Es el mayor fabricante de arroz del mundo pero, en España, es más conocido por sus marcas. Ebro Foods, dueño de Sos, Brillante, La Fallera o La Cigala tiene la peculiaridad de contar con el Estado como accionista de referencia a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que posee algo más del 10% del capital. Una presencia que se mantiene desde hace más de dos décadas y que vuelve a estar en el foco de cara a una posible desinversión, cuando la compañía vuelve a rozar mínimos en bolsa de los últimos tres años.
Los últimos movimientos a la baja en el parqué han sido aprovechados por parte de su núcleo duro accionarial para reforzarse. Es el caso de la familia March, a través de Corporación Financiera Alba, que acaba de adquirir un 0,3% hasta situarse por encima del 12% del accionariado, una cifra que podría seguir incrementándose ligeramente en el futuro inmediato. También puede plantearse seguir el mismo camino la familia del presidente de la sociedad, Antonio Hernández Callejas. Controlan más del 15,9% a través de Grupo Tradifin y Hercalianz Investing Group.
El tercer apellido en liza es Carceller. La familia catalana dueña del grupo cervecero Damm, posee más del 11,5% de Ebro a través de Corporación Económica Delta. Los Carceller, que han mantenido estable su posición en los últimos meses, sin embargo, nunca han ocultado su voluntad de hacerse con la participación de la SEPI en caso de que la sociedad estatal decidiese dar un paso atrás.
Los últimos movimientos coinciden con la compañía de alimentación rozando en el parqué su mínimo del año (su acción se sitúa a 18 euros al cierre de la sesión del lunes, cuando su suelo está en los 17,9 euros del pasado agosto). En concreto, en lo que va de 2018, ha perdido un 8% de su capitalización y se sitúa en niveles que la compañía no recordaba desde la recta final de 2015. Ebro 'vale' actualmente en el parqué madrileño unos 2.770 millones de euros.
El balance de la SEPI
La presencia de la sociedad estatal en la actual Ebro Foods se remonta a finales del siglo pasado, al proceso de fusión con Azucarera. Entonces, en 1997, para asegurar la españolidad del gigante del azúcar, la entonces ministra de Agricultura Loyola de Palacio, impulsó un acuerdo por el que la compañía pública Alimentos y Aceites SA (Alycesa) controlaría el 7,8% del accionariado. Un porcentaje que, con el paso de los años, fue creciendo hasta el 10,3% actual y que se mantiene, pese a que el negocio de Ebro ya no tienen nada que ver con el azúcar.
Ebro, que por entonces también era dueña de Puleva, pactó a finales de 2008 la venta de Azucarera al grupo Associated British Foods, a cambio de 526 millones de euros. Ebro dejó de estar vinculada a un negocio agrícola clave para el campo español, que pasó a manos del mismo gigante británico que posee la cadena textil 'low cost' Primark.
El grupo de alimentación actual poco tiene que ver con aquella compañía, donde la SEPI buscaba asegurar la españolidad. Por ejemplo, hoy tiene menos fábricas en España que el resto de Europa o en Estados Unidos y aquí sólo genera 168 de los más de 2.500 millones que facturó el pasado año. Además, si la sociedad estatal se planteara vender, al precio actual en bolsa recibiría algo más de 286 millones de euros.
En cuanto a cómo va el balance de Ebro en lo que va de año, a la espera de saber cómo cerró septiembre, el precio de las materias primas impactó en su resultado en la primera mitad del ejercicio. El beneficio neto se redujo entonces un 17%, hasta 76,3 millones, a pesar de que sus ingresos remontaron un 2,5% (1.277,3 millones).
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