Nadie duda en el sector energético de que las redes de distribución eléctrica son el eje vertebrador hacia el objetivo de alcanzar una economía descarbonizada. Empresas, patronales y demás agentes han intensificado sus mensajes en los últimos días y urgen a disponer de una planificación flexible que se revise de una manera ágil para que se pueda dar respuesta a las nuevas necesidades de conexión de la generación renovable y del consumo en un tiempo razonable.
La última en pronunciarse ha sido PwC. En su informe ‘Las redes eléctricas como piedra angular de la transición energética y la industrialización’, presentado por Óscar Barrero, socio responsable de consultoría en el área de energía y 'utilities' en PwC España, subraya la necesidad de que se establezca un marco retributivo “más simple, estable y predecible alineado con las mejores prácticas y adaptado a los nuevos retos y roles que ofrece la transición energética que suponga un impacto positivo en la economía española y en el resto de los sectores”.
En este sentido, reclama que se reconozcan ‘ex-ante’, por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), todos los costes e inversiones reguladas que las empresas distribuidoras están declarando en sus auditorías. Según los datos de la firma, los valores unitarios (inversión, operaciones y mantenimiento, otras tareas reguladas, etc) han perdido un 28% de valor en términos reales a causa de la inflación, lo que ha supuesto que las redes hayan dejado de percibir alrededor de 1.658 millones de euros de retribución. Los valores unitarios de inversión y O&M fueron fijados en 2015 (Orden IET/2660/2015) y no se prevé que sean actualizados hasta al menos 2026.
La tasa financiera en España es menor a la de Francia
“El marco retributivo actual ha perdido el carácter ‘ex-ante’ para el cual fue definido y debe dotar de seguridad jurídica al inversor", indican desde PwC, subrayando que la tasa de retribución financiera no está alineada al nuevo contexto financiero ni operativo. La actual retribución de las redes eléctricas, que engloba el periodo 2020-2025, fija una tasa financiera del 5,58%, establecida por la Circular 2/2019 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esto supone una reducción del 4,1% para la distribución y del 5% para el transporte en comparación con el periodo anterior.4
España no actualiza la tasa financiera con la inflación y esta es menor a la de países vecinos como Francia, que está en el 7%. "Es necesario poner remedio a esta situación, que deja al país en desventaja, una vez que arranque el nuevo ciclo regulatorio en 2026", indican otras fuentes del sector consultadas por La Información. Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que por cada euro invertido en renovables hay que invertir un euro en redes, mientras el PNIEC fija la ratio en 0,45 euros.
Ahora, bajo un contexto macroeconómico inflacionista y con continuadas subidas de los tipos de interés, el sector reclama a Competencia que adecúe la retribución a la actual coyuntura y que la nueva planificación, en la que ya se está trabajando y entrará en vigor en 2026, no sea a la baja. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) estima unas inversiones en este apartado de unos 53.000 millones de euros, en torno al 18% del monto total que se movilizará hasta 2030, una cifra que desde la patronal de las grandes eléctricas, Aelec, consideran insuficiente.
PwC advierte de que los inversores pueden considerar que la tasa de retribución financiera es demasiado baja para el nivel de riesgo que presenta la actividad y que estos pueden reducirán el nivel de inversiones previstas. El empeoramiento de los márgenes de la actividad y, por tanto de los resultados financieros de las Sociedades, conlleva una fuga de capital del sector hacia otras actividades o países”, afirma.
Cuello de botella para la descarbonización
En opinión de la compañía, las redes son hoy un cuello de botella para la descarbonización y se corre el peligro de que estanquen la transición hacia energías limpias y el cumplimiento de los objetivos climáticos a 2050. En España, la construcción de los proyectos solares y eólicos con autorización de red, hoy casi triplicaría la capacidad instalada actual, trasladando la presión al desarrollo de redes para su viabilización”, apunta.
Para integrar 11 gigavatios (GW) de energía renovables al año sería necesario invertir 5.600 millones de euros anuales en redes, según el informe, por lo que pide que se elimine el límite actual de inversión. El Real Decreto 1048/2013 limita el volumen anual de inversión de todas las distribuidoras eléctricas indicando que no puede superar el 0,13% del PIB (Producto Interior Bruto) de cada año previsto por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Plan de acción de la Comisión Europea: 584.000 millones
"Las inversiones planificadas hasta 2030 superarían los límites actualmente establecidos por la regulación", añade. La inversión media entre 2015-2018 fue de 1.482 millones de euros, mientras que el límite para el periodo 2023-2030 se sitúa alrededor de los 2.750 millones de euros. En opinión de PwC, el actual sistema de retribución de la distribución ha desembocado en una situación de "controversia, incertidumbre regulatoria y desconfianza", y que se sitúa "muy lejos de los parámetro económicos y regulatorios que deberían haberse establecido ya, teniendo en cuenta la urgencia de la situación".
La Comisión Europea presentó ayer un "plan de acción" para incentivar la inversión en redes eléctricas en la Unión Europea. El Ejecutivo comunitario calcula que se precisarán 584.000 millones de euros en lo que resta de década para acompañar la electrificación de la economía. El plan apenas reconoce 4.000 millones de euros de financiación procedentes de fondos presupuestados hasta 2027 y aún sin utilizar, otros 13.000 millones hábiles de fondos de recuperación y parte de los fondos regionales que también podrían emplearse para redes. Fuentes comunitarias reconocen a EFe que el Ejecutivo desearía tener más dotación presupuestaria, pero que es imposible dentro del actual marco financiero plurianual de la UE, que abarca el período de 2021 a 2027.
