Jueves, 17.01.2019 - 10:41 h
Estimada en más de 2.000 millones

Las concesionarias temen no ver nunca la 'indemnización' por los peajes quebrados

Señalan que serán los últimos en cobrar las cantidades a las que debe hacer frente el Estado, ya que antes se sitúan los acreedores. 

Peajes
Las concesionarias temen no ver nunca la 'indemnización' por los peajes quebrados. /EFE

El Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos ha estimado por primera vez la Responsabilidad Patrimonial de la Administración por las autopistas quebradas en más de 2.000 millones de euros, una cifra superior a la calculada por sus antecesores en el cargo que la dejaban en los 1.800 millones. En cambio y pese a este trámite, las concesionarias que en aquel momento tenían en su poder la explotación de las vías no confían en cobrar las cantidades prometidas por la resolución anticipada del contrato. 

La cartera que encabeza Ábalos tenía como plazo hasta mediados de enero para cuantificar las 'indemnizaciones' que se deben pagar a las concesionarias por las radiales de Madrid -las vías más importantes de las que se rescindió el contrato de concesión-. Estas carreteras quebraron como consecuencia de una caída del tráfico, tal y como señalaron las empresas en su momento, y el Gobierno decidió convertirlas en públicas con la gestión de la empresa SEITTSA. 

Las por aquel entonces adjudicatarias y los fondos que se quedaron con las deudas que contrajeron durante su periodo de funcionamiento privatizado reclaman en concepto de indemnización cantidades que ascienden hasta los 5.000 millones de euros. En cambio, no confían en recibirlo en el corto plazo e incluso algunas señalan que no cuentan con esta cantidad "nunca". 

La devolución de estas cantidades, sujeta a un procedimiento judicial, se podría alargar en el medio plazo, tal y como ellos mismos admiten. "Las concesionarias seremos las últimas en cobrar", señalan desde una de las afectadas. "Primero irán los acreedores, los bancos, los fondos... no se si veremos ese dinero", continúa otra de las compañías que se quedaron sin la gestión de estas carreteras. 

Más allá de este problema, las concesionarias señalan a la forma en la que el Estado hará frente a estas 'indemnizaciones'. "Antes decían que se iban a relicitar las vías y con ese dinero se pagaría las RPAs", afirman, pero tras la negativa del Ejecutivo a volver a sacar al mercado -al menos por ahora- la gestión de estas carreteras, el flujo de efectivo que podrían dedicar al pago de estas cantidades se ve cerrado por completo.

El pasado mes de julio, el Juzgado mercantil número 6 de Madrid declaró fortuito el concurso de acreedores de Accesos de Madrid, la sociedad controlada por Abertis, Sacyr, ACS y Bankia en 2012. Por ello, se admitía que la declaración de la situación de suspensión de pagos de la firma no se debió a una mala gestión de los administradores si no a la situación sobrevenida como consecuencia de la crisis económica que se daba en ese momento. Como consecuencia, se libraba a las empresas del pago de ningún tipo de indemnización al Estado.

Las vías ahora en manos de SEITTSA siguen perdiendo tráfico pese a su vuelta al sector público. Por ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado una reducción del 30% en el precio de la circulación por estas carreteras con el fin de conseguir descongestionar las vías que no son de pago en las horas punta de acceso y salidas de la ciudad de Madrid. Del mismo modo, se aprobó la imposición de rebajas para aquellos viajeros frecuentes que cuenten con sistemas de pago electrónico. 

Otra de las medidas para tratar de conseguir un aumento de tráfico que haga viables estas autopistas fue la conversión a gratuitas durante los periodos nocturnos, es decir, de 00:00 de la madrugada a 06:00 de la mañana. 

Desde la quiebra de las sociedades gestoras de estas vías, todos los gobiernos y como consecuencia los distintos titulares de la cartera de Fomento que se han sucedido desde entonces han diseñado distintos planes de rescate que acabaron por no prosperar. Problemas del mercado, errores en la redacción de los proyectos, retrasos de las licitaciones... para terminar en un aumento del periodo de gestión pública de este tipo de vías -por ahora- en seis meses más.

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