Miércoles, 22.11.2017 - 12:28 h
Iberdrola, punta de lanza de otro enfrentamiento

Endesa congela la inversión en carbón nacional en plena guerra Nadal-Iberdrola

La eléctrica controlada por la italiana Enel sí prevé invertir hasta 400 millones en centrales que utilizan mineral de importación 

Central de carbón de Compostilla (León).
Central de carbón de Compostilla (León). EP

Ni un euro para centrales que obliguen a perder dinero. La eléctrica Endesa, propiedad de la italiana Enel (70%), ha decidido congelar todas las inversiones en las centrales de Compostilla (León) y de Andorra (Teruel). Las dos utilizan carbón nacional, muy contaminante, para producir electricidad. El horizonte de ambas instalaciones es el cierre, en contra de las directrices del Ministerio de Energía. En cambio, Endesa está dispuesta a invertir hasta 400 millones de euros en la mejora de las centrales de As Pontes (A Coruña), Litoral (Almería), donde sí salen los números, según fuentes de la compañía. As Pontes y Litoral emplean carbón importado, menos contaminante y con mayor poder calorífico.

Endesa hace y adelanta números cuando se recrudece la guerra del carbón en dos frentes distintos: el que mantiene el ministro de Energía, Álvaro Nadal - opuesto al cierre de centrales por motivos económicos- y el que ha abierto el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Iberdrola, acostumbrada a la guerra relámpago, solicitó la pasada semana al Ministerio de Energía el cierre de sus dos centrales de carbón en España -Lada (Asturias) y Velilla (Palencia)-. Son  874 MW de potencia que apenas suponen un 0,5% de su producción. Con el anuncio se adelantaba al plan del ministro Nadal de impedir por decreto el cierre de centrales. El movimiento de Sánchez Galán tenía otro destinatario, Endesa. El anuncio opone una Iberdrola volcada con las energías limpias a una Endesa anclada a 5.064 MW de potencia basada en la producción con carbón.

Una victoria y una indirecta

Hasta los ecologistas -Greenpeace-, han acogido con alborozo la petición de cierre de centrales de Sánchez Galán. Pero con matices. En el mismo comunicado en el que califican de "victoria" el anuncio de cierre de centrales, deslizan algo más que una indirecta. Greenpeace sugiere a Iberdrola que anuncie también el cierre de nucleares y que no sustituya la producción con gas natural, el talón de aquiles de la compañia.

En la rival Endesa también se vincula el anuncio de cierre de centrales de carbón, con poco peso en la estructura de generación de Iberdrola, con la intención de rentabilizar al máximo las centrales de ciclo combinado. Son instalaciones que funcionan desde hace años en niveles mínimos. Porque si Endesa tiene su base de generación en el carbón, Iberdrola , con casi 14.000 MW de potencia instalada en ciclos, tiene su punto flaco en los ciclos de gas.

La polémica en torno a los planes de Nadal para impedir el cierre de centrales va para largo. El Ministerio de Energía ha enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) el borrador del decreto que impide el cierre de centrales. Fuentes del organismo apuntan a que el informe no estará listo hasta la última semana de diciembre o la primera del nuevo año.

Un año clave

Para la guerra del carbón, 2018 será clave.  Con el decreto ya aprobado, a la empresa que pida cierre de instalaciones se le exigirán informes económicos, técnicos o ambientales que justifiquen la medida. Si el Ministerio de Energía se opone al cierre, la empresa deberá mantenerla o o vender la central en una subasta. Si no es posible la venta, se podrá aprobar un mecanismo de compensación económica.

Todo, con la legislación europea apuntando al corazón de la generación con carbón. La Comisión Europea publicó en agosto la nueva normativa que endurece límites de emisiones de gases contaminantes para las centrales térmicas (550 gramos Co2 por Kwh). La mayor parte de las centrales en Europa -ninguna en el caso de España- cumple con las exigencias.

Los límites son vinculantes y las instalaciones dispondrán de hasta cuatro años para reducir sus emisiones de óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, partículas y, por primera vez, también de mercurio, a los niveles aceptados por la nueva normativa.

Sólo en España, cumplir con los nuevos estándares requeriría de una fuerte inversión en mejoras tecnológicas. Según cálculos de la European Climate Foundation, más de 1.119 millones de euros. Las empresas, parece, no están dispuestas.










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