El juez corrige y desimputa a Repsol, Caixa, Brufau y Fainé en el caso Villarejo

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha decidido desimputar este jueves a Repsol y Caixa como personas jurídicas en el caso Villarejo, así como a los dos máximos responsables de ambas entidades en el momento en que ocurrieron los hechos, Antonio Brufau e Isidro Fainé. Tanto los dos presidentes como los directivos de ambas entidades que habían pasado ante el juez defendieron en todo momento la transparencia de las contrataciones que se hicieron con las empresas del excomisario, sobre todo por el hecho de que nunca se le encargaron actuaciones que pudieran estar fuera de la ley.

El auto del juez corrobora que ambas entidades han sido capaces de demostrar que "tenían implantado, al tiempo de producirse los hechos objetos de la presente pieza separada, un sistema de prevención y cumplimiento eficaz, sin que las acusaciones hayan aportado elementos de cargo que permitan concluir la existencia de un defecto estructural en los modelos de prevención, vigilancia y supervisión vigentes en las compañías".

Al hilo de la legislación penal sobre las personas jurídicas, el juez admite que la mera existencia de esos modelo de prevención, antes incluso de que se implantara este tipo jurídico, es una causa de exoneración de las dos entidades y de sus dirigentes.  Otra cuestión es la imputación de los dos responsables de seguridad de ambas entidades, Rafael Araujo en el caso de Repsol y Miguel Ángel Fernández Rancaño en el de Caixa, que se mantiene por entender que fueron quienes realizaron las contrataciones bajo su responsabilidad, con conocimiento de quien era Villarejo y el papel que jugaba en Cenyt, y con competencia autónoma cada uno de ellos para autorizar las facturas. 

Aún así, desde la petrolera se ha advertido en todo momento que la operación se hizo con el consejero delegado de esa empresa, Rafael Redondo, y con el cumplimiento de todas las condiciones de control y verificación interna por parte de la compañía, en un momento en el que Cenyt era una empresa cuyas labores de consultoría en "inteligencia corporativa" utilizaban numerosas empresas del Ibex. Los dos responsables de seguridad han advertido, además, que no fueron "negligentes", como les acusa el juez, por no comprobar bien qué era Cenyt y quien estaba, dada la imposibilidad de acceder al escalafón policial para saber si Villarejo estaba en activo o no, y que Cenyt operaba como consultora adscrita a un despacho de abogados. 

Según explica el auto de García Castellón, para decidir las desimputaciones de las dos empresas y sus dirigentes han sido fundamentales las declaraciones de los representantes legales de ambas entidades de este lunes y martes. En el caso de Caixa, se presentaron ante el juez una batería de documentos que demostraban que la entidad tienen numerosos controles de todo tipo para evitar este tipo de contrataciones que puedan rozar la legalidad. Y por parte de Repsol, se adjuntó un informe de la consultora KPMG que analizaba todo el sistema de 'compliance' de la corporación, instaurado ya en 2011. "En concreto, para mitigar el riesgo de la comisión de un delito de cohecho Repsol contaría con 72 controles y para mitigar el riesgo de la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos 69 controles", señala. 

Brufau y Fainé no sabían quien era Villarejo

Analizados todos los hechos, los informes y los interrogatorios, el juez concluye que era imposible que tanto Isidro Fainé como Antonio Brufau pudieran tener conocimiento de los detalles o los datos concretos de la contratación que sus responsables de seguridad estaban haciendo con Cenyt, por más que entre ellos y con sus responsables de seguridad hablaran de pagar a medias las facturas. Una vez admitido que ambos, a título personal, no podían ser acusados de los hechos que se les imputaban, el juez concluye que la única forma de que se mantuvieran en la causa sería la inexistencia de modelos de cumplimiento y 'compliance' eficaces, cosa en la que las empresas estaban cubiertas con creces, tal y como han demostrado esta semana, por lo que se decreta su desimputación. 

"La contratación no recaía en el ámbito de control del Presidente de la compañía, sino en el de sus Directores de Seguridad -señala el auto-. Por tanto, sin indicios que apunten a que los Presidentes de las compañías interviniesen de manera directa en los hechos investigados, no es posible transferir a dichos Presidentes una obligación de supervisión y vigilancia corporativa, que está delegada en los órganos competentes para ello".

Es significativo como el auto del juez intenta justificar que la decisión de desimputar a los dos presidentes y las empresas se toma con la mayor rapidez posible y después de comprobar que tanto los indicios de la Fiscalía, como los de la acusación particular no tenían el fundamento jurídico suficiente como para estar por encima de la presunción de inocencia de ambos presidentes, por un lado, y del daño reputacional que se puede producir a las empresas, por otro.  

"La decisión, por tanto, redunda en que los procesos penales no deben sufrir dilaciones indebidas, sino también deben evitar los daños reputacionales de naturaleza empresarial que implicaría el mantenimiento de una artificial atribución delictiva carente de sustancialidad", explica el juez, para recalcar que "la decisión que se adopta, por tanto, no es prematura. No quedan diligencias necesarias o útiles que practicar respecto de la participación de ambos Presidentes en los hechos investigados".