autorizaciones de construcción, de explotación y de desmantelamiento que corresponden al Gobierno previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
En la mina tampoco basta con la concesión de explotación. Berkeley, según detalló el Ejecutivo, tiene que presentar también un Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental preoperacional; un Plan de Gestión de Efluentes Radiactivos, y un Programa de Vigilancia y Control de las Aguas subterráneas.
En medio de esa telaraña administrativa, las advertencias de la CNMV sobre el anómalo comportamiento del valor en Bolsa han alimentado todos los recelos. Berkeley siempre ha mostrado un excelente manejo de la información financiera para atraer inversores a sus proyectos. Pero la evolución del valor desde que comenzó a cotizar en España el pasado 18 de julio llama la atención.
Desplome en la Bolsa
Como señaló la CNMV, el subidón de precio (52%) de la primera jornada podría atribuirse a la falta de información de los inversores sobre un proyecto aún inmaduro. Desde el 18 de julio, el valor se disparó. El 7 de agosto cotizaba a 3,27 euros, siete veces el precio al que salió a Bolsa (0,47 euros). Luego vino el desplome - un 80% desde el máximo de agosto- hasta colocarse en los 0,658 euros que marcó en la sesión del jueves (-32% respecto a la jornada del miércoles).
La montaña rusa bursátil coincide en el tiempo con cierta agitación en la comarca, según la prensa local, que da cuenta de amenazas y denuncias relacionadas con opositores a la mina de uranio. En declaraciones públicas, el vicepresidente de Berkeley en España, Francisco Bellón, señaló que "entristece ver de qué manera los grupos de oposición intentan detener este proyecto, sin ningún argumento técnico, científico ni legal, incluso yendo en contra de los deseos de la población que están ahí para representar, actuando, por tanto, solo en su nombre, y sin ofrecer ninguna alternativa a la gente que encuentra en este proyecto la esperanza de toda una comarca".
Según Berkeley, el grupo ha invertido ya más de 70 millones de euros en la provincia de Salamanca en la última década e invertirá otros 250 millones en los próximos años. La inversión creará más de 2.500 empleos directos e indirectos, la mayoría de alta calidad y a largo plazo. Todo si el Gobierno no paraliza sus planes.
Además, la empresa ha emitido este viernes 81.000 acciones ordinarias como parte del plan de incentivos para empleados y 700.000 derechos sobre acciones de conformidad con el 'Performance Rights Plan' aplicable a empleados clave y consultores.
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