Los empresarios y los sindicatos se suman a la lucha de las distribuidoras de gas natural para que se les reconozca los sobrecostes de operar en territorios insulares a través de una mayor retribución regulada. La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y UGT-Fica Illes Balears han presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución de 20 de julio de 2023, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre la retribución aplicable a la actividad de distribución de gas natural debido a las especificidades de los territorios insulares.
Ambos siguen los pasos de Redexis. La compañía hizo lo propio a finales de octubre tras agotar la vía administrativa, tal y como adelantó La Información, al denunciar unos sobrecostes en el archipiélago balear que pueden alcanzar hasta un 85% en comparación con la actividad peninsular.
Desde CAEB advierten de que toda empresa industrial presenta sobrecostes en Balares por los mayores mayores precios de los inmuebles, el personal, los equipos, los suministros, los traslados, etc. Además, no entienden que las distribuidoras de gas natural no reciban una mayor compensación cuando en el transporte y distribución de electricidad los valores unitarios son superiores a los de la península en más de un 30%.
"CAEB tiene un interés legítimo en comparecer en el procedimiento"
"Nos hemos hecho eco en numerosas ocasiones de la falta de medidas compensatorias para la insularidad, lo que resta competitividad a la economía de las islas, por lo que CAEB tiene un interés legítimo en comparecer en el procedimiento", señalan a La Información fuentes de la patronal.
En su opinión, debe tenerse en cuenta que las empresas que desarrollan su actividad en Baleares "soportan, respecto a una actividad análoga en la península, unos sobrecostes que afectan a todos los ámbitos de su actividad y que van asociados, entre otros, al mayor coste del transporte, los inmuebles, la mano de obra, los productos de primera necesidad, etc".
Atendiendo al caso del gas natural, la confederación asegura que las empresas sufren sobrecostes en la mano de obra especializada y en el abastecimiento de tuberías y accesorios. De su lado, desde UGT-Fica Illes Balears indican que existe un "desequilibrio histórico asociado al hecho insular", lo que puede provocar "efectos muy negativos en el empleo". El sindicato ya solicitó a la CNMC que incrementara los parámetros retributivos al considerar que tiene un interés “directo y legítimo” en corregir los desequilibrios territoriales que tengan consecuencias en la economía y el empleo.
Redexis, única empresa que distribuye en península e islas
No obstante, el primero en acudir a la Audiencia Nacional fue Redexis, única empresa en España que distribuye gas natural tanto en territorio peninsular como en insular. Está presente en Baleares, Aragón, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia, Extremadura. Murcia, Madrid, y Cataluña.
La sociedad, que ha invertido más de 270 millones de euros en los últimos diez años en Baleares, remitió un informe a Competencia -elaborado por Deloitte- en el que afirma que los sobrecostes en las islas pueden alcanzar entre un 40% y un 85% en comparación con la actividad en la península. Aapunta a unos inductores como el uso de transporte marítimo para los materiales y repuestos, la menor disponibilidad de personal cualificado específico, así como a un coste de vida "muy superior" debido a los desplazamientos, vivienda y manutención.
Redexis pide que se incremente en un 40% "como mínimo" el modelo retributivo establecido por la CNMC en su Circular 4/2020. Para determinar la retribución base para el periodo 2021-2026, el regulador introdujo la necesidad de realizar un ajuste a la retribución que habían percibido las empresas distribuidoras de gas natural en el año 2020, motivado por la existencia de activos que habían completado su vida útil regulatoria.
Un 'tubo' submarino 269 kilómetros
La retribución de la actividad de distribución de gas natural son los ingresos regulados que se reconocen a las empresas por realizar esta actividad de red (actividad considerada monopolio natural) con acceso de terceros regulado. Se trata, por tanto, de la contraprestación, con una rentabilidad razonable, que se paga a las empresas distribuidoras por el empleo de sus recursos humanos, materiales y financieros para satisfacer dicha necesidad de mercado. A diferencia del suministro eléctrico, el del gas natural carece de un criterio de esencialidad y universalidad (únicamente es reconocido como un bien de interés general).
En las Islas Baleares hay 17 municipios que cuentan con redes de distribución y son suministrados desde 2009 con el gas natural proveniente de la península mediante un gasoducto submarino de 269 km y 20 pulgadas de diámetro (casi 430 millones de euros de inversión). Por su parte, en el único municipio de las Islas Canarias con red de distribución se suministra mediante aire propanado.
