Lo han intentado y no han podido. Las empresas eléctricas presionaron para cargar en el recibo de la luz, como un peaje más, el coste de implantar una red de carga para el vehículo eléctrico. Pero no lo han logrado. Ni el Gobierno ni la Comisión Nacional de los Mercados y de la Comptencia (CNMC) estaban por la labor. La asociación que agrupa a las eléctricas, Unesa, admite que las compañías distribuidoras "podrían desarrollar parte de la infraestructura pública de recarga hasta que el mercado alcance la madurez suficiente".
En realidad, a las empresas no les queda otro remedio. Según la CNMC, no es posible cargar en el recibo el coste de extender las llamadas "electrolineras". Por dos razones: porque la instalación de puntos de recarga puede ser perfectamente una actividad en competencia y porque, según explican fuentes del organismo, "las normas comunitarias no permiten financiar esa red con cargo a costes regulados".
Mientras el negocio se aclara, los únicos números "oficiales" son los recogidos en los informes de la CNMC. Sus previsiones sobre el coche eléctrico para 2020 son modestas (página 145, Informe de Supervisión): en torno a 34.000 vehículos eléctricos en circulación aunque con una senda de crecimiento que en el mejor de los escenarios, allá por 2030, llevará a que un 20% del parque móvil esté compuesto por coches y furgonetas eléctricos.
Pero que la red no aterrice en la tarifa eléctrica no quiere decir que las empresas financien sin más la extensión de la red. Iberdrola, por ejemplo, ha anunciado que prevé instalar un total de 25.000 puntos de recarga de vehículo eléctrico en España hasta el año 2021. La mayoría de ellos, 16.000, se instalarán en hogares y los 9.000 restantes en empresas que quieran ofrecer este servicio a sus empleados o clientes.
La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán calcula que el coste medio de los 25.000 puntos rondará los 1.200 euros. Total, 30 millones de euros que, según la empresa, se cargarán a los clientes interesados. A cambio, la eléctrica ofrece el servicio Smart Mobility, que incluye la adquisición del punto de recarga, su instalación y garantía, la consulta y la posibilidad de operarlo en tiempo real y a distancia a través de una aplicación disponible en todos los dispositivos IOS y Android (App Smart Mobility Hogar), y el contrato de suministro que se adapta a cada cliente.
Iberdrola ha entrado en el negocio de la movilidad eléctrica con cierto retraso y quiere recuperar impulso frente a las iniciativas que anunciaron otros competidores como Endesa o la petrolera Repsol. En España, el avance en la implantación del vehículo eléctrico es todavía lento. Endesa lleva desde el año 2011 estudiando a través de pruebas piloto el sector. Y sólo muy recientemente se ha arriesgado a anunciar un plan por el que instalará en tres años 600 puntos de recarga eléctricos de acceso público repartidos por todo el país.
En definitiva, el mercado se ha puesto en marcha, pero las cifras son todavía modestas. Aunque el año pasado fue el mejor de la serie, en todo el año sólo se vendieron 3.920 coches eléctricos "puros" -sin tener en cuenta los híbridos-, aunque esa cifra casi duplica la registrada un año antes, según datos de los fabricantes.
Cada vez más interesados
Pese a todo, el interés de los usuarios por la movilidad eléctrica es claro y va en aumento. El Ministerio de Energía ha destinado, a través del IDAE, 20 millones para la compra de vehículos de combustibles alternativos -Plan Movalt- y otros 15 millones a la instalación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Las solicitudes agotaron los fondos en apenas unas horas.
Pero el coche eléctrico se enfrenta todavía a algunos inconvenientes. Para empezar, un cierto escepticismo en la Administración. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, lo expresó en un acto celebrado en octubre. "Está muy bien establecer prohibiciones al motor de combustión -dijo- pero todavía queda muchísimo para tener baterías que sean capaces de dar las prestaciones que nos tendrían que dar". Pese a todo, el ministerio ha preparado medidas para facilitar la extensión de los puntos de recarga.
Para impulsar el cambio al coche eléctrico, el Ministerio de Energía ha decidido flexibilizar por decreto los requisitos que se exigirán a las futuras electrolineras: cualquier sociedad mercantil, consumidora de energía eléctrica, podrá darse de alta como gestor de carga; podrá, además, subcontratar la gestión de los postes con una empresa especializada y no tendrá que dar información anual de la actividad a la Administración como hasta ahora. El objetivo: extender la red de recarga de los vehículos eléctricos más allá de los domicilios para facilitar e incentivar su uso. Lo del precio está por ver.
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