La 'Ley de Ciberseguridad 5G' toma forma. Y ante la potencial expulsión de proveedores de la infraestructura de las redes como el gigante chino Huawei, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advierte de los riegos para la competencia, lo que podría reducir los incentivos a la innovación y aumentar el coste de prestación de los diferentes servicios. "Pueden alterar las condiciones de competencia", asegura el organismo, que recuerda que se trata de un mercado que se lo reparten tres grandes agentes: la propia Huawei y ZTE, en el continente asiático, y Ericsson y Nokia en Europa.
Reino Unido ya expulsó hace más de un año a Huawei, con un periodo de transición de seis años hasta 2027, prohibiendo la compra de nuevos equipos de la compañía desde el 1 de enero de este año y la instalación de su tecnología en la parte 'troncal' y más sensible de la red 5G. Alemania aprobó hace unos meses una ley estricta para determinar cuáles son los proveedores confiables que ponía en la picota al gigante chino. Y otros países también han seguido los pasos, como Francia. En España, la ley es un anteproyecto y sigue aún en una fase embrionaria. La CNMC ha analizado ese primer borrador y ha alertado de los efectos en el mercado.
En el informe que acaba de remitir al Ejecutivo de Pedro Sánchez, el organismo avisa de que expulsar a uno de los competidores del mercado tiene riesgos importantes para la competencia. No se refiere exclusivamente a Huawei pero, lógicamente, todas las miradas están puestas sobre el gigante asiático, por los antecedentes en otros muchos mercados. Esto hace que sea, según explica el organismo en el informe consultado por La Información, imprescindible que se analice "rigurosamente" la aplicación de la misma, introduciendo ese efecto en el reparto de las diferentes cuotas de mercado como uno de los criterios a sopesar antes de tomar medidas drásticas.
Este efecto en la competencia puede ser exacerbado, según explica la Comisión, al incluir como uno de los criterios de valoración el perfil de riesgo el nivel de exposición a injerencias de terceros países, "entrando a valorar aspectos geopolíticos que puedan impactar en la seguridad". El organismo presidido por Cani Fernández defiende que esta posible pérdida de competencia tiene un coste no sólo en la innovación, sino también en el precio por la prestación de servicios o en la reducción e la calidad. Es por ello que ha reclamado al Ejecutivo que ponga negro sobre blanco los criterios de valoración de las medidas de seguridad.
Precisamente esa ambigüedad había sido una de las notas predominantes del anteproyecto de ley que, incluso, llegó a poner en alerta a las operadoras de telecomunicaciones que deben contratar a esos proveedores de red para los futuros despliegues de la red 5G. Era algo buscado que ahora señala con el dedo la CNMC. El propio Pedro Sánchez ha mantenido una posición un tanto confusa en esta materia. Se impulsó esta 'ley 5G' pero se ha tramitado con cierta ralentización en los plazos -pese a tener los primeros despliegues a la vuelta de la esquina-. Además el presidente hizo declaraciones a lo largo del pasado año con guiños a las compañías asiáticas. Lo hizo por ejemplo en octubre de 2020 en la cumbre hispano-lusa: "Vamos a seguir apostando y diversificando las alianzas con otras operadoras, no sólo de nuestro continente sino también chinas".
Todas estas advertencias son sobre decisiones previas a los despliegues. Pero, ¿qué sucede si la restricción sobre uno de los suministradores de red se produce cuando éste ya está presente en el despliegue de la red 5G de una determinada teleco? Debería ser sustituido. Pero esto, según la CNMC, generaría un "impacto significativo" en la competitividad de ese operador. De hecho, las telecos advirtieron en su momento a Europa que para reemplazar a un proveedor fuera del ciclo de vida habitual y sin un coste significativo se necesitan más de 5 años. Por ejemplo, Vodafone anunció el freno en la instalación de equipos de Huawei supondría un 'agujero' de más de 200 millones de euros.
Por eso desde la CNMC exigen que se incluya un apartado dentro del articulado de la ley en el que se advierta de que las obligaciones que se impongan a las operadoras y suministradores "deberán ser previamente analizadas en función de la valoración de los riesgos de seguridad que se pretenda mitigar y, la afectación a la competencia que pueda producir en el mercado". Esta última 'coletilla' es la clave para el regulador, que insiste en que se han de marcar de manera muy clara las reglas para que "no se genere discriminación entre competidores".
Desde la Comisión se colocan en el escenario en el que haya un suministrador afectado por una calificación de riesgo alto o medio por parte del Gobierno, en base a esta nueva ley. Y recuerdan que se debe garantizar la transparencia de todo el procedimiento, dando audiencia previa a todos los participantes "para evitar su indefensión". No está previsto en el anteproyecto de ley que la calificación, una vez realizada por el Ejecutivo, pueda ser realizada o modificado en caso de que algo hubiera cambiado. "Convendría aclarar si puede ser revisada y el procedimiento para ello", apostillan.
¿Y los plazos?
Este toque de atención sobre el efecto en la competencia no es el único que pone sobre la mesa la CNMC en el informe, aprobado por el consejo el pasado mes de noviembre y hecho público esta semana. También advierte de los plazos, como ya lo hicieron las operadoras de telecomunicaciones, que han optado por hacer las primeras contrataciones, como es el caso de Telefónica, excluyendo de manera directa a Huawei. "La fijación de criterios y aplicación de medidas deberían realizarse lo antes posible, para evitar que esta situación de incertidumbre se dilate en el tiempo, lo que perjudica al sector en general", apunta en el informe.
Entre los plazos para la aprobación de la nueva ley, que podría tener lugar a mediados del año próximo en el mejor de los escenarios, y los de la remisión por parte de las telecos de sus análisis de riesgos sobre los suministradores -que es de cuatro meses desde la entrada en vigor- se podría ir incluso a 2023. En este sentido, desde el organismo regulador insisten en que se fije un tiempo máximo para el 'visto bueno' definitivo del Gobierno a esas clasificaciones aportadas por las operadoras.
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