Los grandes fondos americanos que perdieron hasta 850 millones de euros en el Popular afinan la estrategia legal con la documentación divulgada por la Junta Europea de Resolución (JUR). Pimco, Algebris, Ronit Capital, Anchorage y Cairn Capital consideran que no hay base legal ni económica para pulverizar los casi 3.400 millones de euros que accionistas y bonistas tenían invertidos en la entidad.
Su bufete estadounidense Quinn Emanuel basa la conclusión en dos elementos: entiende que la valoración de Deloitte “podría no proporcionar una base legítima para aniquilar acciones y los bonos subordinados” y denuncia que tampoco hay indicación alguna en el propio Reglamento del Mecanismo Único de Resolución de tomar la valoración intermedia efectuada por la firma. Deloitte ofreció tres escenarios donde su tasación oscilaba entre un resultado negativo de 8.200 millones y otro positivo de 1.300 millones, con una hipótesis central o ‘conservadora’ de -2.000 millones que se impuso finalmente.
El organismo dirigido por Elke König, que decidió la resolución, y su brazo ejecutor el Frob han defendido que el precio final lo fijó la única oferta sobre la mesa: el euro del Santander. Con la documentación divulgada, los bonistas consideran, sin embargo, que la idea de dejar a cero acciones y deuda subordinada estaba decidida porque en la invitación cursada por el Frob a pujar por el banco se especifica su amortización por los saneamientos del balance antes de transferirlo, salvo que algún postor decidiese hacerse cargo de esa factura.
Estos fondos, que piensan hacer valer sus conclusiones ante el Panel de Apelaciones de la JUR para instar una entrega de los datos e informes aún secretos y ante los tribunales en la UE y España, van más allá cuestionando la asistencia de liquidez facilitada por el Banco Central Europeo (BCE), insuficiente para restablecer su oxígeno; y cómo se desencadenaron los acontecimientos sacando a la luz aparentes contradicciones en el relato o situaciones desconcertantes.
Los fondos reparan, por ejemplo, en que el informe de valoración efectuado por la JUR y fechado el día 5 de junio -el banco se entregará el día 6- ya menciona que el brazo supervisor del BCE había dictaminado que fallaría, cuando esta decisión se toma oficialmente el día 6. Se trata de un diagnóstico obligado para poner en marcha la resolución propiamente dicha.
También se apoyan en el relato para denunciar que la Comisión Europea dispuso apenas de 77 minutos para autorizar la aplicación de dicha resolución, si, como infieren de la información, no estuvo involucrada en el proceso de toma de decisiones. “Esto refuerza las sospechas de que la Comisión no tuvo suficiente tiempo para cumplir con sus deberes de supervisión legal”, argumentan.
Cuestionan el papel del BCE
Su queja principal es de indefensión porque continúa el misterio sobre cómo se gestionó los problemas de liquidez que sentenciaron al Popular, mientras el BCE ha estado insuflando fondos a los bancos griegos para sujetarlos durante años. Pero con los datos divulgados su denuncia se centra especialmente sobre la valoración: “estamos de acuerdo con Deloitte: su valoración es “altamente incierta y provisional”, de forma que concluyen que no proporcionó a la JUR una “valoración justa, prudente y realista” para obrar.
Del pormenorizado estudio de la firma intuyen que ni siquiera Deloitte consideraba su tasación como una base sólida para actuar en una resolución. Y abre una nueva espita a la polémica: infiere que por la narración las dos informaciones que acentuaron la salida de depósitos -con declaraciones de König a Bloomberg y atribuidas a un funcionario europeo a Reuters- solo pudieron salir de la JUR si el resto de instituciones no estaban al corriente.
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