Las eléctricas propietarias de las siete instalaciones nucleares en funcionamiento, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, van a presentar en los próximos días sus propuestas a la empresa pública de gestión de residuos Enresa para financiar el apagón nuclear pactado hasta el año 2035. Enresa tiene abierta una consulta pública hasta el 14 de septiembre sobre la revisión de tasas que plantea y que supondría un incremento de entre el 19% y el 20% sobre las tasas vigentes -6,69 euros por MWh producido-. España registra un gran desfase entre entre el dinero disponible para hacer frente al complejo trabajo de cierre y desmantelamiento y lo que exige el proceso.
El decreto sobre el que Enresa mantiene abierta la consulta tiene como fin, según detalla la propia empresa pública "actualizar la tarifa asociada a la explotación de las centrales nucleares, para adaptarla al escenario de vida previsto para dichas centrales según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 20121-2030 actualmente en tramitación, y a las actuales estimaciones de costes futuros, a fin de evitar eventuales déficits de financiación y en aplicación del principio de quien contamina paga".
Enresa no aporta detalles sobre su propuesta. Remite al Ministerio de Transición Ecológica para todas las consultas sobre el tema. El plan de Enresa está vinculado al nuevo Plan General de Residuos que ha elaborado -el vigente data del año 2006- y que está a la espera de enviar al Gobierno que se constituya en los próximos meses. Tanto el decreto de financiación como el nuevo Plan de Residuos tienen en cuenta el acuerdo alcanzado por las eléctricas entre sí y con el Gobierno para cerrar el parque nuclear entre 2027 y 2035 de forma escalonada.
Comienzo en 2027
El plan de cierre comenzará en 2027, con Almaraz I, y terminará en septiembre de 2035, con la clausura de Trilllo. Contempla subir la tasa que pagan las compañías, algo que las empresas, en principio, consideran razonable ya que las plantas se cerrarán con una vida media de 45,5 años y no de 40, lo que habría obligado a duplicar la tasa.
En estos momentos, existe un gran desfase entre el dinero disponible para hacer frente al complejo trabajo de desmantelamiento y lo que exige el proceso. España no está bien preparada: la financiación disponible no alcanza el 30% de la necesaria. El porcentaje es el más bajo de los nueve países europeos occidentales para los que se dispone de información y solo los antiguos países del Este presentan porcentajes inferiores.
La empresa pública encargada de gestionar los desmantelamientos, Enresa, ha recaudado de las eléctricas 5.326 millones, pero necesita más de 20.000 para una actuación que se extendería hasta 2085. La mala posición de España ante los planes para desmantelar su parque nuclear está detallada en documentos publicados por la Comisión Europea (2016) con datos de Euratom. Según esos informes, España sólo supera en capacidad de financiación para desmontar sus instalaciones nucleares a los países que una vez estuvieron tras el Telón de Acero: Hungría, Lituania, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa, Bulgaria y Croacia.
El coste del desmantelamiento de las centrales es un coste fijo. Es independiente de los años de vida que esté operando la central y hay que añadirle, además, el coste total de gestionar unos residuos que sí dependen de los años de vida que esté en funcionamiento la instalación. El dinero no llega. Según datos de Enresa referidos a 2017, la energía nuclear generó en concepto de tasas 393 millones de euros y por rendimiento de los fondos disponibles 128 millones de euros adicionales, lo que supone un ingreso anual de 521 millones de euros. Insuficiente para hacer frente a los cierres.
El cierre y desmantelamiento de centrales nucleares es un proceso muy complejo. No sólo en lo que se refiere a los trámites administrativos. La central de Garoña (Burgos), que está parada desde hace siete años, todavía no ha comenzado el proceso. La primera fase del demantelamiento, según una respuesta del Gobierno a una pregunta de EH Bildu, se iniciará a mediados de 2021. La segunda durará siete años y arrancará en 2024. Sólo la previsión de residuos de media y baja actividad alcanza los 14.000 metros cúbicos.
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